El Estado sin recursos para cubrir sus obligaciones ¿Se harán las reformas necesarias?

Ya lo sabíamos: el Estado está colapsando por su incapacidad para pagar sus compromisos y servicios esenciales. Lo que resulta inexplicable es que sigamos reticentes a actuar en la dirección correcta. Hay grandes contradicciones, mucha culpa de la Administración Solís Rivera (ASR). Cierto, hay irresponsabilidades que vienen de atrás, pero repasar la historia no es parte de la solución. Más importantes es saber dónde estamos parados. Los hechos: entre el presupuesto del 2014, heredado por la ASR y el del 2017 ha habido un aumento real del 27%, unos ¢2.200.000 de millones; en promedio la ASR incrementó el presupuesto 4 veces por encima de la inflación. Si lo hubiera hecho por 1% o 2% tendríamos un déficit manejable del 4% o 5%; el presupuesto del 2015 fue de ¢22 billones (¢22.117.136 millones), que equivalen al 77% del PIB, es decir, uno de los estados más caros del mundo. Véase cifras comparativas: Noruega 51,10%; Finlandia 56,10%; Suecia 50,00% y, en América Latina, Brasil 41,64%; Argentina 39,40%; y, Uruguay 32,67%. Frente a estos hechos, una verdad es irrebatible: el Estado tiene recursos en exceso. La escasez es un problema de ineficiencia pública, cuyo costo excede en mucho el actual déficit fiscal.

Frente a esta realidad, ¿Cómo hacer para que las medidas correctivas impacten en la capacidad del país para recuperar la equidad y la eficiencia, como condición necesaria para avanzar en los niveles de desarrollo y bienestar social? Veamos algunos puntos críticos:

Primero, debe prevalecer una visión estatal. Frente a la seriedad de la situación, hay que movilizar la totalidad de los recursos del Estado. Focalizarse sólo en el Gobierno Central es insuficiente y tocaría solo superficialmente la problemática nacional.

Segundo y en coherencia con la visión estado, que se intervenga la banca pública para bajar, en el período 2018-2022, los costos de intermediación a la mitad de los que son hoy. Se nos habla mucho de la relación ajuste fiscal-intereses. El ajuste en los costos de intermediación busca recuperar los objetivos de la banca nacionalizada: abaratar el crédito y con ello democratizarlo e impulsar el crecimiento.

Tercero, hacer que el rico pague sus impuestos como rico y el pobre, que no los pague. Afinar la captación de impuesto no funciona. Lo que hay que hacer es incrementar las cargas para los ricos y bajarlas para la “clase media-media” y la “media-baja”.

Cuarto: ¿le hacemos caso a la Constitución? Si el artículo 33 exige la igualdad, ¿Por qué no hacer la reforma al sistema de remuneraciones y a su par, las pensiones, para la totalidad del Estado? ¿Por qué dejar fuera al magisterio, al poder judicial, a las instituciones descentralizadas, a las empresas del Estado y al régimen municipal? ¿Es honesto y legal ignorar la Constitución? De hecho, el Estado requiere con urgencia una ley marco para la gestión de personal, que defina los derechos laborales comunes al Estado, los cuales no podrían ser cambiados por reglamentos específicos ni negociados en las convenciones colectivas. Se cumpliría así con la equidad del artículo 33 mencionado y se reduciría el brote de reclamos/privilegios en toda la administración pública.

Quinto, no habrá mejora sin ajustes a la capacidad de dirección y ejecución en las entidades del Estado, es decir en el modelo de gestión pública. El Estado es inmanejable, con más de 300 entidades públicas, unas 82 en algún régimen de descentralización, y, más de 300 mil funcionarios que resisten la evaluación del desempeño. Es necesario 1) que los ministros sepan que su función principal es diseñar Políticas de Estado en su rama específica, que nos digan el qué, cómo y cuándo para cada sector; y 2) gerentes que sepan cuáles son los resultados esperados para alcanzar las metas de la política pública. Durante el período 2018-2022 esas funciones evolucionarán como dos niveles interdependientes, el segundo apolítico.

Sexto, adoptar un modelo de gestión pública por resultados. Para ello, cada ministerio contará con un pequeño equipo, que se inicia con un administrador, un economista, un estadístico y un ingeniero de sistemas, cuya función es diseñar y ejecutar un sistema de control por resultados. Cada presupuesto institucional será elaborado en base a resultados esperados, al igual que los controles que se hacen desde el ministro rector en su ámbito de responsabilidad (Minsalud-CCSS; MISSIP-ICE, RECOPE, etc.). El presidente designaría a un coordinador nacional, para que se adopte un sistema informático común para todas las entidades públicas, base para evaluar su gestión.

Séptimo, la evaluación del desempeño, cuyo diseño debe incluir dos aspectos esenciales. Uno, que todo gerente/supervisor deberá plantear, en forma breve, simple e inteligible, planillas de metas para cada período anual, que serán compartidas con todo el personal; y, otro, crear un escalafón de decisiones por desempeño: excelente que cubre hasta un posible 10% del personal; bueno para un 60%; el regular para un 20%; y el inaceptable para un 10%, que generaría el despido del funcionario que no aporta a los fines del Estado. Los estímulos deben ser proporcionales al nivel de desempeño y debe articularse a otras formas de compensación, por ejemplo, los niveles de excelencia tendrían prioridad para cargos de dirección. Los porcentajes y los escalones son ilustrativos y varían con el tiempo.

Conclusión. Hay distintas propuestas de reforma del Estado, que es necesario recuperar, en especial las de la Comisión de Notables. La iniciativa hacia una nueva Constitución es, posiblemente, inevitable. Pero no nos salvará del estado de enojo de la población, que ha dejado de creer en el ejercicio de la política y de la democracia, como respuesta a los retos de la coyuntura actual ¿Si la democracia no nos da el bienestar esencial que toda la población merece, por qué no explorar otras opciones? Los riesgos del populismo residen en las fallas del ejercicio de la democracia, que con frecuencia entra en conflicto con sus propios postulados y valores. Costa Rica se ha distinguido por un proceso de desarrollo que cambió al país, único en la región que lo hizo sin que mediaran las dictaduras. Hoy el Estado ha agotado sus posibilidades, por lo que se requiere reformas estructurales que nos permita recuperar la equidad de nuestro desarrollo. Tómense las que hemos mencionado como una reflexión sobre aspectos críticos que deben sustentarlas para que rinden los frutos esperados y sean sostenibles ¿Qué piensa usted, amigo lector?