Sindicalismo público insensible

La insensibilidad extrema del sindicalismo del Poder Judicial ha provocado la condena generalizada, tanto de las jerarquías públicas como de la población. Es bueno recordar que, a nivel de la población, los sindicatos ocupan, consistentemente, uno de los dos últimos lugares en las preferencias de la población, según encuestas. Al no contar con los servicios de la Morgue Judicial los huelguistas imponen un castigo injusto a las familias que no pueden cerrar el doloroso proceso de enterrar a sus seres queridos.  El repudio generalizado es insuficiente para entender que ha pasado con el sindicalismo público en nuestro país. Las causas de una actuación sistemática -y totalmente impune- que hace del Estado un órgano para beneficio de unos pocos, requiere de un análisis más amplio.

Las dos cuestiones básicas es, por una parte, si el Estado debe servir el interés nacional y, en especial, el de los sectores más frágiles, golpeados por la pobreza y la desigualdad; y, por otra, si el sindicalismo está la margen de la Constitución (CP) y del Estado de Derecho.

Para empezar, los sindicatos han logrado un régimen de privilegios, al margen de disposiciones centrales de nuestra Constitución. Pero la clase política ha contribuido en ello, empezando por la Administración Ulate Blanco, la primera en presidir la Segunda República, cuando decidió que el Servicio Civil no regularía “las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración” pública, como lo dispone el Artículo 191 de la CP. Privó así al Estado costarricense de la posibilidad de un buen régimen de administración de personal, dando pie a la situación de caos que hoy domina en todas las entidades públicas, reforzado por la negativa a proporcionar a esa institución los recursos necesarios para su funcionamiento. Hoy hay alrededor de media centenar de regímenes de personal, cada uno luchando por superar en privilegios a los otros, en directo conflicto con el artículo 33 de la CP, que según el cual “Todo hombre es igual ante la Ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. La administración pública es hoy un entorno de contradicciones, con privilegios para unos que implican discriminación para otros.

La impunidad con la que actúan los sindicatos y los huelguistas es obra de la clase política, que ignoró la discreta nota de los constituyentes del 49, contenido en el artículo 61, la cual reconoce “el derecho… de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos”. Además, desautoriza “…todo acto de coacción o de violencia”, como los que emplean los sindicatos públicos cuando paralizan las principales vías de comunicación y con ello impiden el ejercicio del derecho constitucional de la población a circular por el territorio nacional; o, en general, con huelgas en servicios esenciales como educación, salud, seguridad, etc., cuyo impacto se vuelca en forma directa sobre la población más vulnerable.

La clase política fue aún más lejos, al crear una variedad de protecciones, propias del entorno de mercado, para corregir el desequilibrio entre patrono, movido por el lucro, y los trabajadores. Se olvidaron que el Estado no tiene lucro y que los privilegios sindicales se pagan con recursos de todos los costarricenses, dirigidos a promover el desarrollo y, más importante, procurar el bienestar de los sectores más débiles de la sociedad. Nuestro Estado es uno de los más ricos del planeta, el cual destina el equivalente al 77% del PIB nacional, 22 billones en el 2015, con sendos incrementos en el 2016 y 2017. Como punto de referencia, las cifras comparativas en tres estados nórdicos (Noruega, Suecia y Finlandia, son inferiores al 50% de sus PIB respectivos). Los recursos del Estado han sido dilapidados por las conquistas salariales y la reducción de la productividad, disfrazadas de conquistas laborales.

Sobre el efecto en improductividad de la actividad sindical, no debe haber duda alguna, aun cuando la administración pública carezca de indicadores de costo/eficiencia y costo/equidad. Dos ejemplos son contundentes. El primero, cuando el Rector Jensen decidió que no podía arrastrar un déficit de varios miles de millones, consecuencia de la “conquista” sindical de homologar el régimen salarial de la administración de los Ebais del Este (San Pedro, Curridabat y parte de la Unión) al de la Universidad. Una entidad privada asumió el servicio con los mismos recursos que fueron insuficientes para la UCR y su sindicato, pero, en muchos aspectos, mejorando el servicio y aumentando las horas de atención del público. Esta disparidad era conocida por las autoridades de la CCSS y por los entendidos en materia de salud pública.

