Los grandes temas subyacentes en el fiasco del cemento chino

El caso del cemento chino ha tocado las fibras íntimas de un país en profunda crisis. Para Costa Rica el cementazo es comparable, por sus consecuencias, aunque en distinta dimensión, al caso Odebrecht para sacudió a la mayoría de los países de la región. Los alcances nacionales son vastos y van más allá de la banca pública y del tráfico de influencias. Veamos algunos de los temas asociados con este caso.

 

El cemento. Refleja que nuestro país está sometido a presiones corporativas que usan los recursos de todos para beneficios de unos pocos, económicamente poderosos. Los muchos millones de dólares obtenidos por el empresario Juan Carlos Bolaños nunca estuvieron dirigidos al cemento, sino a movilizar recursos entre sus distintas empresas y posiblemente sin intención de honrar el crédito. Es posible, además, que este haya sido un recurso que se ha venido utilizando con alguna frecuencia, incluso en los casos recientes de Yamber y el parque industrial Hacienda San Rafael. Nuestro diseño institucional conlleva una relación simbiótica con el corporativismo. A él se le entregan las decisiones superiores, cuando se integran las juntas directivas.

El presidente. Nadie cuestiona la honestidad de nuestro presidente Solís Rivera, lo cual no es disculpa por errores evidentes. Primero, el caso del cemento ha tocado a todas las fuerzas políticas y conforma una vasta red de contactos, imposibles de ser desconocidos por el presidente Solís. Además, en esa red han participado sus principales colaboradores y amigos íntimos y lo han hecho en el entorno físico de la Casa Presidencial. Segundo, el presidente Solís es un hombre inteligente y no parece creíble que haya pensado que el duopolio se quebraría con un tercer participante. El tráfico de influencias debe haber ocurrido con conocimiento del presidente, aunque posiblemente no dimensionó la magnitud de la red forjada en torno al empresario y al cemento chino.

El congreso. La pobre calidad de nuestro congreso ha sido expuesta con amplitud por el caso del cemento. Ha demostrado impericia para llevar a cabo la investigación y falta de competencia para conducir los interrogatorios. Con excepción de dos diputados (O. Solís y S. Pisk), el resto de la comisión ha revelado no estar a la altura de una investigación de esta naturaleza. Sin distritos electorales y rendición de cuentas de base local y regional, la Asamblea Legislativa seguirá siendo un órgano mediocre y débil de nuestra democracia.

La prensa. En cierta forma le ganó la partida al Congreso e incluso al Poder Judicial. Es la que ha expuesto la mayor cantidad de posibles violaciones y ha permitido que el caso tome un curso razonable, tal vez incluso que nuestro pesado aparato judicial establezca las responsabilidades éticas y legales pertinentes.

El Poder Judicial agrega grandes dudas sobre ética y eficiencia, al mal concepto que tiene la ciudadanía sobre sus actuaciones. Tres funcionarios han sido suspendidos cuando parecieran justificables decisiones más contundentes. Sin entrar a considerar varios casos que duermen el sueño de los juntos, el cementazo ha expuesto groseras ineficiencias y tal vez incumplimiento de responsabilidades. La causa abierta contra los diputados Morales Zapata y Guevara Guth fue desestimada por el propio Chinchilla, presidente de la Corte Plena, y reabierta cuando se supo que la OIJ había aportado datos de una larga lista de llamadas telefónicas entre los imputados y el empresario Bolaños. Se reabrió por la existencia de nueva prueba, cuando esos datos ya estaban en posesión de los magistrados. ¿Se agrega así una mentira más a la larga lista aportada por el magistrado Gamboa y el Fiscal Chavarría?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) preocupado por el cementazo le pide a la población actuar con responsabilidad y valorar cuidadosamente las propuestas programáticas de los contendientes en las elecciones del 2018. Parece ignorar la crisis de credibilidad democrática y la existencia de un sentimiento nacional de enojo, que aleja a la población del proceso electoral. Ha habido buenas propuestas de expresidentes recientes, pero no se cumplen. Además, la Asamblea Legislativa es un órgano que responde al interés político y corporativista, más que al interés nacional, con una frágil base soberana, ya que son electos por las jerarquías partidarias y listas impuestas al votante. Bien haría el TSE en presionar un cambio que haga viable la propuesta política que apruebe el electorado y patrocinar ciertos cambios políticos, como la forma de elección de diputados.

La población. Sobre todo, quiere cambio político e institucional, pero los políticos parecen no estar a la altura en visión y carácter. El interés corporativo es muy fuerte, en especial el sindical. La Segunda República, que nos llevó por la ruta del progreso sostenido por dos o tres décadas, está agotado. El Estado gastón nos acosa con tributos y presiones fiscales, a pesar de que su costo supera en mucho el de los países escandinavos y el de tres o cuatro países de América Latina y el Caribe con los que usualmente nos comparamos. Sin embargo, no genera los productos del desarrollo y del bienestar. De hecho, el Estado es hoy el mayor obstáculo a las principales iniciativas de desarrollo. Esta es la realidad que hay cambiar. De otra manera, el pueblo le dará la espalda a la democracia y elegirá el populismo por simple frustración y enojo.

Un proyecto nacional que nos una. Hay una iniciativa hacia una constituyente que nos permita un nuevo diseño político institucional. Es necesaria, pero no podemos esperar que solucione los problemas que hoy nos aquejan. Y no podemos esperar 4 o 5 años que complique aún más la situación. Nos urge un proyecto nacional, breve, simple, inteligible, que nos permita iniciar la construcción de una Tercera República, porque la Segunda está agotada. El pueblo está ansioso de cambio. Falta visión, carácter y liderazgo político.

Conclusión: El cementazo no es un hecho aislado, un caso bancario o tráfico de influencias. Es una falla institucional que carcome el Estado costarricense. Por supuesto, sería deseable que el sistema bancario recuperara sus objetivos originales, democratización del crédito e impulso al crecimiento, que se han perdido por simple ineficiencia y altos costos de intermediación. Y que sus directivos no sean seleccionados por representación política o corporativa, como ocurre ahora, sino por sus competencias afines al quehacer institucional. Pero los problemas son más profundos y parte de un cambio institucional que todos esperamos y que los políticos no parecen tener las capacidades y/o el carácter para emprenderlo.