Qué hacer para resolver los grandes problemas nacionales y para que la población recupere su confianza en la democracia

Las respuestas a las dos cuestiones contenidas en el título de este editorial representan la esencia de los análisis y opiniones que se vierten en el entorno nacional. En nuestro editorial previo, hicimos varios planteamiento, entre ellos: 1) si el Estado no funciona, tampoco lo hará el país, en virtud de la función pública en sectores críticos como salud, educación, energía, seguridad, infraestructura, crecimiento económico, entre otras; 2) no hay carencia de recursos, en la medida que el Estado nos cuesta el 77% del PIB, comparado con una media de 52% para Noruega, Suecia y Finlandia y de 38% para Brasil, Argentina y Uruguay; 3) nuestro Estado disfuncional es precario en sus dos funciones estratégicas: dirección y ejecución. Las llamamos estratégicas por su impacto en prácticamente todos los aspectos de la gestión pública. Es este editorial queremos elaborar más anterior punto 3.

Dirección. Hemos dicho que depende de las Políticas de Estado (PE), en nuestro caso frágiles o ineficientes como medio para orientar los cuantiosos recursos del Estado hacia sus metas finales que no son otras que el bienestar de la población. Primero, tenemos que empezar entender que las PE constituyen el elemento central de la función de los ministros de estado y que su calidad es la medida de su desempeño. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino es bueno, solo que no vamos en ninguna dirección. Segundo, el presidente y sus ministros deben reconocer el alcance de las PE, en el cual son esenciales tres aspectos: nuestro carácter de Estado Unitario, según el cual la totalidad del Estado está bajo la conducción unitario del presidente y sus ministros; el principio de RECTORÍA, que asigna la responsabilidad de decisión política en el presidente y sus ministros; y, el principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la Constitución Política (CP), que demanda igualdad de condiciones para todos los costarricenses, pero de manera particular para el funcionario público.

La implicación de esta responsabilidad de alguna manera determina nuestra visión del Estado que queremos construir (o reconstruir) y sus características de equidad, un aspecto que adquiere expresión real, incluso cuantitativa, en coberturas universales o específicas por factor de riesgo. Es además el enlace de algunas ruedas sueltas (entidades descentralizadas, empresas públicas y régimen municipal) que representan algo cercano al 60% de todos los recursos públicos, hoy dispersos, que las PE deben unificar hacia los fines últimos del Estado. Estas ruedas sueltas se mueven con colores propios y representan problemas como la deserción escolar; los altísimos costos de intermediación de la banca pública; los altos costos de la energía que expulsa empleo del territorio nacional; la refinación de Recope por la que pagamos y no se hace; las colas de la CCSS; las cargas administrativas de Japdeva que hoy impiden que sus recursos apoyen el desarrollo de una de la zonas de mayor pobreza, para mencionar algunos problemas situados a lo externo del Gobierno Central, pero parte del Estado.

Ejecución. De que nos sirven buenas políticas si no se ejecutan. El problema de ejecución es que hemos dejado esa tarea en manos de los políticos, que carecen de la motivación y las competencias necesarias para ejecutar con éxito. No necesitamos explicar las consecuencias que la población bien conoce, en la imagen de La Trocha, la carretera a San Carlos y La Platina, así como también en las “ruedas sueltas” antes mencionadas. La motivación electoral o electoralista, es legítima en democracia, pero aplicada a procesos administrativos, tiene efectos catastróficos. Igual, si no se tienen las competencias requeridas, la ejecución se vuelve una tarea imposible. Segundo, la ejecución es una función que conlleva técnicas específicas de movilización de recursos, combinados con tecnologías específicas para asegurar los resultados esperados y que han sido delineados en las PE. Esa tarea es esencialmente de gerencia profesional. Cometemos el error de pensar que educar, practicar la medicina o la ingeniería, califica para cumplir con las funciones de gerente general de empresas con metas sensibles por su impacto en el bienestar de la población y en el desarrollo nacional. Lo que implica que un educador, un médico o un ingeniero no conducen a buenos ministros de Educación, Salud u Obras Públicas. No los excluye, pero solo si quienes cumplen esa función lo hacen por sus competencias y experiencia gerencial, entendiendo que su función es técnica y, además, apolítica. Simplemente actúa de acuerdo con los parámetros que deriven del contenido de las PE que sí es responsabilidad política.

Fortalecer las competencias políticas. Las PE tienen contenido político, pero también obedece a competencias técnicas. Por supuesto, su jerarquía superior es indiscutible y corresponde al campo político. Su alcance es fundamental como base para que toda entidad estatal defina su propia dirección y contenido de los procesos de ejecución. Sin ciertos elementos de apoyo, es posible que las PE sean un reto difícil de cumplir por el político. Por ello, la solución es que los políticos cuenten con un equipo multidisciplinario, en disciplinas especializadas en política pública, economía, administración, sistemas y en el campo de especialidad de cada ministerio. Ese equipo asesor, integrado por una decena de expertos y preferiblemente seleccionado por un órgano independiente, tendría la responsabilidad de apoyar el diseño de políticas que tengan el alcance estatal que hemos señalado antes.

Articulación dirección-ejecución. Dirección y ejecución son parte de una misma función pública. Sin embargo, en la primera es dominante el contenido político y, en la segunda, el contenido técnico. En la primera la equidad de las coberturas y, en la segunda, la eficiencia en el uso de los recursos. En la primera dónde queremos llegar y en la segunda el destino o meta. De alguna forma, hay una relación de dependencia y jerarquía en esta dualidad, en la que la equidad (y la política) tienen superioridad ¿Cuál es entonces el mecanismo para evitar alguna forma de control que no conlleve las consecuencias negativas de la interferencia política? La clave se encuentra en el equipo técnico sugerido en la sección anterior. Ese equipo, además de la función de apoyo en diseño de PE, se encargaría a habilitar un sistema de control por resultados, mediante algún instrumento digital que permita seguir de cerca, en tiempo real y sin interferencia física, un conjunto de indicadores de proceso, costo y resultados intermedios y finales. Los ministros entonces tendrían la posibilidad de ordenar correctivos de procesos, cuando estos se alejen de los parámetros esperados y pongan en riesgo el logro de los resultados finales esperados. Este es, en esencia, un sistema eficaz de control por resultados, que reduce al mínimo necesario la interferencia política que contamina y neutraliza los procesos ejecutivos.

Viabilidad. No ahondamos en los beneficios políticos, económicos y sociales de medidas en la dirección que hemos planteado. Digamos solo que potencia la imagen y legado de todo presidente y da cierta garantía de cumplimiento de la decisión soberana electoral. Pero agreguemos una nota sobre su viabilidad, que depende de la decisión presidencial de: 1) preparar a sus ministros, planteándole su gran responsabilidad, acompañada de la rendición de cuentas sustentada en dos funciones principales: la calidad de las PE y el control de su ejecución; 2) nombrar a los equipos técnico/asesores a los que nos hemos referido en varias secciones previas; 3) disponer, por simple decisión política, una relativa separación del aparato ejecutivo y de su gerenciamiento; 3) reforzar el nuevo modelo con gerentes de amplia competencia y experiencia y, 4) en el mediano plazo, crear la base legal de dos niveles de organización interdependientes, como lo hemos sugerido, uno político y otro ejecutivo-apolítico, relacionados a través de indicadores de control por resultados, con capacidad de intervención política si los procesos intermedios ponen en riesgo los resultados. Para concluir, sugerimos que algo de este modelo debería emularse al nivel de la presidencia y su relación con los ministerios.