Segundo, ya se sabía que los Ebais que administra la Caja, sindicalizados, la mayoría de poco más de 1000, cuestan el doble y producen menos que los cooperativizados, no sindicalizados. La consecuencia es clara: si los niveles de eficiencia de los Ebais no sindicalizados fueran aplicados por la Caja, se podría incrementar en un 100% los servicios de salud que se ofrecen a la población a ese nivel y, de paso, aliviar la congestión que se produce en el sistema hospitalario. Otra conclusión es correcta: que, en efectp, los sindicatos son parte del problema relacionado con las colas que postergan por tiempos indefinidos la atención médica que la Caja está obligada a dar a la población.

¿Están los sindicatos obligados a actuar en el marco del Estado de Derecho? Los hechos parecen indicar que el régimen de impunidad de que gozan los hace también inmunes a la Ley. Tómese el caso de la actual huelga del Poder Judicial, contra las familias que no pueden enterrar a sus muertos. Si bien es un acto de irresponsabilidad sindical extrema, también lo es del ejercicio de responsabilidades institucionales ¿Por qué las jerarquías del Poder Judicial no han planteado la posible ilegalidad de la huelga?

Los políticos se equivocaron en crear un régimen garantista para el sindicalismo público, porque, en el Estado, la negociación es una situación de burro amarrado (el patrono) contra tigre suelto (el sindicato). La fortaleza patronal no existe cuando nuestros representantes políticos privilegian el interés particular sobre el nacional, porque viven en un entorno de presiones corporativas, la más poderosa de las cuales proviene del sindicalismo público. Ellos, quienes nos representan como patronos, son figuras pasajeras que duran en sus puestos en promedio dos años y, quienes están en posiciones de supervisión, son parte interesada, que se benefician de las “conquistas” laborales. En general, el interés público está desprotegido, porque la sociedad como un todo no tiene un representante legítimo, en especial con el político que ofrece pero no cumple.

Es por esa misma razón, que los sindicatos se han posicionado con derecho de veto, muy grave cuando implica impedir decisiones soberanas. Eso es lo que ha ocurrido con el despido, bajo presión sindical, de la Dra. Sáenz, Presidente Ejecutiva de la Caja hasta hace unas pocas semanas; o con la amenaza contra los diputados en una variedad de proyectos que buscan mayor racionalidad en el sistema de remuneraciones, pensiones y evaluación del desempeño. El poder que el garantismo les ha dado los hace inmunes a cualquier legalidad, como ha ocurrido al ignorar la Decisión de la Sala IV que ordena a la Medicatura Forense a practicar las autopsias pendientes y entregar los cuerpos a sus familias. Con absoluto descaro, la presidente de los jueces, Sra. Adriana Orocú, le dice a la Sala IV que ese servicio no es esencial y que la huelga seguirá en pie. Si por la víspera se saca el día, posiblemente veremos en los próximos días toda clase de acomodos administrativos y políticos, incluso el incumplimiento de la Ley, con la no suspensión de salarios, si hubiera declaratoria de ilegalidad ¿Tienen las jerarquías la autoridad para aplicar la ley en forma selectiva, como ocurre con frecuencia con los huelguistas?

¿Lograremos alguna vez la armonía de la población con el legítimo derecho de los sindicatos a buscar, responsablemente, mejores condiciones para sus trabajadores, sin que ello implique una reducción sustancial de los recursos públicos y de la capacidad del Estado para actuar con equidad en beneficio de los más pobres, que son los más perjudicados? Las actitudes actuales, autodestructivas, de los sindicatos públicos no dan motivo para optimismo. Tampoco se puede esperar mucho de la clase política que, en tiempos muy recientes, han reforzado el proteccionismo, con una serie de proyectos “históricos” que profundizas el régimen de impunidad sindical. La población entiende, aunque los políticos parecen ignorarlo, que el proteccionismo sindical es hoy el principal factor de ingobernabilidad y que sus conquistas debilitan los esfuerzos hacia un Estado más coherente y eficaz en beneficio de todos, pero, reiteramos, especialmente de los más vulnerables.

A menos en el corto plazo, el sistema posiblemente solo pondrá un parchecito acá y otro allá, como la decisión que hoy mismo aparece en los medios, según la cual la Asamblea Legislativa, de pocas luces y muchas sombras, rechazaron la moción para integrar a los líderes huelguistas del Poder Judicial en la elaboración de un nuevo “texto” de reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial. Bienvenida esa decisión, que mantiene la idea fundamental de que se trata de un tema técnico, cuyas bases de discusión provienen principalmente de los estudios realizados por expertos de la UCR.