Pobreza, desigualdad y crecimiento económico

Se han hecho algunos progresos en materia de pobreza y pobreza extreman, pero el principal factor de cambio son las transferencias que han crecido en forma sustancial. Bajo este patrón, el país no podrá cambiar los indicadores que se han mantenido en los niveles actuales por varias décadas. Para hacerlo en forma sostenible, es necesario cambiar el enfoque. El curso actual es suicida. Los recursos públicos se agotan y, si bien los subsidios son inevitables en algunas circunstancias, sus logros están sujeto a serias limitaciones. Esa es la situación actual, en la que el Gobierno se ha visto imposibilitado de hacer sus aportes a la seguridad social y tampoco tiene capacidad para mantener las pensiones de lujo, que quebrarán el régimen en períodos relativamente cortos. Además, muchos con una pensión equivalente al 40% o 60% de su salario, con su retiro entrarán en pobreza o vulnerabilidad.

El crecimiento económico es la cuestión fundamental. En el 2007 la pobreza, por primera vez en nuestra historia reciente y ciertamente después de la crisis de fines de los 70 y principios de los 80, tuvo una baja sustancial al ubicarse cerca del 17%. La crisis del 2008-2009 borró esa conquista, pero el hecho concreto es que el país solo romperá la barrera del 20% con un crecimiento del 7% o superior ¿Cómo lograrlo?

El país tiene recursos. Pocos estados en el mundo tienen el nivel de gasto de Costa Rica. En el 2015 llegó a ¢22 billones que equivalían al 77% del PIB. No repetimos las cifras, pero ese nivel de gastos es sustancialmente más alto que 3 países escandinavos y que Brasil, Argentina y Uruguay en nuestra región. Según nuestras propias estimaciones, la ineficiencia del Estado no cuesta fácilmente unos $8000 millones por año, varias veces el nivel actual del déficit fiscal. Por ello, hemos venido insistiendo en la reforma del Estado, para ganar en eficiencia y trasladar recursos en favor de la equidad y el bienestar de nuestra población.

Hacia el desarrollo pleno. Hay más que podemos hacer. Tenemos las capacidades, pero también los recursos para alcanzar el desarrollo pleno en una década. Ya lo han planteado un par de precandidatos del PLN, pero la opción está al alcance de cualquier gobierno que se lo proponga. Se trata de crear un fondo rotatorio que nos permita inyectar a la economía nacional unos $2000 o $3000 millones anuales, especialmente en obra pública para dar acceso al empleo no calificado, donde se encuentra la pobreza y la pobreza extrema. Esos recursos se encuentran en reservas laborales, como las pensiones y en excedentes de las empresas públicas que, en conjunto, hoy suman más de $25.000 millones. Las reservas laborales requieren ser invertidas a intereses competitivos, mientras las excedentes de las empresas públicas, hoy asaltadas por un patrimonialismo extremo, equivalen a las ganancias de cualquier empresa, que deberían ser trasladadas a sus accionistas, en este caso todos los costarricenses. Una forma de llevar esos recursos a sus accionistas es invertirlos en su desarrollo, sin que los excedentes tengan que ser devueltos a las empresas que los generan.

Dar prioridad al combate contra la desigualdad. Es tan mala como la pobreza, porque produce un estado de irritación social desestabilizador. Costa Rica fue un país modelo en este sentido, hasta fines del siglo pasado. Luego hemos ido perdiendo terreno y hoy tenemos uno de los niveles más altos de la región, mientras otros países la reducen. Un estudio reciente, patrocinado por la representación ONU en nuestro país ha identificado tres motores principales de la desigualdad: los privilegios del sistema de remuneraciones públicas, el modelo de desarrollo que privilegia el empleo de calidad, en perjuicio del no calificado y, los impuestos regresivos, en especial el de ventas. Como es público y notorio, las desigualdades generadas por lo privilegios son objeto de controversia y, gracias al poder de veto que le hemos otorgado al sindicalismo público, mantiene su tendencia al crecimiento. Un ejemplo de inequidad es el aumento que tendremos que pagar todos para financiar los privilegios de RECOPE, encareciendo los combustibles que ricos y pobres pagan por igual.

La educación como fuente común del problema. Que tengamos un rezago en la calidad del recurso humano para que aspire a empleo de calidad y mejore su situación económica depende en gran media de la educación. Sobran los estudios, pero ha sido más contundente la posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que aspiramos ingresar. Nos ha dicho que estamos obsesionados con la asignación del 8% del PIB a la educación, cifra bastante más elevada que la media de sus países miembros, pero con resultados son bastante inferiores. Se han destacado las deficiencias en la enseñanza primaria, base para el éxito en los siguientes ciclos, pero también sabemos que hoy, según INEC, la deserción a nivel de la conclusión de la secundaria ha aumentado.

El país debe sacudirse de su conformismo, tanto en crecimiento económico en el entorno del 4%, bueno relativo a la media regional, así como con las magras metas de reducción de la deserción escolar. La meta debe ser buscar que todos nuestros chicos y jóvenes completen todos los ciclos educativos al 100% y, luego, buscar los medios para lograrlo. Con el alto nivel de recursos de la educación, debe ser posible. Lo ha hecho Corea del Sur, donde el gasto en educación solo llega al 7% del PIB, pero solo la mitad (3,5% del PIB) es aporte público. La educación dual debe ser una prioridad nacional por más que los sindicatos del sector docente, por razones ideológicas, los confronte, y los métodos docentes deben cambiar, especialmente en el INA.

¿Qué hacer con la desigualdad? Todo lo que hemos mencionado antes son impulsos a mayores niveles de igualdad. Hay un punto específico que merece énfasis: el nivel del gasto público, producto de ineficiencia y gigantismo estatal. Más de 300 mil funcionarios públicos y más de 330 entidades públicas son inmanejables. Tenemos que cambiar nuestra actitud frente al Estado. Los $30 millones del cementazo son cosa chica comparada con los $8000 millones que hemos mencionado como despilfarro estatal. Tenemos que considerar la ineficiencia y la improductividad como un acto de corrupción peor, porque le roban al Estado los recursos que deben ser invertidos en la población como un todo, pero priorizando las necesidades de quienes se encuetran en pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. Y, de nuevo, el crecimiento a niveles del 7% o superior es esencial para lograrlo.