No entendemos bien las causas del colapso político, social y económico en que estamos

El país entró, desde hace varias décadas, por una ruta que, de mantenerse, nos llevará al precipicio profundo donde cayeron España y Grecia y, en considerable medida, Brasil, Argentina y Chile. El problema, en esencia, es que el Estado gasta mucho más de lo que sus ingresos le permiten. En tales circunstancias el déficit se vuelve un problema agudo, cuyos efectos ya han sido claros cuando el Gobierno Central tiene dificultad para pagar las remuneraciones y las pensiones, situación que enfrentó en diciembre. Sin embargo, ya antes se había declarado incapaz de pagar su aporte a la seguridad social, simplemente porque carecía de los recursos. Pero hay un problema más serio: los recursos públicos existen, incluso en exceso. Cifras que se pueden verificar en los archivos de Hacienda y de la CGR revelan que el costo de nuestro Estado fue en el 2015 superior a ¢22 billones y siguieron creciendo en años subsiguientes. Esa cifra equivale al 77% del PIB, mucho más de lo que invierten, como gasto público, los estados escandinavos (52%) y la media de Brasil, Argentina y Uruguay (38%).

Pensar que el déficit fiscal es nuestro principal problema (poco más de 6% del PIB) esconde la verdadera causa de nuestra realidad, que es una institucionalidad costosa en exceso, que aporta poco al desarrollo y en muchos sentidos lo obstaculiza. Los costos de la ineficiencia exceden en mucho los del déficit fiscal y es parte principal de su causa. Todavía no hemos logrado entender que la causa del fracaso y el estancamiento en que estamos. Un Estado paquidermo, del cual depende nuestro desarrollo, dada su participación decisiva en educación, salud, energía, combustibles, infraestructura, seguridad, etc., pero dominado por procesos interminables que no generan resultados, o que lo hacen en condiciones inadecuadas de calidad, oportunidad y costo. Tampoco hemos entendido que ese paquidermo es inviable en su estructura orgánica actual, con más de 330 entidades públicas y más de 300 mil funcionarios que no sabemos lo que hacen, porque carecemos de un buen sistema de gestión pública y rendición de cuentas.

La evidencia es clara y no vamos a repetir lo que hemos dicho en editoriales anteriores: que estudio tras estudio revela el crecimiento de los costos, mientras se reducen los aportes al desarrollo y al bienestar social. Incluso sectores con los cuales hemos estado emocionalmente involucrados, como la energía, la salud y la educación y la seguridad jurídica, pilares de otrora grandes éxitos, ahora sabemos, en parte por estudios específicos y en parte por nuestra intención de asociarnos a la OCDE, que superamos en costos a países más ricos, pero los resultados son pobres comparados con ellos. Lo cual llama a la reflexión sobre la fuerte inclinación de economistas y políticos por más impuestos, en especial los más regresivos de ventas. Para emplear una expresión popular, es agua en ese canasto lleno de fugas, sin reformas estructurales, en vez de reducir la situación fiscal, la aumentará.

Detrás de los costos del paquidermo estatal se encuentra el garantismo que nuestros políticos y algunos sectores académicos han promovido. El Estado se convirtió, con el nacimiento de la Segunda República, en una de las principales fuentes de empleo, en congruencia con el nuevo pensamiento dominante, socialcristiano y socialdemócrata, de protección al trabajador. Aún cuando la Constitución “reconoce el derecho… de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos”, el garantismo ha creado una inamovilidad de hecho, que ha redundado en total impunidad laboral. O peor, el sindicalismo ha evolucionado a una institución con poder de veto, incluso a las decisiones soberanas que deberían ser (y no lo son) corazón de nuestra democracia. Para el votante desilusionado, la democracia ha perdido su capacidad para resolver problemas y promover el bienestar social, de donde se deriva su rechazo a los políticos y a la política. Para que votar, en un proceso parcialmente democrático (diputados electos por las cúpulas partidarias y no por el pueblo), si los presidentes están limitados en sus facultades para aplicar el compromiso político soberano adquirido con el pueblo que lo elige. Los sindicatos públicos conforman el principal obstáculo, particularmente fuertes en sectores de alta sensibilidad, como energía, educación, salud (y sus instituciones ICE, MEP y CCSS). Este es el corazón del sentimiento nacional de desconfianza y rechazo del “sistema”.

El poder de veto que ejerce el sindicalismo público es contundente. Lo vimos con la renuncia forzosa de la Dra. Sáenz, Presidente Ejecutiva de la Caja y se repite hoy cuando la Junta Directiva, en buena decisión, intenta crear la figura de Gerente General. El sector médico ya ha iniciado su veto, desconociendo que el éxito de la CCSS, una de las más grandes empresas de todo Centro América, requiere de altísimas competencias y experiencia gerencial, que tiene poco o nada que ver con la práctica de la medicina (por supuesto, no excluye al médico con la formación y experiencia gerencial requerida). Una vez más, los sindicatos intentan imponer su capacidad de veto para preservar prerrogativas que tienen postrdo al Estado.

Interesante, los políticos se han puesto al servicio de un grupo minoritario que no representa al trabajador costarricense. Según el INEC el sindicalismo público, el único que tiene presencia en el entorno nacional, solo representa poco menos del 9% de la fuerza laboral. En claro constraste, el repudio ciudadano al poder sindical público y sus privilegios abusivos es fuerte y masivo, según los revelan las encuestas cuando incluyen las preferencias institucionales de la población. El pueblo entiende que esos privilegios debilitan la capacidad del Estado de cumplir con su función social, especialmente por el irrespeto sindical con los más frágiles de nuestra sociedad, que tienen mayor dependencia de servicios esenciales como energía, educación y salud. En estos sectores la OCDE ha resaltado el severo impacto en crecimiento económico y empleo, del cual depende el bienestar de la mayoría de los costarricenses.

En suma, la situación del país pende de la sabiduría y el carácter de los políticos, tanto como en la responsabilidad y sensibilidad que hoy no muestran los sindicatos, pegados como garrapatas a sus conquistas abusivas, en perjuicio del resto de la población. Es posible que la mayoría, o al menos un sector sustancial del sector laboral público, pueda renovar la lucha por sus derechos legítimos, pero respetando el de todos costarricenses que dependemos en mucho del aporte del Estado para nuestro bienestar colectivo. Es posible también que los políticos lleguen en algún momento a comprender el enorme costo político de privilegiar el interés corporativo de los sindicatos sobre el interés nacional. Es lo que está destruyendo la confianza en la democracia, sus instituciones y la política, como lo evidencian los indicadores que compartimos con nuestros lectores en ocasión anterior.

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