Del cemento, la ética y otras cuestiones

La corrupción viene debilitando la democracia en muchos países. Es claro que hay una franca asociación entre el poder político y el poder económico, a la vez que, en el mundo corporativista en que vivimos, el interés particular genera presiones en favor de privilegios especiales, algunas muy poderosas, precisamente por representar sectores de gran capacidad económica, o porque se han ganado un espacio en el entorno político para lograr ventajas abusivas por parte de los gobiernos de turno. Es así como los colegios profesionales y las cámaras de comercio han logrado ventajas proporcionadas por el Estado, que pueden incluir recursos de todos los costarricenses que terminan en el bolsillo de quienes conforman el estrato más rico de nuestra sociedad. Es notable también las garantías concedidas al sindicalismo público, a pesar de que el Estado no tiene lucro y las concesiones abusivas socavan los recursos dirigidos a quienes tienen una mayor dependencia de servicios esenciales, como la educación y la salud.

Hay estudios que relacionan este patrón corporativista con nuestros altos índices de desigualdad, que se encuentran entre los peores del continente. Un estudio patrocinado de la representación de Naciones Unidas identifica a las elevadas remuneraciones públicas, relativas a las del sector privado, con uno de los tres principales factores de desigualdad. En todo caso, hay poca duda de que el poder económico corporativo empuja hacia arriba los ingresos de los más privilegiados y en perjuicio de los más vulnerables.

La ética es leitmotiv -el tema central y más prominente- en la ideología del Partido Acción Ciudadana. Sin embargo, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, como lo ha reconocido el presidente Solís. Primero, un partido o un gobierno no tiene la capacidad para regular los comportamientos de las personas que actúan en la administración pública y en la política. Segundo, en ese mundo corporativista, puede ser difícil no generar apariencias de corrupción o incurrir en faltas, dado el complejo entorno jurídico en que se mueve el Gobierno. Además, en la esfera pública, solo se puede hacer lo que está regulado en forma específica, mientras en la vida privada hay más flexibilidad y amplitud de comportamiento, incluidos aspectos no regulados por la ley. La distinción es importante, pero sus implicaciones no siempre son claras para todos.

En adición a la complejidad jurídica, cuentan también las apariencias. A la expresión antes mencionada usada por el presidente Solís, podríamos agregar que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Y, como politólogo, el presidente sabe que las percepciones cuentan. Es evidente, por tanto, que las 6 o más reuniones que el presidente Solís sostuvo con el empresario Juan Carlos Bolaños son, cuando menos, inapropiadas y, ciertamente, motivo de sospecha de tráfico de influencias.

Aparentemente, así con énfasis, el empresario Bolaños utilizó la influencia política para un negocio superior a $20 millones, disque para la importación de cemento chino. El acceso al presidente, reiteramos, aparentemente, fue instrumental para cambiar la cláusula de caducidad del producto en el reglamento respectivo. Curiosamente, el empresario se sintió confiado en realizar la millonaria importación, sin que la reforma al reglamento se hubiera hecho y con la expectativa de que se concretara antes de que el primer cargamento ingresara al país. Por otra parte, la cercanía del empresario con varios personajes de la política incluye al diputado Morales Zapata, del círculo íntimo del presidente Solís, y el jefe del Consejo Nacional de Emergencias, que ha otorgado una larga lista de contratos al Sr. Juan Carlos Bolaños, según nota oficial en poder de la diputada Patricia Mora del Frente Amplio. Según parece, ambos personajes habrían coincidido en una de las varias reuniones en la Casa Presidencial.

El presidente Solís ha ofrecido algunas explicaciones sobre las frecuentes reuniones con el empresario Bolaños. Nos dice que fueron motivadas por el interés nacional de abrir el mercado del cemento, controlado por dos empresas y, que el presidente no puede cerrar las puertas de la presidencia a ningún ciudadano. Ambos argumentos son frágiles, el primero porque no es cierto que las situaciones de monopolio o cuasi monopólicas, que son comunes en el país, como el más delicado caso del arroz, sin que ello haya sido motivo de preocupación o acción por parte de su gobierno. Sobre todo, no parece cristalino que la reforma del reglamento, para liberar la importación de cemento, se haya hecho de alguna forma asociado con los contactos e intereses del empresario Juan Carlos Bolaños.

Segundo, porque no es cierto que las puertas de la presidencia estén abiertas a todos los ciudadanos. Si así fuera, el presidente no podría actuar con la eficacia que el cargo amerita y, en todo caso, es evidente que el acceso a figuras de mayor relevancia pública no ha sido tan fluido como lo fue con el Sr. Bolaños.

Hay más en todo este lío de la importación del cemento, que incluye otros contactos relacionados con el crédito del BCR por más de $20 millones y la facilidad de su aprobación; las relaciones de Sinocem, que preside Bolaños, con una empresa China, aparentemente creada para manejar las operaciones de la importación del cemento y que podría ser filial de la anterior; la debilidad de las medidas coherentes con el nivel de riesgo de préstamo, etc. También despierta dudas la larga cadena de contratos que, según el mencionado documento en posición de la diputada Patricia Mora, han sido otorgados a la empresa de Bolaños, bajo la sombra de contactos adicionales con el presidente y la participación del diputado Morales Zapata.

Bajo cualquier perspectiva, las actividades del empresario Bolaños parecen estar manchadas de tráfico de influencias para sacar beneficios del Gobierno y de la banca pública. Las investigaciones deben continuar para despejar cualquier duda. Que el leitmotiv del PAC sufra trastornos no parece superficial, pero más importante es el efecto de la transparencia en la ya debilitada confianza del costarricense en la democracia y en los políticos como sus principales actores.