Sígale la huella a la desigualdad. Es fácil

Un estudio patrocinado por la Representación de Naciones Unidas en Costa Rica, elaborado por dos conocidos investigadores nacionales, reconoce como motor de la creciente desigualdad en Costa Rica tres causas: el régimen de privilegios remunerativos del sector público; los impuestos indirectos; y, el modelo de desarrollo costarricense, sustentado en empleos de calidad a los que un amplio sector no tiene acceso por una variedad de razones. Como todos sabemos, la Administración Solís Rivera, se ha resistido a racionalizar el régimen de empleo público y atacar sus privilegios, pero, además, favorece el incremento del gasto por la vía de los regresivos impuestos indirectos.

El Estado costarricense es un paquidermo que tiene gran dificultad de movilizarse en cualquier dirección. Ya lo hemos dicho, es posiblemente uno de los más costosos del mundo. En el 2015, cuando Don Luis Guillermo Solís distribuyó recursos a granel, el costo de operar el estado (presupuesto nacional) llegó a los ¢22 billones, equivalentes al 77% del Producto Interno Bruto. Hemos dicho en varios editoriales, que las cifras comparativas de países como Noruega, Suecia y Finlandia son 51,10%; 56,10% y 50%, respectivamente. Y, si la comparación la hacemos con países de la región, tenemos que para Brasil, Argentina y Uruguay las cifras son, en el mismo orden, 41,64%; 39,40% y 32,67%. Somos líderes en nivel de gasto público.

El problema no es tanto el nivel del gasto, sino la evidente ineficiencia del aparato público, la cual con frecuencia es el principal obstáculo a las iniciativas de desarrollo. Todo lo que hace el Estado es de calidad pobre, pero los costos se diluyen en larguísimos procesos que multiplican varias veces los valores originales. Varios estudios evidencian un patrón insostenible, en el que crecen los costos, pero se reducen los servicios. Uno, de OCDE, se refiere a la educación, superior a la media de los países de esa organización, pero inferior en resultados. Otro, elaborado por el Informe Estado de la Nación, denota la misma situación con el Poder Judicial. Y otro más, sugiere que, si los Ebais sindicalizados de la CCSS funcionaran con los niveles de eficiencia de los cooperativizados, se podrían bajar los costos a la mitad o, doblar la cobertura de servicios de salud con los mismos recursos asignados. Es decir, el costarricense cada vez paga más por los servicios públicos y recibe productos de inferior calidad y mayor costo. Peor, dada la dependencia de los sectores más desfavorecidos en los servicios públicos, esta situación se refleja con mayor severidad sobre ese sector.

El sindicalismo público es posiblemente el principal factor de ingobernabilidad, lo cual aumenta ese desequilibrio. De hecho, el efecto de las “conquistas” laborales constituyen una de las razones por las cuales el Estado ha llegado a niveles de ineficiencia inaceptables. La tendencia global ha sido de un crecimiento acelerado en salarios, acompañado de un decrecimiento sostenido en el gasto de capital. Por ejemplo, en 1970 el costo de la planilla pública era el 34% del PIB y en 1990 llegó al 50%. En ese período el sector público creció el 5,6% anual, mientras el PIB lo hizo al 3%. Aunque tengamos un Estado costosísimo, la Administración Solís Rivera, que fue generoso con las transferencias y con los incrementos salariales, hoy reconoce que no tiene suficiente dinero para mantener su ritmo de gasto. Entre otras cosas, se ha negado a realizar sus aportes a las pensiones del IVM, simplemente porque no tiene dinero. Este es un caso de particular relevancia, porque demuestra que todos los beneficios logrados principalmente en la década de 1940, pueden estar en riesgo de desaparecer.

La ineficiencia, aunque abunda en el Gobierno Central, también se encuentra en las instituciones autónomas y en las empresas del Estado. Ya dejamos claro que los Ebais que administra la CCSS cuestan el doble que las administradas por las cooperativas. El ICE produce una energía cara tanto por ineficiencia interna, como por el alto costo de sus inversiones, que siempre resultan sustancialmente más altas de lo programado. Algunas empresas optan por llevarse sus empleos a países más competitivos. Una noticia de esta semana contiene un pedido de incremento del 19% (el año pasado fue del 10%), en parte para enfrentar la disminución del consumo. Es el patrón que se sigue cuando no hay competencia. En vez de ajustar los costos, se acude a una nueva tarifa o al presupuesto público. Es también la vía a través por la cual se acumula la ineficiencia y se incrementan los costos.

