El Tribunal Supremo de Elecciones no entiende el fenómeno del abstencionismo electoral

Está equivocado un jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cuando, en un programa radial de esta semana, intenta explicar el absentismo electoral. Tampoco parecen relevantes las declaraciones del presidente del TSE al dar el banderazo de arranque para las elecciones del 2018 y pedir al electorado que afinen su interpretación del entorno que hoy vive la política, matizado por el cementazo y los problemas asociados con el Banco de Costa Rica. Hay, en efecto, un creciente rechazo de la política y un sentimiento de crispación y enojo, porque la democracia no produce los niveles de bienestar que todos creemos posibles con los recursos y las potencialidades que el país ya tiene. No faltan indicadores o situaciones adicionales que deban preocupar al TSE, pero es, cuando menos una distracción, buscar explicaciones totalmente incoherentes con la realidad nacional.

Hay hechos muy concretos que sí explican por qué los costarricenses estamos decepcionados de la política y por qué algunos cumplimos nuestro deber cívico sin esperanzas de que los problemas que nos agobian se resuelvan, mientras otros asumen una actitud de aislamiento y rechazo total. Veamos algunos.

Por qué votar si el presidente electo, aún algunos buenos, siempre nos quedan debiendo. El país no necesita el consejo del presidente del TSE, que nos pide “mantener una actitud crítica ante los rumores y anónimos, al tiempo que los invita a buscar información de fuentes verificables y balanceadas”. En realidad, los programas que nos proponen los candidatos son bastante buenos, pero lo que alimenta el sentimiento de crispación y desconfianza es que, sistemáticamente, esos programas no se ejecutan. Sin “buen gobierno”, que hace tiempo no se practica, una buena parte del electorado no tiene razón para acudir a votar.

¿Por qué incumple el presidente? Algunos presidentes tienen una cuota de culpa, pero las condiciones en que actúan no les permiten cumplir con sus promesas electorales: 1) al presidente se le viene cercenando la autoridad desde el 49; 2) el Estado, con más de 330 entidades y más de 300 mil funcionarios es inmanejable; 3) la estructura misma de esas entidades atenta contra el buen gobierno, por ejemplo, con la existencia de más de 80 entidades en algún régimen de autonomía que pretenden independencia, por encima del principio de Estado Unitario y Rectoría; 3) el sistema centralista, mesetero, es inadecuado, pero jamás se podrá desconcentrar con 82 gobiernos locales; y, 5) los modelos de gestión política y gestión técnica son un desastre, al punto de que no tenemos Políticas de Estado y los procesos de ejecución son eternos y onerosos. Toda esta problemática tiene que ver con un Estado fallido, que en el 2015 nos costó 22 billones de colones, equivalentes al 77% del PIB, y que aporta poco, muy poco, al desarrollo o en muchos sentidos lo obstaculiza.

El voto puede ser un engaño. Lo que cuenta es la presión corporativa, a través de la cual se defiende el interés particular, en perjuicio del interés de la población en su conjunto. Además, el interés corporativo que conforma el sindicalismo público es quizás el principal factor de ingobernabilidad. El TSE debería preocuparse de que ese sindicalismo atente contra el poder soberano, ejerciendo un poder de veto que nadie le ha dado en decisiones originadas particularmente en los poderes legislativo y ejecutivo. Es lo que viene ocurriendo en casos como las reformas al sistema de pensiones, al régimen de empleo público y logrando la renuncia del presidente ejecutivo de la CCSS. De hecho, los sindicatos han logrado suspender el Estado de Derecho, cuando la ley se les aplica en forma selectiva, por ejemplo, con la ilegalidad de la huelga reciente en el propio Poder Judicial, que no ha producido ninguna acción correctiva, o la acción del exministro de trabajo y ahora precandidato del PAC que eximió a huelguistas ilegales de la pérdida de sus salarios, como lo establece la ley. El votante se pregunta, en realidad ¿Quién gobierna en Costa Rica?

El poder legislativo no es soberano. Los diputados son elegidos por las jerarquías partidarias, que responden a la presión corporativa y del capital. Los votantes son obligados a escoger de unas listas que le imponen los políticos. Además, la mala calidad del congreso es muy visible para el votante común, con el agravante de que no contamos con un buen sistema de distritos electorales que hagan posible la rendición de cuentas en el plano local o regional.

Cualquier persona puede ser candidato a presidente. Deberíamos esperar que la conducción del gobierno, en aras de buenos niveles de desarrollo y justicia social, la hagan personas ejemplares en competencia, honestidad y carácter. Sin embargo, la campaña electoral está poblada de candidatos que fácilmente pueden organizar, no un partido, sino un grupúsculo que lo lleve por lo menos a la posición de diputado, con frecuencia inclinado por intereses particulares. El sistema de validación de precandidatos y candidatos debería ser más exigente e impedir la dispersión que tendremos en el 2018, con 35 candidatos, entre nacionales y provinciales. Esto le resta seriedad al proceso electoral.

El gobierno ha sido asaltado por los mismos políticos que nos tienen en crisis. Los políticos que succionan la ubre del Estado se perpetúan en el poder por distintos medios. Si no hay renovación, tampoco habrá cambio del agotado diseño de nuestro Estado. Nótese que muchos diputados que fracasaron en el pasado intentan repetir; que los ministros que no impulsaron el cambio necesario, ahora aspiran de diputados o presidentes; que las juntas directivas son una especie de consuelo para políticos desocupados o que quieren ocupar las estructuras de poder para beneficio propio o de sus “asociados”; que unos directivos intentaron incrementar sus ingresos ocupando posiciones en varias juntas directivas de la misma banca, ignorando un posible conflicto de intereses; y, que hay un proyecto en estudio para degradar los requisitos de los directivos en el Banco Popular y aumentar su número, para abrir las puertas a los diputados cuando terminen su gestión legislativa.

¿Quién es culpable? Primero, no argumentamos que el TSE tenga toda la culpa de la crisis en que estamos metidos. De hecho, puede ser el que menos culpa tenga. Sí creemos importante que el TSE tenga una visión más realista de la situación y promueva su debate en ámbito nacional. El presidente del TSE no tiene que prevenir a los ciudadanos para que analicen con seriedad la gravedad del cementazo y las debilidades del sistema bancario nacional, por cierto explicado con más propiedad en el último Informe Estado de la Nación. En todo caso, no son las buenas ideas las que escasean. Como lo hemos dicho, algunos candidatos han hecho excelentes propuestas programáticas, pero las incumplen. Y, sin una reforma a fondo al Estado, no lo harán. Ese Estado, posiblemente uno de los más costosos de todo el planeta, que le dio vuelta al rótulo, con un patrimonialismo voraz que no deja recursos para las cosas más esenciales. No solo nos cuesta en exceso, sino que aporta poco al bienestar de todos los costarricenses y, en muchos sentidos, es uno de los principales obstáculos a nuestro desarrollo. Señores del TSE, ese es el problema de fondo del rechazo al sistema electoral. No perdamos tiempo, recursos y oportunidades en otras cosas.