Corticos… de privilegios y culpables del déficit

Surge una nueva clase, la judicial. Tenemos otras, como la media baja, la media, la media alta, la clase política, pero nadie le gana a la “clase judicial” que tiene el poder de conectar y desconectar el estado de derecho. Es, además, la única que está por encima de la Ley y de la Constitución. Tome nota.

Pensiones de privilegio. El Poder Judicial quiere para su personal, distinto de todos los demás humanos, que se pensionen por 10 años más con el 100% de los 24 salarios más altos. Es decir, todos los demás recibimos nuestra pensión según los aportes hechos a través de toda una vida laboral, pero los miembros de la nueva “clase judicial” lo harán por los aportes de los últimos 2 años, cuando sus salarios fueron más altos. Privilegios son privilegios. Y estos son de los “gordos”.

Acto inconstitucional del Poder Judicial. El privilegio abusivo es inconstitucional y la huelga que lo soportó, ilegal. Pero esto no importa porque el Poder Judicial vela por la legalidad de los demás costarricenses que están en una categoría inferior, no la propia. El artículo 33 de nuestra Constitución Política demanda igualdad para todos y prohíbe la discriminación. El Poder Judicial tiene y pretende mantener privilegios que representan discriminación para el resto de las “clases inferiores” de ciudadanos.

¿Está la Asamblea Legislativa con la Constitución? No lo sabemos, porque los diputados nacen de un proceso corporativa, que dominan las jerarquías partidarias. Nos dan una lista y nosotros los votantes solo tenemos la opción de aprobarla o rechazarla. Además, sin distritos electorales no hay rendición de cuentas local o regional. Sin embargo, la Comisión Especial de Pensiones parece inclinada hacia el interés nacional y tiene una posición responsable con respecto a los privilegios del Poder Judicial. Hay otros grupos de diputados más proclives a ceder ante la presión de intereses corporativos y sindicales. Nuestra suerte se encuentra en un péndulo y no sabemos en qué dirección se inclinará.

Costo del privilegio. Sin reformas sustantivas, de su bolsillo y el mío, que somos parte de las clases inferiores que pagan los privilegios de la superior “clase judicial” en el futuro tendríamos que pagar más de 5 billones (5.000.000.0000.000.000) del desequilibrio de su sistema de pensiones. Si la posición actual de la “clase judicial” se aceptara, el costo sería de 70 mil millones (70.000.000.000). Aliste su bolsillo y piense que su calidad de vida en los próximos años bajará para cubrir los privilegios de los privilegiados funcionarios del Poder Judicial ¿Es justo? No. Es una especie de robo, que sustrae dinero de nuestro bolsillo, sin nuestro consentimiento, ilegal, pero no para quienes tienen la función de velar por el Estado de Derecho.

Y, ahora ¿quién podrá salvarnos del Poder Judicial? En muchos sentidos el Poder Judicial funciona como un mecanismo de rendición de cuentas, que excluye a su personal. Está al margen de la ley cuando el patrimonialismo se impone a su interior y se adueña de los recursos suyos y míos, para beneficio personal propio. En tiempos de debate de una posible constituyente, parece hacer falta una especie de Consejo de Estado, integrado por notables, no necesariamente juristas, que velen por la legalidad y honestidad de todos los poderes e instituciones del Estado. Sin un mecanismo de este tipo seguiremos bajo la dictadura del Poder Judicial que, entre otras cosas, ha impedido la aprobación de medidas de equilibrio fiscal en forma recurrente.

¿Y qué con el déficit fiscal? Bueno, lo que se ha puesto de moda es la búsqueda de culpables. Y los hay a granel. Pero la historia es historia y lo que ahora importa es ¿Quién está en el poder y hoy es responsable principal por las iniciativas para resolver la situación fiscal? Fijar la vista en el pasado no resolverá nada. Don Luis Guillermo Solís es el principal culpable, por varias razones concretas: 1) subió los presupuestos a niveles de total irresponsabilidad; 2) nos dijo que no subiría impuestos durante los dos primeros años, con lo que agotó su “tiempo político”; y 3) dijo que el déficit fiscal no era prioridad de su gobierno. Ahora nos viene a asustar porque no tiene recursos para cubrir las obligaciones del Estado. Y esto no es nada nuevo. Hace varios meses se negó a pagar una suma importante del aporte estatal al IVM, simplemente porque no tenía el dinero para ello ¿De dónde sacaría los más de 5 billones que cuesta equilibrar el régimen de pensiones del Poder Judicial?

Sobran culpables. Si usted aún quiere identificar culpables, los encuentra a granel. En las últimas 3 administraciones, Arias Sanchez, Chinchilla Miranda y Solís Rivera, se ha agregado aproximadamente un 2% al final de cada una de ellas. Pero si quiere ir más atrás, el déficit ha sido parte de la vida política del país durante toda la segunda mitad del siglo pasado. Hubo una excepción en el año 2007, con un pequeño saldo positivo, gracias al crecimiento económico superior al 7% y, dos picos, al final de la Administración Calderón Fournier en 1994 (5,5%) y de la Administración Chinchilla Miranda 2014 (5,7%). Por supuesto, entre más tarde la culpabilidad es mayor porque el déficit crece y el impacto negativo es mayor. Si el presidente Solís hubiera aceptado durante su gestión un crecimiento presupuestal, digamos del 2% por encima de la inflación, el déficit fiscal estaría hoy en niveles manejables, cercanos al 4%. Según estimaciones, concluirá su gestión con más del 6%. Es su responsabilidad… o irresponsabilidad.