Corticos… ¿si el Estado es ineficiente e inequitativo, por qué premiamos al funcionario público?

La eliminación del monopolio de las cuentas corrientes ocurrió en octubre 1995, después de 3 años de agrias discusiones El entonces diputado Luis G. Villanueva manifestó “…que ello obligará a los bancos del Estado a competir en cuanto a servicios y tasas de interés. Se les daba 10 meses, desde la publicación de la ley para llevar a cabo las transformaciones necesarias. Entre los resultados esperados se contemplaba “que permitiría destinar el 17% de las captaciones que hagan los bancos privados en cuentas corrientes, a un crédito subsidiado que dará el Estado al pequeño y mediano productor”.

Hoy los resultados son escasos o inexistentes. La nacionalización bancaria se llevó a cabo para poner los recursos de todos, en beneficio de todos y no de los más ricos. Esos objetivos y los de la eliminación del monopolio de cuentas corrientes no se han concretado. La banca pública arrastra considerables niveles de ineficiencia, al punto de que sus costos de intermediación superan el doble de los de la competencia. Por la misma razón, no se ha logrado democratizar el crédito e impulsar el crecimiento por los mismos motivos.

Problema: instituciones en algún régimen de descentralización. El estado lo conforman más de 330 entidades públicas, unas 82 en algún régimen de descentralización y concentran el 64% de los recursos (poco más de ¢14 billones) . Usan la autonomía para escapar de los rígidos controles del Gobierno Central, pero la Contraloría nos dice que ello no ha resultado en beneficios de una mayor eficiencia. En cambio, ha creado un entorno de dispersión de esfuerzos y recursos. Cada entidad busca la forma de ganar privilegios para unos que son discriminación para otros. Ambas cosas son prohibidas por al artículo 33 de la Constitución que busca la equidad para todos.

Una injusticia y mucha incoherencia. El Estado costarricense está agotado. Ya no produce la equidad que se espera de él o, peor, con excesiva frecuencia es un obstáculo a toda iniciativa de desarrollo, de la cual dependen los empleos para nuestra fuerza laboral. Si sabemos que el Estado es inequitativo e ineficiente, cómo es que cerca del 100% del funcionariado público recibe la calificación de excelente y la anualidad creada para estimular la excelencia. Esta es una fuente de irritación para toda la población que lo ve con una tergiversación de la ética de servicio al público, reemplazada por un patrimonialismo extremo (usar los recursos públicos para su beneficio personal), dominante en todas las instituciones y en todos los niveles de personal.

La banca pública lidera los privilegios. La prensa de hoy nos dice que la Contraloría cuestiona que ¢99 mil millones fueran usados en beneficios económicos para el personal del Banco Nacional entre el 2006 y el 2012. Reporta también la posibilidad de que un bono de productividad de hasta el 60% del salario, se pueda activar pronto (una forma de patrimonialismo extremo). Este bono de productividad contrasta con lo que dice el Informe Estado de la Nación. Los usuarios pagamos altas tasas de interés y costos de intermediación que doblan los de la competencia, producto de sus altos niveles de ineficiencia. Entonces ¿por qué bonos de productividad, cuando la ineficiencia perjudica el acceso al crédito y desestimula el crecimiento? Además, aporta a los altos niveles de desigualdad que arrastra el país. En oligopolio, los costos de la banca privada, más o menos la mitad de la pública, aportan más riqueza a sus accionistas que se encuentran entre los más ricos.

Más recursos para producir menos es la característica fundamental de la administración pública que su bolsillo y el mío financian. Está presente en el poder judicial, según otro informe del Estado de la Nación. En educación nos dice OCDE: Costa Rica es uno de los países que más gasta en educación…si se le compara con 34 naciones de OCDE. No obstante, tiene resultados más bajos que la mayoría de esas naciones. La cobertura de servicios de salud de los establecimientos de la CCSS son aproximadamente la mitad de los contratados (cooperativas y empresas privadas). En suma, tenemos un estado ineficiente, pero los funcionarios responsables por ello se les califica de excelentes y se les llena de privilegios por ello. Es el mundo de la administración pública, completamente patas pa´arriba ¿No le parece?