El ICE, el país y la política

Como varias otras, el ICE fue una institución que brindó un enorme aporte a la transformación del país y al bienestar de todos los costarricenses. Cuando hablamos de equidad en nuestros editoriales, lo hacemos bajo la premisa de que de ella depende la excelencia del Estado. Equidad es un valor y un concepto que puede tener dimensiones muy simples, pero objetivas. Hemos dicho que en el Estado y en democracia, la equidad se mide por los niveles universales de cobertura y por coberturas especiales por factor de riesgo.

La decisión de nacionalizar la energía eléctrica y crear el ICE fue un esfuerzo democrático exitoso para brindar cobertura universal de electricidad toda la población. Creado en abril de 1949, hoy se encuentra en casi la totalidad de la extensión territorial patria como un servicio esencial que elevó la calidad de vida del costarricense. Fue parte de esa revolución que se gestó en la década de 1940 y que luego creció con la Segunda República.

Hubo otras iniciativas que a la larga nos dieron el desarrollo medio del que ahora disfrutamos. Notables fue la construcción de carreteras, la proliferación de escuelas y colegios, la creación de la Universidad de Costa Rica y de la CCSS. La infraestructura vial integró a un país altamente concentrado en la meseta central; la educación elevó nuestra calidad de vida, tanto en lo espiritual como material por el acceso a empleos de calidad y mejores ingresos laborales. La CCSS fue un complemento del desarrollo y base para que Costa Rica, en la década de 1980, creara el primer sistema nacional de salud de la región de América Latina y el Caribe (ALC). Por cierto, son instituciones que nos han dado una situación de privilegio internacional. Por una parte, el Indice de Progreso Social nos ubica entre los países de Alto Desarrollo Social. Y, ese mismo indicador, nos pone hoy, junto con Chile, a la cabeza del desarrollo social en ALC.

Sin embargo, algo falló, especialmente después de la crisis de fines de 1970 y principios de 1980. El Estado creció a un ritmo que entra en conflicto con las posibilidades de nuestros recursos y también en ineficiencia. La ética de servicio dio paso a un patrimonialismo endiablado que absorbe los recursos públicos y deja poco para la principal función del Estado: llevar bienestar a toda la población.

Un par de noticias dan fe de la crisis institucional por la que estamos pasando. El ICE ha pedido nada menos que un aumento de 18.82% en sus tarifas eléctricas. Ya esas tarifas son altas relativas a otros países de ALC y también del mundo europeo, donde solo nos superan Inglaterra y Holanda. Varias empresas se han llevado sus empleos a otros países, en busca de costos más competitivos. Con ajustes de la magnitud mencionada, en poco más de un quinquenio la energía, ya cara, doblaría su costo.

Lo grave es que todo esto es parte de un patrón por el cual, en la administración pública, cada vez que hay problemas, no buscamos mayor eficiencia sino más recursos presupuestales. Y hoy tenemos un déficit que posiblemente llegue al final de la Administración Solís Rivera al 7% del PIB. Los costos de ineficiencia son sustancialmente más altos. Los grandes consumidores y, seguro que la población en general, quisieran que el ICE y la administración pública logren mayor eficiencia para ajustar sus costos a nuevas realidades. El ICE, tendrá que alcanzar nuevos estándares de eficiencia para compensar el decrecimiento de la demanda eléctrica, que se reducirá en la medida que la matriz energética cambie en favor de otras fuentes de energía limpia.

También hemos perdido sensibilidad, lo que explica el fenómeno de pérdida de la ética de servicio público y el patrimonialismo que hemos mencionado antes. Otra noticia del día revela que un adulto mayor de 74 años, diabético e hipertenso, se encuentra en lista de espera de la CCSS por un ultrasonido programado para el año 2028, cuando cumpliría 84 años, si no fallece antes. La indignación ha llenado las redes sociales y la CCSS ha reaccionado para procurar una fecha más próxima para el ultrasonido. Eso resuelve el problema individual, pero ¿qué pasa con los casos similares que no reciben exposición de los medios?

Nuestro Estado está agotado. Estamos fallando en infraestructura, donde solo le ganamos a Haití en ALC; en educación, con recursos por encima de la media de los países de OCDE, pero con resultados bastante inferiores; en los temas judiciales, donde también crecen generosamente los recursos, pero baja el nivel y calidad del servicio, para mencionar unos pocos ejemplos. La situación se repite en las empresas públicas y en el régimen municipal.

Claro, nuestra forma de practicar la democracia también complica las cosas. Nos hemos llenado de grupúsculos que se hacen llamar “partidos políticos”, mientras el primer poder de la Nación es solo parcialmente soberano, al ser nombrado por las jerarquías políticas y presentado al votante en listas cerradas que enturbian la decisión popular. O, peor, sin distritos electorales, simplemente no hay posibilidad de rendición de cuentas.

Todo lo anterior para insistir que estamos frente a una crisis, que podríamos describir como el reto de recuperar la ética de servicio, mejorar la eficiencia y poner, primero, el bienestar de la población. Necesitamos un buen programa de gobierno, pero, curiosamente, hemos tenido en el pasado buenas propuestas que no se ejecutan, porque el diseño institucional público se nos agotó y los procesos están entrabados, duran mucho y no concluyen con resultados apropiados. Hay también buenos diagnósticos de nuestra problemática y tal vez algunos indicios de buena disposición política para el cambio. Necesitamos un liderazgo político que se focalice en el cambio y que tenga el carácter para conformar acuerdos en nuestro disperso entorno político y ejecutarlos. Nuestros líderes de antaño lo lograron y no hay razón para pensar que esta generación no tenga la capacidad para mover el timón en la ruta del bienestar de la población.

Las elecciones del 2018 no recibirán ningún beneficio de la propaganda radial y televisiva que nos invita a valorar con seriedad las propuestas políticas, 18 a nivel nacional y 17 a nivel provincial. Una locura. La reacción civil es de justificada confusión y reticencia a participar. A poco más de tres meses, entre un 30% y un 35% tienen alguna definición. Una parte sustancial no votará y otra se definirá por algún candidato a última hora. O, peor, la elección podría definirse en favor del candidato que satisfaga el sentimiento dominante de enojo popular. Y esto podría ser muy grave.