¿Cuál es la Venezuela que apoyan el Frente Amplio y el sector “chavista” del PAC?

No debiera ser sorpresa, aunque perturba entender que el Frente Amplio y el sector “chavista” del PAC, como lo llamó alguna vez su fundador, se pongan del lado de la peor dictadura que se ha desatado en tiempos recientes en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Esos políticos disfrutan de las ventajas de la democracia, en la que expresan con libertad sus sentimientos antidemocráticos e ideas radicales, sin represalias de ninguna naturaleza. Su desdén por la democracia es clara y evidente en su defensa de regímenes de tendencia autoritaria, como el caso extremo de Venezuela y Cuba. El argumento del FA es cínico. Alegan que respetan la soberanía de ese país, pero han tenido posiciones intervencionistas en apoyo de gobiernos de izquierda radical y, participan solidariamente en eventos en favor de esos países, con frecuencia con gastos pagados por ellos.

Muy poco de la institucionalidad democrática quedaba en Venezuela, cuando el 6 de diciembre 2015 se llevó a cabo la elección parlamentaria, con un sólido triunfo de la oposición, que logró la mayoría con 112 escaños de 167. Ante tal fracaso, Diosdado Cabello lideró la conjura que permitió, en forma precipitada e ilegal, el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplementes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a la larga produjo la anulación de 3 diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional y la inhabilitación de la Asamblea Nacional por desacato. El TSJ asume, sin ser un órgano de origen soberano, funciones de la Asamblea Nacional, que sí lo es, y le traslada otras al presidente Nicolás Maduro. Con los poderes en manos de Maduro y su camarilla de militares y cubanos quedó la dictadura madurista formal e ilegalmente instalada desde el año 2015.

En forma al menos, la institucionalidad democrática persistía en la Constitución que, con apego a la ley, adoptó Chaves. Ahora, con el nombramiento de una asamblea constituyente, cuyos poderes borrarían los de la legítima Asamblea Nacional, que se llevaría a cabo en los próximos días, producto de la votación fraudulenta del domingo 31 de julio recién pasado, pretenden crear un marco institucional tipo Cuba, para que la dictadura se prolongue por el futuro previsible. Costa Rica y muchos otros países, asumiendo la posición correcta, ha dicho que desconoce esa constituyente y, por supuesto, cualquier constitución que resulte de ella. El FA ha criticado al Gobierno por ello, mientras el sector chavista del PAC, simplemente calla.

Por lo menos 5 claras violaciones de la ley se incurrieron en el nombramiento del actual TSJ en la conjura liderada por Diosdado Cabello el 23 de diciembre 2015: incumplimiento de los trámites de la publicación de atestados contemplados por la Ley Orgánica del TSJ; omisión del procedimiento para sustanciar impugnaciones; incumplimiento del proceso de preselección establecido por la Ley; selección definitiva de los postulados; y, aplicación del “previo procedimiento” también establecido por ley. Con razón la Sra. Fiscala General ha impugnado la legalidad de dichos nombramientos, que obviamente el TSJ ha desatendido, porque se incriminaría a sí mismo.

Igualmente, viciada de nulidad es la constituyente que el presidente Maduro intenta instalar en los próximos días. Maduro podía convocarla, pero tenía que hacerlo a través de un proceso de consulta para que fuera el pueblo el que decidiera si quería o no una nueva constitución. Lo que hizo maduro fue asumir arbitrariamente la representación del pueblo. Es de notar también, que el pueblo se había pronunciado en un acto simbólico contra la constituyente en una votación organizada por la Asamblea Nacional (AN). Según el artículo 347 de la constitución, el proceso constituyente debe ser “tutelado” por la Asamblea Nacional. Maduro y su camarilla pretende, sin embargo, que la constituyente asuma los poderes de la AN, con lo cual le daría un zarpazo definitivo a la única entidad que, aunque disminuida en sus funciones, hace lo imposible por rescatar el Estado de derecho. El objeto de la constituyente, según el mencionado artículo 347, es “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico y constitucional”. Es decir, la constitución no asigna la autoridad a la constituyente para asumir las funciones legislativas, como lo pretende Maduro.

El fraude de las elecciones del 31 de julio debería ser evidente por sí mismo, ya que, con un nivel esperado de abstención del 35%, quedarían en el padrón 12.155.000 votantes. Si la oposición contó 7.600.000 votantes y si se suman los 8 millones que Maduro dice haber conseguido el pasado domingo, daría la cifra absurda de 15.600.000 de votantes, que no concuerda con el total, aun sin excluir a los muchos chavistas que hoy se enfrentan a Maduro. Pero, Maduro, con niveles de aprobación que apenas llegan al 20%, propició el fraude, impidiendo la participación de la prensa nacional o extranjera y la presencia de observadores de ningún origen, en contraste con la apertura y transparencia del proceso que respondió al llamado de la Asamblea Nacional. Por ello, uno de los Rectores de la Consejo Electoral ha dicho públicamente que no hay forma de determinar la legitimidad y legalidad de los resultados.

Todo lo anterior para demostrar la evidente ilegalidad del Gobierno en sus actuaciones recientes, que han acabado con la democracia. Más grave es la violación de los derechos políticos y humanos del venezolano. Ayer fueron encarcelados nuevamente los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, por razones políticas. Pero hay más de mil presos políticos en las cárceles de Maduro, más de 120 manifestantes muertos y unos 2000 heridos, mucho de ellos de gravedad. La situación económica constituye otra agresión de Maduro y su camarilla contra el pueblo venezolana. El peso medio del venezolano ha bajado bastante por la ausencia de productos alimenticios, otros productos esenciales escasean y la salud está en franco deterioro, incluso la mortalidad infantil, porque no se cuenta con los insumos, medicamentos y equipos necesarios en el sistema de salud. Hoy más del 70% de la población se encuentra en pobreza y, solo por la ciudad fronteriza de Cúcuta, han ingresado unos 150 mil venezolanos a Colombia. La situación de Venezuela es delicada en extremo y los abusos del poder son los peores de la región de América Latina y el Caribe en muchas décadas.

Que el FA y una parte del PAC le brinden su respaldo a esta camarilla de corruptos y déspotas, reta al entendimiento de nuestra población y va a contrapelo de nuestros valores tradicionales. Dicho esto, el Gobierno ha asumido la posición correcta y la Asamblea debe persistir en sus condenatorias de los abusos de Maduro y del narco-líder, Diosdado Cabello, probable presidente de la constituyente.