Somos un país en negación de su oscura realidad

Posiblemente todos sabemos que somos hoy un país inviable. Nos gusta vanagloriarnos de nuestras diferencias, reales, que nos distinguen del contexto subregional y regional. El pura vida, la suiza centroamericana, las longevidades, nos impiden ver los riesgos y los costos sociales que nos empujan cada vez más cerca de un profundo precipicio.

El facilismo se ha impuesto en todos los sectores de nuestro desarrollo y domina la realidad cotidiana. Hemos decidido, culturalmente, que es mejor pensar en los beneficios que en sus costos, aunque con excesiva frecuencia, estos resultan ser mayores que algunos beneficios individuales o de grupos reducidos. Como sociedad hemos escogido el interés particular sobre el interés nacional, el de toda la población. Las estructuras de poder se han alineado en forma desequilibrante en favor de un corporativismo determinante de la distribución de los beneficios sociales y de los recursos públicos.

Los ejemplos abundan. Creamos una banca pública con dos sanos objetivos principales: promover el crecimiento y los empleos y democratizar el acceso al crédito. El cementazo y Yamber revelan que hoy está en beneficio del gran interés económico y en beneficio de unos pocos. Además, el grosero patrimonialismo que caracteriza a toda forma de administración pública en beneficio de su burocracia, ha producido altos costos de intermediación que anulan los objetivos de origen. La negación también domina la ideología que impulsó la nacionalización bancaria. No reconoce la pérdida de esos objetivos y tampoco que, si no se recuperan, la banca privada, con superiores niveles de eficiencia, sería mejor opción para alcanzarlos.

El sindicalismo, esencialmente público y con una representación que no lleva al 9% de la fuerza laboral, conforma otra forma de interés corporativo, con beneficios contrarios al interés nacional. Creamos esta estructura de poder emulando las condiciones de mercado, cuya finalidad es compartir el lucro que los trabajadores contribuyen a integrar. Olvidaron nuestros gobernantes que el Estado no produce lucro y que los beneficios laborales abusivos se hacen a costa de debilitar los recursos que el Estado necesita para llevar bienestar y desarrollo en beneficio de toda la población. Hoy nuestro Estado es uno de los más caros del mundo, cuyo funcionamiento nos costó en el 2015 la friolera de ¢22 billones, equivalentes al 77% del PIB. No nos cansamos de insistir que la cifra comparativa para Noruega, Suecia y Finlandia es 52% y que, más cerca de nosotros, la media de Brasil, Argentina y Uruguay apenas llega al 38%. No obstante, nuestro exceso de recursos ha sido insuficiente para que el Gobierno haga sus aportes a la seguridad social y pagar sin atrasos los sueldos y pensiones el pasado mes de diciembre. La ineficiencia nos está venciendo.

Peor, en el sindicalismo hay un fuerte componente de inequidad, en la medida que sus huelgas se revierten sobre las espaldas de los sectores más frágiles, que tienen una dependencia mayor de servicios públicos como salud y educación, donde los sindicatos son más fuertes y más agresivos. La insensibilidad laboral llegó al extremo cuando, a mediados del 2016, la huelga en el Poder Judicial privó a muchas familias de enterrar a sus muertos por la imposibilidad de recuperar los cadáveres de la Morgue Judicial.

Por supuesto, la cifras mencionadas se refieren al Estado, porque nuestro desarrollo depende de la totalidad de los recursos públicos y no solo del tercio que aporta el Gobierno Central. Los indicadores ofrecen mucha claridad en apoyo de nuestras afirmaciones. El Poder Judicial nos cuesta cada vez más, aunque produce cada vez menos y los indicadores de seguridad se deterioran, como ha sido documentado en estudio reciente; el 8% de la educación, nos dice OCDE, supera la media de sus países asociados pero produce resultados inferiores; Japdeva ya casi no aporta al desarrollo de la cuenca Caribe porque sus costos administrativos lo impiden; Recope mantiene una jugosa planilla en refinación, que abandonó hace más de un quinquenio; las empresas y sus empleos se van a mercados más competitivos por los altos costos de la electricidad que produce el ICE; la CCSS mantiene un rezago importante especialmente en oportunidad de la atención; cargamos con el costo de instituciones que han perdido su razón de ser, como el CNP y la Fábrica Nacional de Licores; y, Bancrédito es una institución difunta, que se mantiene con respiración artificial que le proporcionan los recursos públicos.

El garantismo nos está haciendo pagar un gran costo social. La justicia está dominada por los derechos, pero ignora una contraparte necesaria: los disuasivos. La sociedad entiende que los delincuentes tienen una fuerte protección que no se les da a las víctimas. Más de 300 mil funcionarios públicos integran la burocracia estatal, que cada vez pone un esfuerzo productivo inferior a un costo superior. Los pluses hoy superan en todas las entidades del Estado las remuneraciones. Los complejos procesos laborales producen el efecto de total inamovilidad, que implica total impunidad. La jornada real se reduce en forma sistemática y la flexibilidad permite que el trabajador llegue cuando quiere y desaparezca de su trabajo sin restricción alguna. Hoy sabemos, por ejemplo, que los ebais de la CCSS cuestan el doble que los cooperativizados o privatizados. Esa diferencia en eficiencia implica que, con los estándares de esos últimos ebais, los de la Caja podrían doblar su producción, en beneficio de una cobertura superior y de menor presión para el más costoso sistema hospitalario.

Negación es lo que domina la visión política y a toda la administración pública, que no logra utilizar sus vastísimos recursos para resolver los grandes problemas de pobreza y desigualdad; y, que nos dé una luz de esperanza en nuestro futuro como país, frente a un sentimiento nacional de enojo, frustración y pérdida de confianza en nuestra institucionalidad. Justo es pensar en derechos, pero solo en la medida que el interés nacional prevalezca sobre el interés particular. No lo lograremos hasta que entendamos que los derechos individuales o corporativos no pueden ir en detrimento del interés de la sociedad como un todo. Y no podemos ignorar otro desequilibrio: la visión del déficit fiscal como el principal problema nacional. Su tamaño, un 6% del PIB cuando concluya la Administración Solís Rivera, es cosa pequeña en relación con el costo de la ineficiencia, que lo excede 4 o más veces.

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