Las sombras que marcan la Administración Solís Rivera

En el proceso electoral del 2014, dos ideas parecían claras en los mensajes de campaña del PAC: la promesa de dar a la política y a la gestión pública un golpe de timón, el cambio que todos esperábamos; y, el tema dominante de esa agrupación, la ética de la gestión pública. El entonces candidato, Don Luis Guillermo Solís Rivera, nunca ofreció explicación alguna sobre el contenido del cambio, aunque durante el discurso de los 100 días ofreció un crudo diagnóstico de la administración que nos hizo pensar que sería la reforma del agotado Estado costarricense. Pero no fue así y quienes lo eligieron presidente quedaron esperando y frustrados.

Algunas fuentes cercanas a la cúpula del PAC aseguran que ya había una propuesta de reforma estatal con la que el entonces candidato se había comprometido, pero a menos que esas fuentes lo hagan público, no se podrá dar como un hecho. Lo que es evidente durante todo el curso de su administración, a unos pocos meses de concluir, es que el presidente Solís no ha dado muestras de querer atacar el fondo de los problemas que tienen secuestrado nuestro desarrollo. Es posible que, ideológicamente, el presidente crea que el tamaño del Estado, uno de los más costosos del mundo, según indicadores que hemos aportado, es el que determina su fuerza. Esta es una posición minoritaria que va contra el sentimiento nacional que lo ve como un aparato que consume recursos a granel, pero aporta poco al bienestar social y al desarrollo del país. También es evidente que sus principales socios de gobierno, el Frente Amplio y los sindicatos se oponen a las reformas del Estado. Incluso en temas tan sensibles como el de las pensiones, la presión sindical hizo que el presidente Solís pidiera la renuncia de la Dra. Sáenz, presidente ejecutiva de la CCSS.

Con respecto a la ética, sobre enfatizada por la imagen de la casa con techo de cristal, es uno de los principales problemas de la Administración Solís Rivera. Dejemos claro, sin embargo, que la inmensa mayoría de los costarricenses piensan que el presidente Solís es una persona honesta y personalmente incapaz de ningún acto de corrupción. Sin embargo, los corruptos han rondado la casa presidencial y el engaño del cambio ofrecido en campaña no deja de ser violación ética.

Es evidente que ambos tipos de conducta ocurran, sin que el presidente pueda controlarlos, entre los cientos de miles de actos que se producen en las más de 330 entidades públicas y en más de 300 mil funcionarios públicos. Algunos se detectarán y recibirán el peso de la ley, mientras muchos se ahogarán en la vorágine legal que hemos construido. Muchos otros ni siquiera serán detectados.

Lo que está mal es que el presidente, desde su nuevo bipartidismo (FAAP: Frente amplio y Acción Ciudadana) intente presumir que su administración es un modelo de pureza y que quienes están manchados en su carácter son los liberacionistas y los socialcristianos. Las cosas, al final de cuentas, no son distintas en la Administración Solís Rivera. O, tal vez sí lo sean. Porque los principales partidos tradicionales pueden presumir de una enorme obra: la seguridad social, las garantías sociales, el ICE, el salto cualitativo en la educación, la integración del país y la economía con carreteras de penetración, la eliminación del ejército y, la paz de Centro América. Gracias al aporte de los partidos tradicionales, Costa Rica hoy es líder del desarrollo social, según el nuevo y más completo Índice de Progreso Social ¿De cuáles grandes obras puede presumir el gobierno del presidente Solís?

El presidente debería dejar la crítica y justificar sus propios fracasos culpando a administraciones anteriores. Debería preocuparse por rescatar algo de su propia administración, aunque ya parece tarde. Su gobierno ha sido sacudido desde un principio por irregularidades, unas violatorias de la ética y otras de la legalidad, como ocurrió con el ilegal prepuesto del 2015. El cementazo es la cereza del pastel. El tráfico de influencias que este fenómeno implica cubre a la totalidad del Estado, con una participación dominante y visible de la casa presidencial. El escándalo seguirá ahí por unos meses y cubrirá de sombras una administración, llena de incoherencias, que empezó mal y mal parece acabar. El presidente, de largo andar por los caminos de la política, parece amarrado en sus propios mecates. Pedir la renuncia de la junta directiva del BCR posiblemente sea un acto torpe, porque arrastrará el problema, tal vez incluso más allá del final de su administración. Y este es el mayor escándalo de la política nacional en muchos años.