Es del conocimiento público que los costos de administración de Japdeva ya no le permiten aportar recursos al desarrollo de la vertiente Caribe. Recope arrastra una costosa planilla por refinación que no hace desde varios años atrás. El CNP ha perdido sus objetivos originales y se le mantiene con “respiración artificial” a uno enorme costo para el erario público y fondos aportados por FANAL, que también se encuentra en crisis. El patrón es el mismo: más ineficiencia, más costos y menos servicios, de inferior calidad, siempre en perjuicio de los más vulnerables.

Entre las empresas públicas, nuestros bancos hacen un aporte directo a la desigualdad. Por su condición oligopólica, la ineficiencia se refleja en costos de intermediación, que fácilmente doblan los de los bancos privados. Estos emulan estos altos costos, con lo cual pasan ganancias muy superiores a sus accionistas, que conforman el sector más rico de la población. Una forma de elevar los ingresos y ensanchar la desigualdad entre el rico y el pobre.

El cementazo es otra forma de desigualdad. Refleja cómo los sectores más poderosos pueden aumentar su riqueza con los recursos públicos. En este caso, el empresario J. C. Bolaños, pudo conseguir, con gran facilidad y sin mayores requisitos, lo que a un ciudadano de clase media o pobre le sería imposible, por más que sus necesidades sean evidentes. Ya sabemos que el Sr. Bolaños no pagará cerca de $5 millones que le prestó el Banco Popular, porque la garantía es insuficiente (3 subastas de dos o tres terrenos de garantía fracasaron). Pero el Sr. Bolaños es hoy $5 millones más rico. Más de $30 millones del BCR corren el mismo destino por las mismas razones y con el mismo efecto en desigualdad.

Nuestro Estado se ha vuelto corporativista. Es decir, el ciudadano cuenta poco o nada, sino está agrupado en alguna forma de asociación, pero no existe tal entidad que acuerpe el interés nacional. En cambio, amplios sectores,de ingresos medios alto hacia arriba, generan presiones exitosas sobre los cuantiosos recursos del Estado. Nos referimos a los sindicatos públicos; la asociaciones agrícolas, ganaderas o, industriales; y, los colegios profesionales que, siendo organizaciones privadas han logrado el status de “interés público”, lo que les permite fijar tarifarios abusivos, sin relación con el mercado o, con la complejidad de las tareas involucradas. En algunos casos, el Estado incluso les ha cedido una parte de su autoridad para el establecimiento de aspectos sensibles de la política pública.

Un último ejemplo: el impuesto a los combustibles derivados del petróleo, que aportan cerca del 20% de los ingresos tributarios del Gobierno y que pagamos todos, ricos, clase media y pobres, exactamente igual. Es, posiblemente, el impuesto más regresivo que tiene el Gobierno.

La desigualdad se ha incrementado en forma sustancial en décadas recientes. En otras épocas, Costa Rica brilló por sus altos niveles de equidad. De alguna manera, el Estado, en su estructura política e institucional, se ha vuelto un productor de desigualdad. Las medidas que la Administración Solís Rivera se han acomodado a esta situación con su terca oposición a racionalizar el empleo público y su aspiración por más impuestos indirectos. Según parece, ha aceptado no incrementar el impuesto de ventas al 15% (del actual 13%) y, en cambio, incorporar servicios como alquileres, tarifas médicas, legales, de construcción, etc., que saldrán del bolsillo del consumidor. Otro aporte a la desigualdad.

Por si acaso usted lo olvida, recuerde que la democracia también es desigual, porque los costos para acceder a cargos de elección popular no son accesibles a las mayorías y, en todo caso, no nos permiten la elección directa de diputados, seleccionados por las jerarquías partidarias.