Cor-ticos

¿Es viable nuestro Estado? Posiblemente tendremos que caer en el abismo para plantearnos esa pregunta y buscar respuestas apropiadas. Sobre todo, actuar en consecuencia con nuestra realidad. Sabemos el alto costo político que España, Grecia, Puerto Rico y otros países pagaron por no hacerlo en forma oportuna.

Se nos agotó el tiempo. “Se hizo tarde” para arreglar las finanzas públicas, nos dice la Contraloría General de la República (CGR). Ignorar el déficit fiscal “eleva el nivel de riesgo del Estado en el no cumplimiento de su propósito esencial, que es el bienestar de la colectividad, y se amenaza la estabilidad económica del país”. El presupuesto del Gobierno Central llega a ¢9,3 billones y un déficit del 7% del PIB ¿Qué tan serio es el riesgo? Recordemos que el Gobierno, en el último año, se ha negado a pagar su aporte a las pensiones del régimen de IVM. Una de nuestras grandes conquistas está en riesgo, mientras los sindicatos y el Frente Amplio, socio del PAC, ejercen su presión en favor de mantener el statu quo.

¿Otra forma de ver la magnitud del problema? Tenemos otra perspectiva. Hemos dicho que el Estado tiene recursos, tal vez en exceso. El problema es ineficiencia pública, que la Sra Contralora reconoce cuando expresa: “…el gobierno presupuestó ¢108 para incentivos salariales por cada ¢100 destinados a sueldos, tema que no ha sido atendido ni por la administración Solís ni por los diputados”. Pero reiteremos nuestras cifras: el Estado costarricense, según cifras de la CGR, nos costó en el 2015 ¢22 billones, que equivalen al 77% del PIB. Las cifras para Noruega, Suecia y Finlandia son 51,10%, 56,10%, 50% y, para Brasil, Argentina y Uruguay 41,64%, 39,40% y 32,67% respectivamente. Somos líderes mundiales en gasto, pero la pobreza se mantiene en sus niveles históricos y la desigualdad sigue en los niveles más altos de la región de América Latina y el Caribe (ALC).

La huella del gasto público. En la administración pública, a cada problema se aplica una solución única: más presupuesto. Además, nuestro congreso sin rendición de cuentas y solo parcialmente soberano (los diputados son electos por las jerarquías partidarias) son ocurrentes y poco analíticos. Cada proyecto conlleva más gasto y con frecuencia creación innecesaria de nuestra entidades y más personal. Y decir, ese perverso proceso de toma de decisiones lo pagamos usted y yo, con más impuestos. Rara vez encontramos procesos que tiendan a racionalizar y mejorar los costos de operación. Es así que hemos creado ese lento paquidermo de Estado, conformado por más de 330 entidades públicas y un ejército de más de 300 mil funcionarios que no sabemos que hacen, gracias a un mal sistema de gestión pública y ausencia de evaluación del desempeño. Es un Estado para la ingobernabilidad.

La ruta del precipicio. La situación es en extremo delicada. Igual que los españoles, los griegos y los puertorriqueños, hemos metido la cabeza en la arena y no queremos enfrentar la problemática nacional. Cierto, es compleja, pero cada vez esa complejidad será mayor y las soluciones más dolorosas. Las causas subyacentes son muchas y por eso algunos ciudadanos han tomado la iniciativa hacia una constituyente. Tato, responsable por estas líneas, está de acuerdo con ello. Necesitamos un rediseño institucional.

Pero Tato también se plantea la interrogación ¿de qué sirve una nueva Constitución, cuando existe una cultura de irrespeto a la existente? Algunos ejemplos notables:

  1. En los últimos 29 años, los gobiernos han venido cubriendo el déficit crónico mediante endeudamiento. Esto es inconstitucional (Artículo 176 de la CP: “En ningún caso el monto de los presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”).
  2. Dice el artículo 191 de la CP: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. La ineficiencia abunda y el Servicio Civil ha sido anulado como una institución viable. No se aplica en la mayor parte del Estado.
  3. Dice el artículo 188 de la CP:” las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”. Sin embargo, la autoridad de gobierno no se ejerce y hay unas 82 entidades públicas en algún régimen de autonomía (posiblemente la fragilidad reside en la capacidad del Ejecutivo de formular Políticas de Estado que determinen las estrategias y grandes directrices públicas).
  4. El artículo 33 de la CP dice: “todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna a la dignidad humana”. Sin embargo, el Estado se ha llenado de privilegios, incluso en el Poder Judicial que debería dar ejemplo de respeto a la CP. La discriminación también es endémica, representada por los que quedan excluidos de tales privilegios. Como bien lo reconoce la Sra. Contralora, hay otra forma más perversa de discriminación: en la medida que el Estado crece en costo y disminuye en servicios, vastos sectores de población vulnerable quedan desprotegidos (pobreza y desigualdad).
  5. Dice el artículo 61 de la CP: “Se reconoce el derecho … de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos. Sin embargo, las huelgas se producen precisamente en los servicios públicos, en especial los más esenciales, como educación, salud y seguridad. Ocurren incluso con impedimento del ejercicio de derechos constitucionales de la ciudadanía, por ejemplo, su libertad de tránsito por las vías nacionales. Además, las autoridades, incluso en el Poder Judicial, se arrogan el derecho a aplicar selectivamente la ley, por ejemplo, cuando evaden, por negociación o por indiferencia, suspender el pago de remuneraciones a los huelguistas ilegales.

El cambio pendiente, la gran deuda política. Es posible que el presidente Solís haya sido electo por la promesa electoral del cambio. Su discurso de los primeros 100 días descubrió con dureza la inutilidad del Estado actual y generó la ilusión del cambio de nuestra institucionalidad pública. Pero no fue así. El sistema político va a la deriva con su dispersión excesiva: tendremos que elegir entre 18 candidatos nacionales y 17 provinciales y, además, de las listas de diputados que nos imponen las jerarquías partidarias. La política tiene su propia crisis estructural, pero el Sr. presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, solo nos advierte por los riesgos del cementazo. No hay luz al final del túnel.