Gobierno tiene dinero, en exceso, pero lo usa mal

Que el gobierno no le alcanzó para pagar los salarios de los funcionarios públicos es un hecho que los costarricenses lo sabemos bien. También que, a pesar de ello, los medios han sido inundados con propaganda costosa, destinada a cambiar la mala imagen de la Administración Solís Rivera. Cuantiosas sumas se vienen gastando, sin que ese objetivo cambie la opinión negativa de la población. Igual, muchas instituciones han perdido su norte y podrían desaparecer sin que su ausencia se note, en especial, en la perspectiva de la población que sufre las carencias en la forma de pobreza y desigualdad.

El Gobierno y el Ministerio de Hacienda juega con cifras. Si usted busca en Internet por “El Presupuesto Nacional”, Hacienda la muestra el presupuesto del Gobierno Central, que es cerca de un tercio del presupuesto público nacional. Incluso en el rubro de ingresos nos dice que la carga tributaria es del 13%, cifra utilizada para justificar más impuestos, pero es falsa. La cifra correcta la usan organizaciones como CEPAL, BM y BID, supera al 22%, una de las 3 más altas de la región de América Latina y el Caribe (ALC).

Los hechos. El Gobierno del presidente Solís nos recetó, en su primer año, un enorme presupuesto público que alcanzó poco más de ¢22 billones y que equivalen al 77% del PIB. El crecimiento en ese año fue 4 veces la inflación del momento e, igual, fue generoso con el sector educación, al cual pertenece laboralmente el presidente Solís y con los aumentos salariales de los trabajadores. Los compromisos con los sindicatos siguieron incluso en otras áreas, como fue luego evidente con el veto ejercido sobre la presidencia ejecutiva de la CCSS, que culminó con su separación. El presupuesto pasó ilegalmente, sin la aprobación mayoritaria del congreso y fue motivo de sanción por parte de la Sala IV, aunque las reglas éticas del PAC no produjeron ningún correctivo disciplinario por ese acto de ilegalidad.

El problema del Estado no es la insuficiencia de recursos, sino el despilfarro y la ineficiencia extrema. El Estado es ingobernable por una variedad de causas. Para empezar, está conformado por más de 330 entidades públicas, unas 182 de ellas en algún régimen de descentralización, lo que difículta la incorporación de sus recursos al esfuerzo nacional de desarrollo. Las planillas correspondientes producen un ejército de más de 300 mil funcionarios, que se resisten a la evaluación del desempeño y, en parte por ello, no sabemos cuál es su productividad o improductividad. Los sindicatos han dicho que la adopción de un sistema de evaluación del desempeño será motivo de huelga nacional. No quieren que sepamos lo que hacen o lo que no hacen. Sí hay algunas pruebas objetivas de que no hacen mucho. Es sabido, por ejemplo, que los ebais sindicalizados que administra la CCSS cuestan el doble que los cooperativizados, sin sindicalización.

De las más de 330 entidades públicas, muchas de ellas han perdido sus objetivos y sus ineficiencias son escandalosas. A título de ejemplo: 1) Recope tiene una jugosa planilla para refinación, privilegios incluidos, pero no refina desde hace más de un quinquenio; 2) Japdeva ya no aporta al desarrollo de la región Caribe porque sus gastos administrativos no lo permiten; 3) Bancrédito debió haber cerrado su operaciones hace más de una década, pero hoy la quieren mantener con respiración artificial, es decir, inyectándole recursos públicos; 4) la banca pública perdió sus objetivos, democratizar el crédito e impulsar el crecimiento y el empleo, porque sus costos de intermediación doblan los de la competencia y la media de los países OCDE por simple ineficiencia; y, 5) ¿Para qué nos sirven instituciones como Ifam y CNP? No hay razones válidas de mantenerlas vigentes, cuando no hay beneficios obvios o razones de fondo que lo justifiquen.

El cuento chino del déficit fiscal. Los economistas están preocupados por el déficit fiscal, que de lejos no es nuestro principal enemigo en materia de finanzas públicas. Sí es lo que causa mayores problemas inmediatos y lo seguirá haciendo durante la administración siguiente 2018-2022. Pero vamos al fondo de las cosas.

Hemos dicho que, conservadoramente, el costo de la ineficiencia alcanza con facilidad los $8000 millones anuales. Esto es cerca del 18% o 19% del PIB nacional y supera en casi 4 veces el déficit fiscal. Por supuesto, los efectos de la crisis tienen un impacto mediático de amplia proyección. Que el Gobierno no pueda pagar los sueldos y aguinaldos en diciembre es un escándalo público. También hace propicia la amenaza repetitiva por más impuestos frente a la posibilidad real de una “quiebra” del Gobierno. Pero, echar más dinero en la maquinaria estatal ineficiente lo que hará es que esos $8000 millones anuales crezcan y que el Estado siga arrastrando sus insoportables niveles de ineficiencia. Además, más impuestos, especialmente en ventas, incrementará la desigualdad, que ya es una de las más altas de ALC.

Volvamos atrás sobre el presupuesto del 2015 y los subsiguientes, que crecieron sobre los excesos del 2015. Ya dijimos que alcanzó más de ¢22 billones y que esa cifra equivale al 77% del PIB. Veamos algunas cifras comparativas: los tres principales estados escandinavos, promotores del Estado Benefactor, tienen una media presupuestal que equivale al 52% del PIB; En ALC para Brasil, Argentina y Uruguay esa media es del 38%. A la luz de este parámetro, el 77% nuestro es excesivo en relación con países como los nórdicos o en relación con los tres mencionados de nuestra propia región.

La planilla pública sí es parte objetiva del problema. Algo grave ha pasado con nuestro Estado. La ética de servicio al público, cuyo eje fue el bienestar colectivo, se perdió. La sustituye un agresivo patrimonialismo que pone los recursos de todos para beneficio, casi exclusivo, de su burocracia. La evidencia fáctica nos dice que cada vez se produce menos, pero nos cuesta más. Esto lo vemos en un estudio reciente sobre el Poder Judicial que contrasta el crecimiento presupuestal con el deterioro de los servicios; o, en el sector educación en el que se reducen la cantidad de niños, pero crece la planilla docente; en la situación de los ebais de la CCSS antes mencionada; o en los altos costos de electricidad que expulsan empresas y empleos nacionales a otros países más competitivos. En todo el Estado los costos de los pluses ya, desde hace casi dos décadas, superan el de los salarios, consecuencia de lo cual también las pensiones son ya una carga insostenible que pone en riesgo el régimen de IVM y otros regímenes de privilegio, como los del poder judicial y de los docentes.

Esa es la realidad. El gobierno no tiene como pagar los sueldos o los aportes a la seguridad social y a las pensiones. No lo hace porque el despilfarro es descomunal. Darle más, a través de cargas impositivas mayores, será castigar al contribuyente por el despilfarro, a la vez que debilita el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos. Mientras el Estado nos cueste las cifras astronómicas que hemos mencionado, el Gobierno seguirá con sus problemas de flujo de fondos, pero también tendrá cada vez menos para combatir la pobreza y la desigualdad y estimular el crecimiento y la generación de empleo.

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