La confusa ética del PAC al concluir la Administración Solís Rivera y el inicio de la campaña electoral

La interpelación del presidente se producirá este lunes en la noche y en la Casa Presidencial. El presidente Solís deberá explicar la facilidad que el empresario Juan Carlos Bolaños ha tenido para lograr 6, 7 o tal vez reuniones en la propia Casa Presidencial, alguna de las cuales se hicieron con la presencia del diputado de mayor confianza del presidente, Sr. Morales Zapata, y el Sr. Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con la que ese empresario ha tenido una buena cantidad de contratos. La reunión que en su momento la presidió el Ministro de la Presidencia, Sr. Melvin Jiménez, propiciaron decisiones ejecutivas, inusualmente ágiles para cambiar un reglamento y facilitar el ingreso del cemento chino debe ser objeto de especial consideración.

Justifica el presidente Solís las muy frecuentes reuniones en la Casa Presidencial con el empresario Bolaños, sobre las bases de la lucha para romper el “duopolio” que ejercen dos empresas sobre el costo del cemento y favorecer mejores precios para este importante producto. Esa justificación no es genuina y el presidente Solís debería reconocerlo para despejar las dudas que la población tiene sobre un posible tráfico de influencias. Por una parte, el gobierno no tiene una política pública frente a la extensa red de monopolios y oligopolios que favorecen los intereses económicos de unos pocos poderosos y perjudican al consumidor. Focalizarse en un caso, lleno de oscuras sombras, no parece una posición creíble. Tampoco es cierto que sea frecuente que cualquier ciudadano pueda tener el tipo y frecuencia de acceso que el Sr. Bolaños ha tenido a la casa presidencial. Si esos accesos han sido permitidos por sus colaboradores, el presidente Solís debe ser contundente en decir quiénes son y despedirlos.

Por otra parte, la lucha en favor del consumidor es loable, si se enmarca en una política nacional y si se hace fuera de toda relación con el interés particular de un individuo o de un grupo de interés especial, lo cual no ha ocurrido con el cementazo. La percepción de tráfico de influencias se acentúa por la facilidad y rapidez con que el empresario Bolaños obtuvo un sustancial crédito con el BCR, potencialmente riesgoso para los recursos públicos que esa institución maneja.

Préstamos riesgosos en el Banco de Costa Rica. La Junta Directiva se encuentra integrada en mayoría por miembros nombrados por la ASR (Administración Solís Rivera). También parece, según declaración de la actual presidente de la Junta Directiva, que la iniciativa de nombrar al gerente general, Sr. Barrenechea, hoy suspendido mientras se llevan a cabo algunas investigaciones, nació en la propia Casa Presidencial. En todo caso, el problema inmediato de la politización de las Junta Directiva del BCR, es común a otras entidades públicas. Es bueno recordar, como un acontecimiento paralelo, la iniciativa existente que se encuentra en la corriente legislativa para degradar los requisitos de los directivos del Banco Popular y ampliar su número, ampliando así las oportunidades de trabajo para políticos desempleados al concluir el término de su gestión. Esta iniciativa contó con un fuerte apoyo del ahora cuestionado diputado Morales Zapata. Eliminar y/o modificar sustancialmente las modalidades de selección de los directivos en todas las entidades públicas es una tarea pendiente de la reforma estatal que el presidente Solís ha rehusado liderar, a pesar de su crudo diagnóstico, incluido como parte de su discurso de los 100 días.

Campaña presidencial del PAC. El candidato ha entrado en el oscuro juego de la política y en el oportunismo cuando defiende la ética, leitmotiv de esa agrupación. El diputado Ronny Monge ha denunciado una amenaza de muerte por parte de un Sr. Carvajal, aparentemente cercano al PAC, contratado por la representación de Naciones Unidas para realizar estudios de imagen del Gobierno, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, cuestionados por la oposición como un gasto dispensable de cara a la crisis fiscal. Esta empresa recibió por sus servicios a la campaña electoral de Don Luis Guillermo, la suma de ¢57 millones y actualmente trabaja para el candidato del PAC Sr. Carlos Alvarado, quien ha manifestado su decisión de mantenero en su campaña. Adicionalmente, parece que el Sr. Carvajal tiene alguna relación con el cuestionado empresario Juan Carlos Bolaños, según reporta la prensa del día de hoy. Sí se ha pedido al diputado Morales Zapata dejar el PAC y el congreso ¿Inconsistencias?

Una ética superficial parece perseguir al candidato del PAC, Sr. Carlos Alvarado. En abril del año pasado, el entonces ministro de trabajo celebró como un éxito su negociación con los sindicatos. Según sus propias apreciaciones, la huelga le costó varios miles de millones de colones al erario público y, peor, la negación de servicios esenciales, médicos y educativos, a varios miles de jóvenes y adultos. No obstante, el entonces ministro Alvarado les perdonó a los huelguistas ilegales la deducción de sus salarios, como lo establece la ley. Nos preguntamos, si el Sr. Alvarado fuera nuestro presidente, ¿continuaría aplicando la ley en forma selectiva? ¿Tiene autoridad un ministro o cualquier otro jerarca público para aplicar la ley en forma selectiva? ¿Cómo decide cuándo aplicarla y cuándo no?

Conclusión: la ética debe defenderse, pero debe hacerse con coherencia. Sabemos que el presidente Solís o el candidato Alvarado no pueden garantizar la pureza de los comportamientos de sus asociados y colaboradores. Lo que no es admisible es que, una vez que se produzca la imagen o el hecho de violación ética o legal, no se procesa con contundencia. Son cuando menos confusas las explicaciones que da el presidente Solís por el fácil acceso a la casa presidencial por parte de un cuestionado empresario y la posición ambigua del candidato Alvarado frente a dos comportamientos cuestionables, el del diputado Morales Zapata y el del Sr. Carvajal, porque dejan dudas sobre la contundencia de sus respectivas reacciones en actos que rondan en ilegalidad e inmoralidad. El país necesita más contundencia, cuando hay un claro sentimiento de que el “chorizo” abunda en la política y entre políticos.