Nuestra democracia está en crisis, pero la clase política parece ignorarlo

Vamos al despeñadero, pero ningún político ofrece una visión de cambio de la realidad nacional. La población lo siente y se refleja en un sentimiento nacional de enojo y la convicción de que, en política todo es “chorizo”. Con ella condena a la clase política y a la democracia, porque ambas se muestran incapaces de producir soluciones a los problemas que nos aquejan ¿Cuáles indicadores que le dan precisión a ese sentimiento nacional de crispación y de crisis política?

La más clara se encuentra en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Si las elecciones fueran hoy, los dos partidos más tradicionales, el PLN y el PUSC, estarían empatados en el primer lugar, con 15% y 11% de las preferencias; al igual que el PIN y su candidato, sin mayor historial político, poca inversión en propaganda, considerado un populista, con un 15%.

Detrás de la encuesta hay una realidad compleja, claro reflejo de la crisis del proceso electoral, pilar básico de la democracia y medio de expresión soberana del pueblo. Un 66% de los votantes, es decir, 2.2 millones de costarricenses, parecen decididos a votar, aunque otras encuestas auguran un nivel de participación bastante más bajo. De ese 66% el 37%, es decir, poco más de 813 mil electores, no saben por quien votaría. Es decir, entre los 3 partidos mencionados se distribuyen 41,6% del electorado y, por tanto, cada uno de ellos solo tiene, a poco más de 2 meses de las elecciones, el respaldo de algo menos del 14% de los votos. El efecto en ausencia de legitimidad es innegable.

No es nada nuevo. La falta de credibilidad política y la confianza en la democracia viene en proceso de degradación desde hace ya mucho tiempo. En el 2013 el Latinobarómetro dio una voz de alerta: el 38% de los costarricenses estarían dispuestos a aceptar un régimen autoritario que viniera a poner orden a nuestro desorden. Pero el mismo Latinobarómetro, con datos del 2016, puede darnos otros indicadores preocupantes. Veamos:

  • Aceptación de gobierno no democrático si resuelve problemas: Costa Rica 46%. Media América Latina 47%
  • Apoyo a la democracia: Costa Rica 60%. Media América Latina 54%
  • Democracia resuelve los problemas que tenemos: Costa Rica 59%. Media América Latina 61%.
  • Mano dura no viene mal: Costa Rica 78%. Media América Latina 61%.
  • Preferencia por el orden: Costa Rica 58%. Media América Latina 37%.
  • Preferencia por la libertad: Costa Rica 52%. Media América Latina 44%
  • Se gobierna por el bien de todos: Costa Rica 11%. Media América Latina 22%
  • Aprobación del gobierno 2002-2016: Costa Rica 30%. Media América Latina 38%
  • Credibilidad de la política: Costa Rica 50%. Media América Latina 46%.
  • El país progresa: Costa Rica 12%. Media América Latina 24%
  • Satisfacción con la economía: Costa Rica 16%. Media América Latina 20%.
  • Delincuencia el problema principal: Costa Rica 44%. Media América Latina 30%.
  • Desempleo el problema principal: Costa Rica 41%. Media América Latina 42%.

Los indicadores anteriores ofrecen mayor precisión sobre la inconformidad del costarricense con la democracia. No es distinta de la del resto de la región, aunque hay pequeñas variaciones en los datos seleccionados. Las causas subyacentes de la problemática también podrían ser similares, aunque nuestro país ha tenido en su evolución características particulares. Costa Rica seleccionó un camino particular que lo llevó por la vía de la prosperidad en democracia a partir de la segunda mitad del siglo pasado. No obstante, a partir de las dos o tres últimas décadas el progreso se paralizó y hoy transitamos por una vía congestionada, llena de obstáculos, que han motivado un claro negativismo hacia la política y la democracia ¿Por qué? Primero que el mundo cambió y el “nuevo” costarricense se sitúa en una realidad distinta, con respecto a la de sus antepasados, los que vivieron, o vivimos, la transformación de los años 40, con el fuerte liderazgo de los dos partidos tradicionales, el PUSC y el PLN.

Segundo, que el Estado parece haber sufrido una evolución indeseada, que no controlamos oportunamente. A partir de los acontecimientos de la década de 1940, el Estado asumió una función directa en beneficio de toda la población. Los cambios son evidentes y hoy el Indice de Progreso Social nos ubica, a nivel mundial, entre los países de “alto desarrollo” y, en América Latina y el Caribe, a la cabeza junto con Chile. La participación del Estado costarricense es determinante en sectores críticos del desarrollo, como educación, salud, energía, seguridad, agroindustria, infraestructura, por mencionar unos pocos. Si el Estado falla, también lo hará la economía y los principales indicadores de bienestar.

¿Qué pasa hoy en Costa Rica? Lo que ha ocurrido es que nuestro Estado está agotado, ya no produce equidad y bienestar. Hay una buena cantidad de causas estructurales, pero destacamos dos: 1) el patrimonialismo que sustituyó a la ética del servicio público, puso los recursos públicos al servicio de su burocracia y dejó en un distante lugar secundario sus aportes al bienestar de toda la población; y, 2) que la política domina todo el aparato estatal y desprecia la técnica y la ciencia, cuando éstas son necesarias en la solución de muchos problemas del desarrollo. Es lo que hemos llamado el desequilibrio político/técnico y lo podemos ver mejor si pensamos en dos funciones esenciales del Estado: dirigir y ejecutar. En la primera fallamos, porque depende de las Políticas de Estado, de las cuales generalmente carecemos. Y, en ejecución, porque depende de tecnologías específicas de movilización de recursos para producir resultados en condiciones de equidad (definida por la política), calidad, oportunidad y costo. Mientras la responsabilidad política de establecer Políticos de Estado que nos dirijan; y no encontremos la forma de entregar la ejecución a quienes posean las respectivas tecnologías, en relación sinérgica, el Estado no podrá aportar al bienestar de toda la población.

Un resultado de esta situación es la tendencia sostenida a resolver todo por la vía del crecimiento del gasto público. Tenemos más recursos de los necesarios para el desarrollo pleno, pero lo despilfarramos. La ineficiencia, según nuestras estimaciones, sobrepasa el 20% de los costos del Estado y esto es varias veces el déficit fiscal, unos $8000 millones anuales. Y, siendo redundantes, hemos dicho que nuestro Estado en el 2015 nos costó más de 22 billones, equivalentes al 77% del PIB. Las cifras comparativas para Noruega, Suecia y Finlandia son respectivamente, el 51%, 50% y 56% del PIB; y para Brasil, Argentina y Uruguay el 42%, 39%, y 33%. Son datos contundentes.

Los políticos parecen haber ignorado esta dimensión del problema. El presidente Solís no ha dicho que la congestión vial que nos agobia es producto de que no se le hayan aprobado el incremento de impuestos, mientras uno de los principales candidatos agrega que el incremento del impuesto de ventas a un 15%, el más desigual de todos, es irreversible. Es decir, ambos refuerzan la tendencia a la solución de problemas por la vía del crecimiento del gasto, dejando los problemas estructurales subyacentes intactos. Es, en suma, la renuncia a la reforma de fondo del Estado que el país necesita con urgencia para atender los problemas de rechazo a la política, la practica de la democracia y sus efectos negativos sobre el bienestar de todos. Y garantía de que la crisis que nos amenaza seguirá adelante.