¿Es posible una visión optimista de la crisis nacional?

¿Cuál crisis? preguntan algunos. Y es que el país se encaminó por la senda del progreso a partir de los cambios que los socialcristianos hicieron en la década de 1940 y que los socialdemócratas reforzaron con la construcción de la Segunda República. Algunos hechos confirman esa revolución: 1) que el IPC (Índice de Progreso Social) ubica a Costa Rica en el grupo de países de alto nivel de desarrollo social y, junto a Chile, a la cabeza de América Latina y el Caribe (ALC); 2) que Costa Rica sea el único país de ALC que progresó en paz y democracia, sin la presencia de dictaduras y conflictos armados intestinos; 3) que nuestros líderes tuvieron la visión y el carácter para eliminar el ejército; 4) que asumiéramos el liderazgo, contra los mayores poderes del mundo, para lograr la paz en Centro América.

Tal visión es particularmente fuerte entre quienes tuvieron una participación directa en la implementación de la revolución de los 40, cuyos efectos fueron particularmente sensibles en las siguientes dos o tres décadas. Sin embargo, esta es una visión minoritaria, conformada por el 25% de quienes tienen 50 años o más. Un 50% de los adultos con edades inferiores no tiene memoria de tales acontecimientos, a la vez que encaran un entorno de grandes posibilidades, pero también retos e incertidumbre. Tres indicadores parecen definir un fracaso social en décadas más recientes: la pobreza, que afecta a más de un millón de personas y que hoy supera el 20% histórico; la creciente desigualdad que es también una de las más altas de ALC; y, un indiscutible sentimiento nacional de irritación y enojo con la política y los políticos, es decir, contra la democracia. Un indicador claro de este sentimiento negativo se encuentra en el hecho de que hoy, solo un 30% de los electores admiten preferencias por alguna de las tendencias que participarán en las elecciones de 2018, mientras un 70% no expresa simpatías por ninguna de los 18 “partidos” (o grupúsculos con pretensión de partido) que congestionan el entorno político nacional.

La cuestión es si el “buen gobierno” es viable. Y, sin algún cambio radical, no lo es. En efecto, gobernar más de 330 entidades públicas, unas 82 en algún régimen de autonomía, y un ejército de más de 300 mil funcionarios públicos, es simplemente inviable ¿Qué se puede hacer en el corto y mediano plazo para cambiar esta situación?

Hay una iniciativa para integrar una constituyente, que nos daría una nueva Constitución Política (CP) para el año 2021. Sería el recurso para constituir un nuevo diseño institucional que responda a los requerimientos de la sociedad que somos hoy y que, en una variedad de importantes aspectos, es distinta de la que reformamos en los 40. También enfrenta Dos grandes retos: uno, que somos una sociedad corporativista y que habrá muchas presiones en favor de intereses especiales, muchos de los cuales entrarán en conflicto con el interés nacional; y, dos, que hemos adquirido una cultura de irrespeto a la jerarquía jurídica de la CP (Ver ejemplos AQUÍ). Pero, aun así, no hay duda de que una nueva Constitución abre la posibilidad de un nuevo diseño institucional.

Sin embargo, el cambio no puede esperar hasta el 2021, sin correr el riesgo de un colapso mayor y más doloroso socialmente. Lo cual nos lleva la naturaleza del cambio que se requiere y que debe iniciarse a la brevedad posible. Veamos algunos ejes estratégicos de ese cambio:

Un Estado ingobernable, reiteramos, conformado por más de 330 entidades públicas y más de 300 mil funcionarios. En el contexto ideal para la dispersión de esfuerzos y recursos. Que, por cierto, nos lleva a un hecho: no hay escasez de recursos, tal vez incluso los hay en exceso. Gastamos el equivalente al 77% del PIB para mantener en operación al estado paquidermo, lento, esclerótico e ineficiente. Países como Noruega, Suecia, Finlandia o, en nuestra región, Brasil, Argentina y Uruguay, tienen un gasto sustancialmente más bajo (Ver AQUÍ). La escasez es producto de una organización atomizada y recursos dispersos; de una tramitomanía que propicia largos y costosos procesos; y del inadecuado modelo de gestión pública.

Visión de Estado. Tenemos que superar nuestra miopía política y entender que, para producir desarrollo y bienestar social, necesitamos de la totalidad de los recursos públicos, hoy más de 22 millones de colones. Hacerlo implica dejar de pensar en el Estado como si fuera solo el Gobierno Central.

