La carga del empleo público

El Estado es el más grande empleador del país. Hoy cuenta con más de 300 mil funcionarios, dispersos en más de 330 entidades públicas. Las condiciones de empleo son favorables, las remuneraciones son superiores a las del sector privado, no hay rendición de cuentas, la evaluación del desempeño conlleva una amenaza de huelga sindical, los horarios son inferiores, el funcionario es para efectos prácticos inamovible y, el régimen disciplinario es prácticamente inexistente, producto de un entorno laboral de relativa impunidad. Esas condiciones el empleo público el gran favorito para quienes buscan ingresar al mercado de trabajo.

Hay claras evidencias de excesos de personal producto de una variedad de condiciones, entre ellas las siguientes: 1) la continuidad de cualquier entidad pública no está en riesgo, cuando pierde su razón de ser o se aleja de sus finalidades de origen; 2) hay un cultura política que busca, frente a los problemas que encara el Estado, soluciones por la vía de creación de nuevas entidades y más personal; 3) el modelo de gestión pública es esencialmente político y no incorpora técnicas de gerencia profesional; y, 4) sin gerencia profesional la eficiencia no ocupa un lugar de privilegio y los costos ahogan a la administración pública, en nuestro caso al punto de paralizar sus aportes al desarrollo y al bienestar social. El costo de los excesos representa una carga inaceptable para la ciudadanía y para la economía nacional. Tómese el caso de la banca pública, cuya ineficiencia eleva el costo de la intermediación al doble de la que se considera normal y posible, lo cual representa un elemento negativo para el crecimiento económico, el empleo y el acceso democrático al crédito.

En materia de excesos laborales, una situación particular que requiere mención específica. Nuestros políticos le han otorgado a los sindicatos públicos derechos laborales, en especial el de huelga, propios del sector privado, donde el lucro es el centro de negociación. La debilidad relativa del trabajador frente al patrono ha hecho que los países otorguen una serie de protecciones y, desde luego, el derecho a la huelga. Pero el Estado no tiene lucro, lo que hace que las conquistas laborales debiliten la capacidad y los recursos que invierte en el desarrollo y en el bienestar de toda la población. Las conquistas abusivas, que son frecuentes en nuestro caso, atentan contra el principio de equidad y las huelgas se vierten contra los grupos sociales más frágiles, que tienen una mayor dependencia de los servicios públicos. Para colmo de males, esta situación ha sido fortalecida con reformas consideradas como conquistas históricas en materia laboral.

En un entorno de crisis, en el que se combinan los niveles de pobreza, desigualdad y el déficit fiscal ¿debería el Estado prescindir de los excesos de personal y privar a los trabajadores de su empleo? Planteada así, la respuesta se vuelve un problema de alta complejidad y subjetividad. Sin embargo, podemos cambiar la pregunta para un mejor ejercicio de lógica y equidad ¿Debería el Estado concentrar la totalidad de sus recursos en sus metas globales de desarrollo y promoción de la equidad? ¿Constituye la presencia de excesos y privilegios laborales un acto de discriminación contra el resto de la población, por cierto, expresamente prohibido por nuestra Constitución Política en su artículo 33?

El problema es que, cuando el Estado deja de focalizar sus metas de desarrollo, lo que está en juego es el bienestar social en su conjunto y no solo de los improductivos y costosos excesos de personal que imponen una carga económica insostenible, ya visible en el déficit fiscal que rondará cerca de 2 billones de colones en el 2018, casi 7% del PIB. Un déficit de esa magnitud es suficiente para generar una catástrofe social de consecuencias especialmente severas para los sectores más débiles. Esos riesgos son visibles, cuando el Estado anuncia su incapacidad para cubrir obligaciones del régimen de seguridad social, incluso las pensiones y la posibilidad de que no pueda cumplir con otros programas sociales. Recordemos que los aportes públicos son esenciales en campos críticos de nuestro desarrollo, como salud, educación, energía, seguridad e infraestructura, para mencionar algunos de los más importantes ejes del desarrollo.

Por supuesto, prescindir de los excesos de personal, que en nuestro caso son sustanciales, tiene dos requisitos. Uno, mucho carácter político para poner primero el interés nacional sobre los intereses particulares, entre ellos el de los sindicatos públicos; y, dos, medidas inteligentes que alivien su costo social, como subsidios temporales, cierta gradualidad, programas de recapacitación, reinserción laboral en el sector privado y, facilitar las pensiones en condiciones especiales para quienes estén en edad retiro o cerca de ella. Sobre todo, las medidas deben buscar la forma de recuperar el dinamismo del crecimiento económico, para que el país se acerque a condiciones de empleo pleno.

Dicho esto, las condiciones actuales no ofrecen mucho espacio para correctivos que eviten caer en lo profundo de abismo, mientras la voluntad de acción/negociación no aparece en un escenario político, caracterizados por un enjambre de partidos (y grupúsculos con pretensión de partidos) focalizados en sus objetivos de corto plazo. Lamentablemente, de cara a las elecciones del 2018, no es visible ninguna propuesta que busque controlar los factores de ineficiencia del Estado. Más bien parece existir algún consenso en favor de tributos adicionales, lo cual empeorará la situación. Esa es la realidad nacional.