Los privilegios del Poder judicial pueden producir daño catastrófico al gobierno

La equidad es la base del Estado de Derecho y factor principal de excelencia de la administración pública. El artículo 33 de la Constitución es bastante claro, al señalar que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Pero una cosa es lo que diga la Constitución y otra la que se haga, en especial por parte de los distintos órganos de gobierno o incluso desde el mismo Poder Judicial, encargado de velar por la aplicación correcta de los valores constitucionales.

Los gobiernos y el Poder Judicial han acomodado la interpretación de la Constitución a las circunstancias e intereses particulares. Dice la Constitución que “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”, pero una buena parte de las entidades del Estado han logrado escaparse de esta regulación, crear sus propios regímenes de personal, buscar las mejores condiciones y, como dice la Contraloría, sin ganancia en eficiencia. El artículo 61 “reconoce el derecho… de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos”. El mismo artículo desautoriza “todo acto de coacción o de violencia”. Sin embargo, los sindicatos públicos se enseñan contra la población, al impedir su derecho a la libre circulación por las principales vías nacionales y contra los enfermos que buscan salud en la CCSS o los jóvenes que intentan cumplir con sus programas de educación.

El principio de igualdad también ha sido violado en forma sistemática por los intereses especiales insertos en nuestro Estado. En realidad, la Constitución dejó abierto el portillo para violar este principio esencial para el Estado de Derecho, al no requerir la adopción de una ley marco para las condiciones laborales, incluso salarios y pensiones, que pueden originar privilegios para unos y discriminación para otros. Hoy hay unos 50 regímenes de personal compitiendo por privilegios que vienen agotando la capacidad de nuestro Estado, uno de los más caros del mundo, para cumplir con su finalidad última: el bienestar de toda la población. Y como afirmamos que el nuestro es uno de los Estados más costosos del mundo, agregamos, como lo hemos estado haciendo, la justificación pertinente. En el 2015 la operación del Estado nos costó 22 billones de colones, que equivalen al 77% del producto interno bruto, PIB. Estados como Noruega, Suecia y Finlandia gasta el equivalente al 51,10%; 50,00%; y, 56,10%. En nuestra región esas cifras para Brasil, Argentina y Uruguay son 41,64%; 39,40%; y, 32,67% respectivamente.

Según las noticias del día, es posible que las reformas encaminadas a controlar los privilegios que se han afincado en el Poder Judicial no serán viables porque la Corte ha manifestado su criterio de que dichas reformas afectan el funcionamiento del Poder Judicial. Por tal situación, o recurso, el Poder Judicial hace casi imposible que sus privilegios, que representan discriminación para quienes no los poseen, puedan ser modificados, como pretende la Asamblea Legislativa. La Corte, que no tiene base soberana, impide la decisión del congreso, que si tiene base soberana, para corregir una situación que involucra privilegio y discriminación, contrario al espíritu y letra del principal valor constitucional: la equidad.

Por supuesto, que el personal del poder judicial requiere independencia, al igual que lo requieren los otros poderes del Estado, como condición esencial para proteger la democracia. Un argumento jurídico incluso utiliza el riesgo del poder económico del narcotráfico, como justificación para ese tipo de privilegios. Pareciera obvio, sin embargo, que el blindaje para ese tipo de riesgo reside en la honestidad de la función pública, pues el poder narco-económico jamás podrá ser superado vía salarios y pensiones públicas, incluso las de la policía y el resto del personal de seguridad. Es además correcto que el funcionario público, del Poder Judicial y del resto del Estado, reciba una remuneración justa, acorde con la naturaleza de sus responsabilidades. Y esto, es un elemento central de los sistemas de clasificación y valoración de puestos, que lamentablemente no se practica por la carencia de un servicio civil como fue previsto originalmente por el constituyente.

Pero esto no es lo que está en juego en esta ocasión. Se trata de privilegios que groseramente violentan el principio de equidad contenido en el mencionado artículo 33 de la Constitución. Hay condiciones abusivas en materia salarial y de pensiones. Estas últimas arrastran un déficit superior a 5 billones de colones, cifra astronómica, superior a la mitad del costo total de operar el Gobierno Central, que el contribuyente no debería pagar. Tampoco podrá pagar el Gobierno Central, dada su carencia de recursos, una deuda pública que se acerca al 50% del gasto y, un déficit que alcanzará en el 2018 el 6,6% del PIB. Por supuesto, las reformas racionales que intenta introducir el congreso afectan el funcionamiento del Poder Judicial, pero esto involucra una trampa. Muchas acciones, propias o ajenas, afectan el funcionamiento del Poder Judicial, tanto como a muchas entidades públicas. Es la simple naturaleza de las cosas y no debería dar pie a crear una condición limitante para la actuación del primer poder de la república que, recordemos, tiene base soberana. Además el impacto es más severo en la totalidad del gobierno y también en la poblacion.

Los privilegios que quiere mantener el Poder Judicial, al imponer una condición letal al congreso, puede provocar la quiebra del Estado y del sistema nacional de pensiones, al tiempo que impacta en el crecimiento económico. Es una violación flagrante del principio constitucional de equidad, que pone en riesgo tal vez la conquista social más importante de las últimas 7 décadas: el IVM ¿Tema legal o ético?