Pensiones y gobierno

La principal crítica que se puede hacer a la Administración Solís Rivera (ASR) es la falta de liderazgo político, esencial en la presente situación de crisis de gobernabilidad, fiscal, económica y social. Cierto que hay modestas ganancias en pobreza, pero se hace a costa de subsidios inviables en el corto plazo, si las vemos a la luz de la capacidad económica del gobierno para mantenerlas. En meses recientes, el gobierno ha incumplido sus obligaciones con la seguridad social, simplemente porque Hacienda no tiene los recursos para ello. Lo cual es contradictorio, cuando en el 2015 los costarricenses pagamos ¢22 billones como presupuesto de operación del Estado, suma que siguió creciendo en años subsiguientes de la ASR y que, como proporción del PIB, es una de las más altas del mundo.

La cuestión sindical es quizás el principal factor de ingobernabilidad que enfrenta el país. Es responsable por un Estado gigante que crece en costos, producto de evidentes privilegios laborales, que secuestran los recursos que deberían invertirse en la búsqueda del bienestar colectivo y del desarrollo en equidad. Hay amplia evidencia de este conflicto operativo, como bien lo documenta el Informe Estado de la Nación sobre el Poder Judicial y también para la banca pública, que dobla los costos de intermediación posibles, por simple ineficiencia. También aparece en la crítica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual aspiramos a ingresar, cuando nos dice que las pesadas cargas sociales son un factor negativo para el crecimiento y que la educación, con recursos muy cercanos al 8% del PIB, está por encima de la media de sus países miembros, pero los resultados son inferiores.

El sindicalismo ha adquirido poder de veto, posiblemente cubriendo en parte la ausencia de liderazgo político de la ASR y la seguridad social ha sido su principal víctima. Los sindicatos vetaron a la Dra. Sáenz, que renunció bajo presión del presidente Solís y para complacencia de las jerarquías gremiales. Ahora nos anuncian un acuerdo cuestionable sobre las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que, en lo esencial, deja las cosas como estaban, aunque sugieren un asalto sobre los recursos públicos destinados a los más frágiles: un traslado de ¢60.000 millones del Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) para paliar el déficit del fondo de pensiones. Por fortuna, tal ocurrencia requeriría de un cambio legal que difícilmente se producirá.

Más de lo mismo en pensiones. La Mesa de Diálogo se aprovecha del vacío de liderazgo presidencial para lograr la aplicación de un adefesio de “acuerdo” sobre el quebrado régimen de pensiones IVM. Según palabras del actuario de la UCR, ese acuerdo es “patear la pelotita (que) se va haciendo más grande cuando se patea y las decisiones que se tendrán que tomar en el futuro serán más dolorosos”. Sin embargo, parece que el “acuerdo” tiene bendición oficial, a juzgar por el compromiso del ministro de Trabajo, Sr. Hasbum, vocero gubernamental en la Mesa, que se compromete enviarlo al congreso a la brevedad posible; y, la condescendencia del Superintendente de Pensiones, a la que se une la debilidad del nuevo Presidente Ejecutivo de la CCSS, cuya junta directiva tendrá que aprobar la propuesta final. Y todo en coherencia con la posición de la ASR, que nos dejó plantados con la promesa electoral de cambio y que sus soluciones siempre van por la ruta del asalto a los recursos públicos que, no obstante sus abultados presupuestos, hoy están agotados.

En la seguridad social hay evidencia clara de la contradicción o tendencia, que va de la mano de más recursos, asociados con inferior productividad. Ya mencionamos varios casos, pero hay uno especialmente obvio. Se trata de los Ebais del este de San José, cuya administración generó un déficit de varios millones de colones (San Pedro, Curridabat y parte de La Unión) que el Rector Henning rehusó cubrir con fondos propios y la UCR renuncia al acuerdo de administración con la Caja. Lo reemplaza una empresa que mejora y aumenta servicios y horarios de consulta, con los mismos recursos que fueron insuficientes para los sindicatos.

Esa situación era conocida para los técnicos de la Caja y los analistas de la seguridad social. Luego se hace del conocimiento público con la aparición de un artículo de prensa, bajo el título Costo de los Ebais de la Caja duplica al de las cooperativas. Las implicaciones de tal situación son de trascendencia: si los Ebais administrados por la Caja y sindicalizados cumplieran con los mismos estándares de eficiencia que las cooperativas, se podría doblar la producción (cobertura de servicios) de los más de 1000 ebais existentes. Lo cual permitiría también aliviar sustancialmente las presiones del exceso de demanda sobre los hospitales regionales y nacionales.

El presidente Solís no es culpable por la situación de ingobernabilidad creciente que enfrenta el país. En eso, sobran los culpables, tal vez incluso la población que critica, se aísla y ha sido condescendiente con el garantismo que ha dominado la mayor parte del desarrollo del país desde la segunda mitad del siglo pasado. Pero sí es responsable por mantener la tendencia a resolver los problemas por la vía del gasto público, dejando intactas las causas subyacentes de la problemática estatal. Su insistencia tardía por más impuestos revela su desdén por medidas más radicales de reforma del Estado costarricense.

Tampoco puede esconderse en el respeto a la independencia de las instituciones, como ha hecho con frecuencia. En nuestro Estado Unitario la responsabilidad por las coordinación y dirección de todas las entidades públicas, incluidas las instituciones autónomas, las empresas del Estado y el régimen municipal, es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Tiene también autoridad, bajo el principio de RECTORIA, para establecer las Políticas de Estado, que son obligatorias para toda entidad pública. Sin embargo, en ausencia de un fuerte liderazgo, el interés corporativo (incluso el sindical) prevalece sobre el interés público, una cuyas consecuencias ya la estamos experimentando: las arcas están vacías y no permiten cubrir las obligaciones esenciales del gobierno. Sin embargo, más recursos por la vía impositiva, sin reformas estructurales, nos llevará por la misma vía que ya empezamos a transitar: un Estado grande, casi totalmene inútil en su aporte al desarrollo.