Los problemas de la banca pública y más

Tiene razón Varguitas, pero solo a medias. Ciertamente la banca necesita directivos seleccionados de acuerdo con las competencias propias del sistema bancario. Hoy selección es política y las estructuras internas son corporativas, es decir, representan intereses particulares de los sindicatos y las cámaras agrarias, comerciales e industriales. Esos intereses con mucha frecuencia entran en conflicto con el interés nacional y, por tanto, agregan un factor complejidad al funcionamiento de las juntas directivas.

Sin embargo, Varguitas se refiere solo al BCR ¿Por qué no a todos los directivos del sistema bancario público? ¿Por qué no a los de las otras instituciones públicas, esenciales para el desarrollo nacional y el bienestar de nuestra población?

La verdad sea dicha, las juntas directivas son un punto de acomodo del sistema político nacional y de repartición del poder político, como si fueran propiedad del presidente o de su partido: yo gano 3 y tú te quedas con 4.

Cuando un político queda desempleado, por despido o porque el período de gobierno llegó a su fin, busca alguna manera de seguir pegado a las ubres del Estado y los puestos de directivos en diversas juntas se convierten en una tabla de salvación. No intentamos desprestigiar la política, que es esencial a la democracia. Pero cuando penetra el campo técnico, los resultados suelen ser catastróficos. Tres o cuatro créditos otorgados en las últimas dos administraciones podrían representar pérdidas por más de $100 millones, de fondos que tiene garantía soberana, precisamente cuando el país enfrenta una crisis fiscal.

Situaciones como las que enfrenta el BCR alimentan la sensación de crisis política que hoy domina el sentimiento nacional. También es muy posible que el caso del BCR guarde una cercana relación con el problema que, a nuestro juicio, constituye uno de los grandes desajustes del sistema político-administrativo que hace disfuncional nuestro Estado: la incapacidad para separar la función política de la función técnica y mantener un equilibrio entre ambas. Nuestros políticos, ni cortan leña, ni prestan el acha. Hay fallado en lo más esencial: dotar al país de Políticas de Estado que señalen las grandes prioridades nacionales y no digan cuál son las bases de la solidaridad que queremos para nuestra sociedad; pero también han fracasado miserablemente en su capacidad ejecutiva y han llenado al Estado de costosos e interminables procesos que no producen resultados o lo hacen en condiciones inapropiadas de calidad, oportunidad y eficiencia. Todo eso afecta la productividad del cuantioso recurso público y, a la larga, la equidad del sistema democrático.

Las juntas directivas parecen un mal innecesario que acompaña a unas 82 instituciones que funcionan en algún régimen de autonomía, que ha servido para construir privilegios inconstitucionales (artículo 33 de la CP) y que, según la Contraloría, no ha reportado mejoras en eficiencia con respecto a la administración centralizada. La mayoría de ellas podrían desaparecer sin paz ni gloria, y sí, posiblemente con algunos beneficios institucionales. Las razones deberían ser obvias: representan intereses corporativos que fácilmente entran en conflicto con el interés nacional; siendo un órgano colectivo, las decisiones son necesariamente lentas; si la responsabilidad es colectiva, la rendición de cuentas no funciona; debilita e interfiere con la responsabilidad de la gerencia general; y, el factor político prevalece sobre las competencias.

Si los directivos tienen un impacto decisivo en la gestión de las instituciones respectivas, la evidencia es contundente y demuestra fracaso generalizado, como puede demostrarse con algunos ejemplos: la colas de la CCSS; los altos costos de la energía que produce el ICE y su impacto en empleo por la fuga de empresas a otros países; la quiebra, primero del Banco Anglo, pero también de Bancrédito que hace años debía haber cerrado; el CNP que ya no tiene sentido pero nos sigue costando un montón de dinero; la Fábrica Nacional de Licores; RECOPE que nos cobra por la refinación que no hace desde el 2011 y por otras aventuras fracasadas; JAPDEVA cuyos costos administrativos ya no le permite aportar al desarrollo del Caribe; las corruptelas de INFOCOOP; y, la vorágine de los consejos del MOP. Con más de 80 entidades públicas en algún régimen de descentralización, ejemplos similares abundan.

