Serias contradicciones en la política pública del gobierno: el cementazo y el proteccionismo arrocero

La justificación por la activa participación de la casa presidencial en el caso del cementazo, peca de invalidez.  Según palabras del propio presidente Solís la participación del Gobierno en este asunto busca romper el duopolio ejercido por dos empresas que manejan el mercado y favorecer al consumidor y a la economía nacional. Sin embargo, conforme se acumula información sobre el caso, aparece con claridad una red sistémica de tráfico de influencias, centrada en la casa presidencial, pero que se extiende a los poderes legislativo y judicial. Lo que también es evidente, es la ausencia de una política pública dirigida a la protección del consumidor, frente a los extensos abusos de variados productos e intereses corporativos especiales.

La inconsistencia política del Gobierno es evidente en un artículo de prensa bajo el título Actual Gobierno fortaleció medidas proteccionistas en favor de arroceros. Esta acción, referida a un producto esencial del consumo popular, alimenta la desconfianza en el ejecutivo en relación con el desequilibrado juego de intereses especiales, en el que ciertos grupos hacen de tigre suelto, frente al consumidor que hace de burro amarrado. Más cuando se entra en falaces argumentos, por ejemplo, cuando Conarroz y el gobierno, asumen una equivocada definición criolla de la seguridad alimentaria. Según el viceministro del Ministerio de Agricultura, Sr. Arguedas, que tiene a cargo este tema, la intención es proteger ese concepto, al mantener la producción nacional en el entorno del 50% o 60%. Pero los organismos internacionales definen la seguridad alimentaria, no por los privilegios del productor, sino por el acceso del consumidor a productos esenciales para su supervivencia. Aumentar los impuestos de un 35% a un 62,06%, lo que hace es encarecer el producto y en esa medida limitar su acceso a la población. Esto es la negación de la seguridad alimentaria.

El tema del arroz es de larga data. Un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE) señala que “el actual sistema ha provocado: concentración del sector en pocas manos, desincentivo para aumentar la productividad, que los productores pequeños no reciban el precio estipulado, y que los consumidores paguen más por el arroz que se consume”. Por otra parte, el proteccionismo al que ahora acude con fuerza la Administración Solís Rivera (ASR) ha tenido el efecto de proveer incentivos económicos a los más poderosos arroceros y con ello impedir la innovación de los procesos productivos para hacerlos competitivos con los países de los que hoy importamos. Aunque la actuación de la ASR es contradictoria, esto lo reconoce el Viceministro de Agricultura encargado del arroz, Sr. Arguedas, cuando dice que “el productor nacional tiene costos de producción muy altos… donde nosotros les insistimos a los productores en que las políticas de defensa comercial no son eternas; no son para siempre”, un viejo argumento que los políticos vienen usando y los productores ignorando desde hace muchos años. Estos tienen en el proteccionismo un incentivo para no actuar y la ausencia de un disuasivo para dejar técnicas improductivas e innovar en favor de costos más bajos.

La posición del Gobierno en ambos casos involucra dos falacias de la ASR. La primera es la negacion, a pesar de la clara evidencia, del tráfico de influencias, muy concentrada en la casa presidencial, pero de carácter sistémico porque contamina también al congreso y al poder judicial. Además, no hay en la ASR una política explícita de protección al consumidor, frente a muchas situaciones en las que el interés especial toma precedente sobre el interés de todos. La segunda está presente en el caso del cementazo. Por una parte, no es cierto que exista una política marco que acomode el caso del cemento; por otra, una golondrina no hace verano: la presencia del proveedor Juan Carlos Bolaños no haría una diferencia en el mercado, porque seguro habría colusión entre tres, cuatro o cinco provedores, como es hoy práctica en varios sectores de la economía nacional. En casos similares a Conarroz, los transportistas, los colegios profesionales (sindicatos privados) etc., los intereses corporativos vienen ivadiendo espacios de decisión política que deja el Gobierno. Es una de las muchas presiones en favor de una creciente desigualdad, que, por cierto, supera a la de la mayoría de los países de la región.