Agotamiento de recursos públicos, déficit fiscal, ineficiencia y reforma estatal

El Gobierno afronta problemas de liquidez, falta de dinero, para cubrir el gasto público. Hace algunos meses se vio imposibilitado para pagar su aporte al régimen IVM (pensiones) por la simple razón de que no tenía los recursos para ello. En días recientes se ha visto imposibilitado de pagar unas 50 mil becas del programa Avancemos, mientras el MEP anuncia la imposibilidad de pagar bienes y servicios, cuyo impacto se sentirá en la población más pobre, por ejemplo, a través de los comedores escolares. El cierre de programas sociales posiblemente siga creciendo en semanas subsiguientes.

Varias preguntas, de los sectores políticos y civiles, caracterizan la discusión del tema fiscal: ¿Por qué el presidente Solís espera, cuando solo faltan unos meses para cerrar su gestión, para alarmar a la población en un tema suficientemente estudiado en sus causas y soluciones? ¿Por qué, si el Ministro de Hacienda de la gestión anterior había hecho un planteamiento sólido, no aprovechó la oportunidad a principios de su administración para encarar el problema? ¿Por qué Don Luis Guillermo nos dijo que no plantearía proyectos impositivos y que el déficit fiscal no era prioridad de su Gobierno? ¿Por qué sí lo es a solo 10 meses de que concluya su administración?

La realidad es que el problema existe, pero la escasez no es absoluta, sino relativa a las modalidades de uso de los cuantiosos recursos que tiene el Estado. Sin embargo, hay riesgos notables en las voces que claman, con discursos de falso contenido social, por la solución de la problemática subyacente en el déficit fiscal. Más aun, muchas de esas voces se originan en sectores que son parte del problema y no de la solución. Por tanto, queremos hacer algunas reflexiones sobre la naturaleza del problema nacional y los enfoques correctivos parciales, que parecen definirse en la discusión nacional y en algunas posiciones políticas.

Hablamos de los cuantiosos recursos del Estado, especialmente durante la Administración Solís Rivera. Bajo el riesgo de aburrir al lector, repitamos algunas cifras que sustentan nuestra afirmación. En el 2015, cuando ya se proyectaba un déficit cercano al 6%, el presupuesto, que no fue aprobado por la Asamblea Legislativa aunque sí ejecutado por el Gobierno, alcanzó la escandalosa cifra de 22 billones de colones (22.117.136 millones para ser exactos). El incremento fue de casi un 20%, aproximadamente 4 veces el nivel de inflación. Al 2017 el incremento real acumulado del Gobierno Central ha sido del 27%. Ese presupuesto del Estado en el 2015 fue equivalente al 77% de PIB nacional. La cifra comparativa para los países escandinavos, Noruega, Suecia y Finlandia, es de 56,10% en este último país e inferior para los otros dos. En América Latina tres países, Brasil, Argentina y Uruguay, tienen cifras de 41,64%; 39,40% y 32,67% respectivamente. La fuente de estos datos es el Banco Mundial.

Nuestro principal problema es que la cultura política y económica ha sido, sistemáticamente, de resolver los problemas institucionales mediante la adición de recursos presupuestales, dejando intactos sus causas subyacentes. El actual Gobierno, su principal aliado el Frente Amplio y, los sindicatos han abusado de esa cultura. Aunque es una práctica generalizada, el caso de la educación es un buen ejemplo de ello. El presidente Solis, que se considera parte de la academia, ha insistido en llevar el aporte público al 8%, que posiblemente ha sido superado si se cuantifica el sector correctamente. El gasto crece, pero no articulado a resultados. Para no usar nuestros propios indicadores, veamos que nos dice OCDE:

“Costa Rica invierte más en educación que los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que incluye naciones como Finlandia o Alemania. Sin embargo, esa inversión no se refleja en el desempeño de sus estudiantes. Costa Rica ha visto poca mejora en el logro de los estudiantes en los años recientes, a pesar de los significativos aumentos en la inversión… Otros indicadores con los que uno podría esperar ver los beneficios de la inversión en educación no son alentadores: la productividad apenas ha aumentado, las carencias de habilidades son aparentes y la desigualdad está aumentando. La inversión en educación requiere un enfoque definido en resultados más que en insumos y procesos”.