La autoridad ejecutiva viene siendo cercenada desde el 49. Es necesario replantearla, sobre las bases de nuestro carácter de Estado Unitario y del principio de RECTORIA. Nuestros presidentes deben entender que la autonomía no produce independencia y que su articulación empieza con buenas Política de Estado. Bien diseñadas son fuente de dirección de las entidades públicas, centralizadas, descentralizadas o empresariales, sin perjuicio de que gocen de capacidad administrativa propia. Además, incluirían los elementos esenciales del buen gobierno, con sus características de equidad, eficacia y eficiencia, por las cuales debe velar el poder ejecutivo.

Sistema de gestión pública. En esencia, la administración pública se ha desarrollado con absoluta confusión de las funciones política y técnica, como es evidente con las pensiones y el problema en torno al cemento chino. El sistema de gestión debe rediseñarse bajo dos principios fundamentales: uno, que la política ocupa un nivel jerárquico superior y tiene dos funciones sustantivas: definir las Políticas de Estado y velar porque los resultados esperados se cumplan en la ejecución; y, dos, que la ejecución de la política pública es un proceso técnico que requiere la aplicación de tecnologías especializadas. La equidad es el principio orientador de la política, mientras la eficiencia lo es de la ejecución. Fomentar una cultura de gestión por resultados es esencial en todas las fases de diseño institucional. Debe superarse el judicialismo que ha causado tanto daño, aplicando criterio jurídico a temas técnicos/científicos.

Sindicalismo. El artículo 61 de la CP “reconoce el derecho… de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos”. A pesar de ello, los políticos, proteccionistas de los sindicatos públicos, les dieron concesiones propias de la empresa privada, comandada por el lucro. En el sector público están en juego la gobernabilidad y los productos del Estado; los costos de la administración pública que suben sin control; la ética de servicio público que los sindicatos han convertido en un patrimonialismo extremo; la equidad, minada por el costo de las “conquistas” laborales y privilegios abusivos; y, las huelgas sindicales que  roban recursos y servicios para quienes más los necesitan, los sectores en pobreza o vulnerabilidad. Todo lo concerniente al régimen sindical público debe revisarse pensando en la calidad del servicio público y lo que ello representa como bienestar para la población más necesitada.

Desconcentrar la gestión pública, lo cual es impensable con 82 cantones. Hay que definir unas 12 regiones, desconcentrar servicios y recursos y dotar a los gerentes de las capacidades necesarias para actuar con equidad, eficacia y eficiencia.

Reformas políticas. Varias son esenciales y urgentes, entre ellas: 1) variar las condiciones que producen dispersión absurda, como las elecciones del 2018 en las que tenemos que decidir entre 18 agrupaciones nacionales y 17 provinciales; 2) crear distritos electorales para fomentar la responsabilidad y la rendición de cuentas a nivel regional y local; 3) darle carácter soberano a la asamblea legislativa, con el voto directo; 4) debatir y decidir si algunas condiciones propias de sistema parlamentario le convienen al país; 5) discutir la reelección en períodos sucesivos o la ampliación del período presidencial; y, 5) modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa.

Rediseñar, con criterio técnico, todos los procedimientos, privilegiando resultados en condiciones de equidad, eficacia, oportunidad y eficiencia.

¿Es posible iniciar el camino hacia estas vastas reformas? Cualquiera sea nuestra posición, postergar las reformas solo empeorará la situación. El punto 1, articulación de la dispersa administración pública, requiere un esfuerzo de racionalización, que necesariamente tiene que ejecutarse a largo plazo por las implicaciones en empleo; los siguientes dos son, en parte, tema de actitud y carácter. El presidente tiene la autoridad, por nuestra condición de Estado Unitario y el principio de rectoría para proyectarse sobre la totalidad del Estado. Igual, en el mediano plazo requiere que su autoridad sea definida en forma acorde con la responsabilidad global de conducción del Estado (punto 3). El sistema de gestión pública debe repararse de inmediato y se puede hacer por delegación, mientras nos llega una nueva CP. Hacer que el sindicalismo se comporte en forma acorde con la ética de servicio y que se limite su patrimonialismo y las huelgas que se ensañan contra los más débiles es un tema más complejo y de solución a largo plazo, a menos que aparezcan liderazgos sindicales más responsables que privilegien el interés nacional. Por sus implicaciones legales, el rediseño de nuestra división política administrativa se proyectará al mediano y largo plazo. Las reformas políticas posiblemente serían tema de una posible constituyente, mientras la necesidad de diseñar nuestros trámites es urgente y tiene mucho respaldo civil y político.

De modo que sí se puede, si encontramos el liderazgo, la visión y el carácter político; si esa visión tiene un diseño estratégico que lo haga atractivo e inteligible para todo el pueblo; y, si es difundido y compartido con la población civil, como garante del interés nacional, sin perjuicio de muchos intereses corporativos legítimos. Son condiciones que podrían darnos un proyecto nacional de cambio que entusiasme a todos y nos permita superar la crispación y el enojo que hoy prevalece.