Los políticos no parecen entender las causas de nuestro Estado fallido

Algunos analistas y expertos han denunciado lo obvio: nuestro Estado, conformado por más de 330 entidades públicas, unas 80 de ellas en algún régimen de autonomía, y más de 300 mil funcionarios públicos es simplemente inviable e inmanejable. Bancrédito es un producto de esta inviabilidad, pero lo son también la CCSS con sus largas listas de espera, Japdeva que ya no aporta al desarrollo del Caribe, Recope con su jugosa planilla de refinación que no hace, el CNP que no tiene objetivos legítimos para su existencia, el ICE con sus costos que expulsa empresas y empleos hacia países más competitivos, el Infocoop con sus focos de corrupción, el Ifam que podría desaparecer sin que nadie lo eche de menos y, la banca pública en general cuyos altos costos de intermediación y un agresivo patrimonialismo han anulado sus dos objetivos principales: la democratización del crédito y el estímulo al crecimiento.

Una causa común de estos y otros problemas se encuentra en la incapacidad de los gobiernos de turno de entender que su responsabilidad excede la administración del gobierno central, el cual solo conforma un tercio de los cuantiosos recursos del Estado, que en el 2015 nos costó mas de ¢22 billones, equivalentes al 77% del PIB nacional. De acuerdo con el carácter de Estado Unitario, la responsabilidad de conducción del Poder Ejecutivo se extiende a la totalidad del Estado y de acuerdo con el principio de RECTORÍA, las Políticas de Estado son competencia del presidente y sus ministros.

Nuestros gobiernos no parecen entender la magnitud e importancia de ambos conceptos y las demandas que imponen sobre sus ministros. En ausencia de directrices claras, los vastos recursos del Estado van a la deriva. Por supuesto, desde hace mucho tiempo deberíamos de haber estudiado con seriedad la dispersión orgánica pública, en la que muchas entidades se superponen sobre otras, carecen de los recursos tecnológicos para su administración o, simplemente han olvidado los fines de su creación. Pero aún dentro de la compleja macro-organización pública, la principal falla es un claro sentido de dirección y de mecanismos de control para que sus procesos aporten al desarrollo nacional.

La clave son las Políticas de Estado, de las cuales carecemos o son inadecuadas para cumplir su propósito de dar coherencia al Estado como un todo. Además, subyacen otros problemas asociados, como la capacidad de los políticos para asumir tal responsabilidad o, en su defecto, de contar con pequeños equipos especializados para asumir esa función de apoyo a la decisión política; o que nuestros presidentes no entienden que sus ministros son en esencia grandes gerentes de los cuales depende nuestro desarrollo. Sus conocimientos en campos de especialidad como la ingeniería, la agronomía, la educación y la salud son insuficientes sin competencias gerenciales. Por supuesto, buena parte de los vacíos existentes podrían subsanarse si los ministros tuvieran pequeños equipos técnicos asesores, apolíticos, materia de diseño y aplicación de la política pública.

Pero el punto que queremos enfatizar es que, sin buenas Políticas de Estado, no tenemos garantía de que ese equivalente al 77% del PIB aporte a nuestro desarrollo. Tómese un ejemplo de gran importancia nacional. La banca nacional, ahora en la palestra por el cementazo y los problemas de Bancrédito, ha producido una situación de turbulencia política, social y económica del país. El Informe Estado de la Nación del año pasado había planteado el problema: los altos costos de intermediación de la banca, asociado a los costosos privilegios laborales, han anulado los objetivos de la banca pública. Doblan la media de los países OCDE, de varios países de referencia y de la propia banca privada que, en oligopolio, emula a la pública y con ello enriquecen más a los ricos (desigualdad). Además, ¿Debería la banca pública financiar a las grandes empresas o empresarios? ¿Es eso parte esencial de su función social, que además implica graves riesgos seguridad financiera?

La Política de Estado debería precisar (confirmar) los fines de la banca privada, pero además contener los parámetros, a partir de los cuales se ofrezca la garantía de cumplimiento de sus finalidades sociales y económicas. Por supuesto, se requieren también mecanismos de control para introducir correctivos de posibles desviaciones. Lo mismo aplica para todos los sectores del desarrollo, para todas las instituciones autónomas y para el régimen municipal. Y, reiteramos, esto es compatible con nuestro carácter de Estado Unitario y con las facultades que se derivan del principio de Rectoría, a la vez que guarda coherencia con la disposición constitucional (art 188) según la cual, las instituciones autónomas del Estado “gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno.

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