Esa cultura de gasto nos lleva por el camino del precipicio griego o puertorriqueño, con elevados costos sociales. El candidato presidencial con mayor apoyo popular a la fecha ha puesto cinco condiciones, que van en la dirección correcta, para apoyar el incremento de impuestos sobre la renta y de ventas. Sin embargo, aunque las noticias no lo dicen, sospechamos que se refiere al Gobierno Central, nada más. Esto es una omisión política frecuente. Los problemas que hoy encara el país son muchos y muy impactantes en la situación social, especialmente en pobreza y desigualdad. No los resolveremos con los recursos del Gobierno Central, que conforman solo el 36% de los recursos del Estado. Es hora, si queremos un impacto real, que la “visión Gobierno Central”, sea ampliada con una “visión Estado”.

Arriba empleamos cifras del Gobierno Central y del Estado. Este  le cuesa a su bolsillo y el mío, los 22 billones que ya destacamos. Sin embargo, reiteramos, la coyuntura actual demanda que nuestros políticos piensen más en la totalidad del recurso público para atender nuestros problemas y plantear reformas de alcance estatal. Nuestras propias estimaciones sugieren que el costo de la ineficiencia estatal alcanza, con facilidad, unos $8000 millones anuales, algo cercano al 20% del PIB. Esto es, más de 3 veces el déficit fiscal. Lo cual refuerza la necesidad de una “visión Estado”.

Casos visibles de ineficiencia se encuentran por doquier, en el Gobierno Central, en las instituciones autónomas, en las empresas públicas y en el régimen municipal, este último con pequeña proporción de los recursos. El aporte a los costos de ineficiencia, esos $8000 millones ya mencionados, provienen de esas instituciones. Todos conocemos los privilegios de las instituciones autónomas, como RECOPE y JAPDEVA. Sobre esta última, un Presidente Ejecutivo en la administración anterior, dijo que podría trabajar mejor si le quitaran el 35% de su fuerza laboral. Hoy ha dejado de aportar recursos al desarrollo de la región Caribe, absorbidos en burocracia, excesos de personal y otras ineficiencias. Sabemos que la CCSS ha crecido en personal, pero las colas de los servicios no se reducen. La banca pública fue creada para democratizar el crédito y fortalecer el crecimiento. Pero sus niveles de ineficiencia impiden que esos objetivos se cumplan, con costos de intermediación que doblan los de la banca de nuestros competidores. También han perdido sus objetivos numerosas y costosas instituciones, como el Consejo Nacional de Producción, FANAL, IFAM, INFOCOOP, que podrían desaparecer sin pérdidas notables y con beneficios en equidad, eficacia y eficiencia pública. O ser sustituidas por otras instituciones con mayores competencias en áreas como financiamiento y capacitación.

Son momentos difíciles los que enfrenta el país hoy, por comportamientos claramente irresponsables y por enfoques que no rinden frutos sólidos y aumentan el enojo social por la incompetencia de nuestros gobiernos y su apego a una cultura de gasto. Es obvio que todos los problemas no se podrán resolver en el corto plazo y que muchos esfuerzos de reforma naufragarán en el veto que hemos permitido por parte de los sindicatos públicos, el más importante factor actual de ingobernabilidad. Seguirán haciendo costosas huelgas ilegales y legales y enseñándose contra la población de más bajos recursos, que tienen una mayor dependencia en el servicios y recursos públicos, a menos que aparezcan nuevos liderazgos, con una fuerte dosis de carácter para neutralizar abusos, lo cual tiene amplio respaldo popular.

Es también obvio que el país no podrá marchar por la senda de la responsabilidad si el presidente no ejerce la autoridad, que hemos venido debilitando desde el 49. Sin embargo, mucha más puede ejercerse, gracias a nuestro carácter de Estado Unitario que demanda la conducción unificada de todas las entidades públicas; al principio de Rectoría que pone la política pública bajo la autoridad del presidente y sus ministros; y, al artículo 33 de la Constitución, que busca la igualdad para todos y prohíbe la discriminación, como los privilegios que favorecen a unos y castigan a otros. Sin embargo, esa autoridad es imposible que pueda proyectarse a un universo de más de 300 mil funcionarios y más de 330 entidades públicas, unas 82 de ellas ruedas sueltas bajo alguna forma de descentralización. Ese universo debe ser racionalizado y reducido por un esfuerzo de integración con criterio de especialidad y competencias.