El sindicalismo no debe tener poder de veto de las decisiones soberanas

Permitir que tal cosa ocurra es debilitar una democracia, de por si frágil porque la población confía cada vez menos en la capacidad de los políticos y de la política para sacarnos del atascadero en que se encuentra el país. Que el país se haya quedado sin acceso a la justicia, porque el Poder Judicial se declaró en huelga indefinida, es un golpe de credibilidad en el Estado de Derecho, del que difícilmente nos podremos reponer. Y del que, difícilmente se puede recuperar el Poder Judicial, que le ha venido fallándole al país en forma bastante consistente. La huelga que recién termina, a todas luces ilegal, en la perspectiva ciudadana, pone el interés personal del funcionario judicial por encima de su responsabilidad primaria de garantizar el acceso a la ley. Constituye un contrasentido, al buscar privilegios, en contraposición directa con lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política, cuya aplicación el propio Poder Judicial debería preservar. Ignora que “todo hombre es igual ante la ley” y que los privilegios para unos, implica para otros “discriminación… contraria a la dignidad humana”.

El sindicalismo ha llegado a extremos que el “sistema” político debería confrontar, antes de que las cosas lleguen a límites insostenibles. Para empezar, debe reevaluar el costo político. La población, en una abrumadora mayoría identifica con claridad al movimiento sindical como uno de los principales factores de ingobernabilidad que enfrenta el país. Tampoco come cuento de que está en defensa de los derechos del trabajador. El sindicalismo público concentra solamente menos del 9% de la fuerza laboral y no puede atribuirse su completa representatividad. Incluso, los políticos deberían valorar sus posiciones de extrema izquierda, afines al Frente Amplio y al sector radical del Partido Acción Ciudadana, precisamente las dos tendencias que apoyan los recientes actos arbitrarios, ajenos a la democracia, de la dictadura que intenta consolidarse en Venezuela, con la conformación de la inconstitucional constituyente que se instalaría en estos días.

El sindicalismo público está destruyendo nuestro Estado Social de Derecho. Ya lo hemos dicho, la huelga del Poder Judicial es un atentado contra el Estado de Derecho, al negar acceso a la justicia por tiempo indefinido, según el planteamiento sindical. Por otra parte, la defensa a ultranza de los privilegios sindicales crea una forma de corporativismo extremo, al poner los recursos del Estado al servicio de su funcionariado y no de la población. La ética de servicio público ha sido abandonada. O ha sido golpeada en forma sistemática, enseñándose contra los sectores más frágiles de nuestra sociedad, en dos sentidos concretos. Por una parte, destruyendo la capacidad productiva del Estado y sustrayendo los recursos destinados al bienestar colectivo; y, por otra, privándolos de los servicios esenciales, de los cuales tiene una mayor dependencia por carecer de los medios para pagar sus altos costos en el sector privado.

Valga la ocasión para reiterar algunos hechos que son muestra objetiva del deterioro sistemático del Estado costarricense. Es una realidad objetiva, en la que los recursos que aportamos toda la población son cuantiosos, pero los servicios que recibimos en retorno son precarios. Esos recursos presupuestales en el año 2015 alcanzaron la escandalosa cifra de 22 billones (para ser exacto, según datos de la CGR: 22.117.136 millones de colones), equivalentes al 77% del PIB nacional. Según hemos señalado en anterior editorial, las cifras comparativas para Noruega, Suecia y Finlandia son 51,50%; 50,00% y, 56,10%. En nuestra región, en Brasil, Argentina y Uruguay el costo del Estado es de 41,64%; 39,40%; y, 32,67%. En esencia, tenemos uno de los Estado más costosos del mundo.

¿Qué hace el Estado con esos recursos? Arrastramos, desde hace varias décadas más del 20% de pobreza y la desigualdad crece y es uno de los índices más altos de la región, con fuertes aportes del Estado, como también hemos demostrado en otro editorial. Tenemos un déficit que le hace enorme daño al crecimiento y al empleo, mientras la deuda pública adquiere una dimensión peligrosa. La huelga del Poder Judicial, de alguna forma pretende que, de su bolsillo y del mío, Sr lector, en algún momento cubramos el déficit de su privilegiado sistema de pensiones, algo cercano a los 5 billones de colones.

Sin embargo, el Estado está agotando su capacidad de pago y se acerca peligrosamente a un estado de quiebra real, como ha ocurrido en Puerto Rico, en Grecia y en España. Simplemente no tendrá los recursos para cubrir las pensiones de la siguiente generación y para financiar proyectos esenciales de nuestro precario desarrollo. Simplemente en infraestructura, nos encontramos junto al más subdesarrollado país de la región, Haití. Además, ya es visible la incapacidad del pagar cubrir servicios esenciales: hace unos pocos meses la CCSS le cobró al Gobierno su aporte al régimen IVM, pero éste rehusó hacerlo porque no tenía el dinero; en días recientes, el Gobierno no pudo pagar las becas del programa Avancemos a 55 mil familias, por carecer de los fondos; hoy la prensa revela que el IMAS congeló cupos en Red de Cuido por falta de dinero. Por esta vía, si los sindicatos del Poder Judicial tuvieran éxito, quienes adquieran su derecho al retiro en el corto plazo podrán disfrutar de sus privilegios abusivos, pero en el mediano y largo plazo, no existirán los fondos para cubrir las pensiones de las siguientes generaciones.

Hasta el momento, parece que el proyecto que el Congreso pasaría nos libraría de esos desastres. El riesgo es que, como ocurre con alguna frecuencia, los intereses corporativos del sindicalismo se impongan, en perjuicio del interés nacional. Por el bien de todos, incluso del personal del Poder Judicial, esperemos que la decisión soberana del Congreso proteja el interés soberano y que el proyecto de la Comisión Especial de Pensiones prevalezca.