Sin embargo, no podemos ignorar la situación particular de la banca pública, nacionalizada con dos objetivos principales: democratizar el acceso al crédito e impulsar la economía nacional. Ambos se han perdido, como ha sido documentado por el más reciente Informe Estado de la Nación. La ineficiencia de la banca pública produce costos de intermediación que doblan los de la competencia y la media de los países de la OCDE. Y aquí podemos intentar algunos argumentos que posiblemente resulten polémicos, además de exponer algunos sesgos ideológicos. Por ejemplo, sabemos que la banca privada en nuestro propio país sí tiene costos de intermediación compatibles con tendencias de normalidad y que rondan la mitad de los costos de intermediación de la banca pública. Por tanto, tendría sentido la hipótesis de privatizar la banca pública, para que esos objetivos se cumplan y se concrete la finalidad última de dotar al país de mayor equidad. Es decir, el crédito se abarataría, más gente de clase media y clase baja podrían beneficiarse y se lograría un estímulo al crecimiento.

Por supuesto, esta idea irrita a la ideología socialdemócrata y a otras izquierdas, aunque el resultado sea mayor equidad. Cierto, algunos se enriquecerían más con un mercado más grande, pero eso es precisamente lo que hoy está ocurriendo. En condiciones de oligopolio, la banca privada se acomoda a los costos de intermediación de la banca pública y con ello genera mucho más ingreso para sus accionistas. En esencia, la ineficiencia de la banca pública está incrementando la riqueza de los más ricos y con ello haciendo un aporte a la desigualdad.

Por supuesto hay otro camino menos irritante para las izquierdas y las ideologías. Los objetivos de los padres de la segunda república se podrían cumplir si a la banca pública se le dan dos o tres parámetros de eficiencia y un tiempo, digamos entre 2 o 3 años, para aplicarlos. Hay dos problemas para ello: uno, que el patrimonialismo que hoy prevalece en un régimen de grandes privilegios opondrá una fuerte resistencia sindical y, otro, que nuestros nuevos liderazgos políticos no parecen tener las agallas para adoptar reformas de fondo que el país pide a gritos. Los problemas de Bancrédito son viejos, de varios años atrás, pero nuestros gobernantes han venido pateando la pelota, igual que lo hace ahora la Administración Solís Rivera. Algo similar ha ocurrido con el CNP y la Fábrica Nacional de Licores que no tienen hoy razón para persistir como entidades públicas.

La situación de la banca se relaciona también con el inadecuado modelo de gestión pública que ha prevalecido en Costa Rica. Reiteremos la carencia de Políticas de Estado, fuente de dirección y, a su vez, del control de la dispersión de esfuerzos, recursos y pérdida de oportunidades de bienestar. A lo que se agrega una incapacidad obvia de ejecución, aún de proyectos simples que mueren en los tentáculos de nuestra compleja tramitología. Si nuestras capacidades de dirección y ejecución son mínimas, casi inexistentes, que se puede esperar de los 22 billones que nos costó el Estado en el 2015, de sus más de 330 entidades públicas y de más de 300 mil funcionarios que laboran sin evaluación de su desempeño. Solo dispersión y un descomunal despilfarro de recursos. Lo expresó con claridad el presidente Solís en su discurso de los 100 días: “el desorden es inimaginable; la ineficiencia intolerable; la irresponsabilidad insospechable. Todos sabemos que esto se magnifica y reproduce en semejante caldo de cultivo: corrupción, corrupción y más corrupción”. Lamentablemente el presidente no hizo nada al respecto.

Regresemos donde empezamos. Cierto, sería deseable eliminar la política de las juntas directivas de los bancos, pero también de toda entidad pública, aunque tal vez deberíamos valorar la posibilidad de eliminarlas del todo. Pero, si queremos mantenerlas, primero, no hay nada malo en que el presidente y su gabinete mantengan la responsabilidad de su nombramiento. Lo que se requiere es definir con claridad los requisitos, restringirlos a las competencias propias de cada institución, eliminar toda posibilidad de representación corporativa y delegar su selección a un órgano competente e independiente del aparato político.

Sin embargo, también tenemos que reconocer que esto es una gota de agua en el océano. No hará mucha diferencia en un sistema bancario tomado por el patrimonialismo, con elevados niveles de ineficiencia y pérdida total de los objetivos que produjeron su nacionalización. Tampoco en la problemática general de la ineficiencia pública masiva, que hace que los 22 billones de colones que todos aportamos para mantener el aparato público sea pólvora en zopilotes: el Estado, en su forma actual, está lejos de lograr su finalidad última de producir bienestar, sin las grandes exclusiones que son fuente de inestabilidad y tal vez también de riesgo para la democracia costarricense.