Un año, no es desplome

Las noticias recientes nos dicen que el nuevo puerto de Moín, una de las mayores obras de infraestructura que realiza el país, con un costo que posiblemente superará los $1000 millones, no estará lista en el 2018, sino en el 2019. La razón es que han encontrado algunas fallas que requieren correctivos inmediatos, en aras de la seguridad de la inversión. El costo estimado, que será pagado por APM Teminals al Estado costarricense es de unos $5.4 millones. Como expresa el Director General de esa empresa, “Lo importante es salvaguardar la calidad de la construcción, resolver los retos que se nos presentan en esta megaobra y garantizarle a los costarricenses que las medidas tomadas no significan un costo adicional para el país

Piense usted, Sr. Lector, en nuestros atrasos. Los 30 kms. de la carretera a San Carlos que se empezó a planificar hace más de medio siglo, la construcción propiamente tiene 12 años y, aunque parezca humor negro, no tiene ni principio ni fin y sus costos se han multiplicado varias veces… y siguen creciendo. La Ruta 27, hoy una arteria esencial de la red vial, nos tomó más de 30 años. Se concluyó gracias a la decisión de la Administración Arias Sánchez, empleando un contrato de databa de varios años atrás, porque si hubiéramos pensado en actualizarlo, duraríamos otros 30 años. Hoy el país encara la meta de construir un nuevo aeropuerto en Orotina y, al menos que se convierta la Ruta 27 en una carretera de primer mundo, con 8 carriles, un panameño que viaje a nuestra capital tardaría una hora de vuelo y mínimo de 1 a 2 adicionales para llegar a San José. Los obstáculos son, desde ya, insuperables, en parte por nuestra actitud mental. Pareciera que, según estimaciones preliminares, la topografía permitiría solo 4 carriles en algunos tramos y en otros solo 3.

No está en nuestro ADN pensar, que para hacer algo compatible con un aeropuerto alejado de la capital, podrían hacerse túneles, construir un segundo piso en trechos de la carretera actual o agregar nuevas vías alejadas de la actual. Tampoco para anticipar los problemas que luego detienen las obras de infraestructura. Si nos tomó 30 años construir la Ruta 27, solo planificar su ampliación, posiblemente nos tome 5 o más años y otro tanto los diseños y tal vez iniciar las expropiaciones. Ya se sabe que no se cumplirá la meta del 2025 para iniciar la construcción del nuevo aeropuerto y la nueva meta es el 2030.  De hecho, la ampliación de la Ruta 27 se viene considerando desde hace varios años, pero sin ningún resultado concreto. Según parece, hay dificultades para lograr 4 carriles y en algunos trechos aún 3. Así, parece claro, que los vuelos a Costa Rica desde Miami, los países centroamericanos y algunos de Suramérica posiblemente tengan un tiempo de vuelo inferior al que tomará viajar por la congestionada carretera de Orotina a San José.

Bancrédito es una institución fracasada desde hace muchos años. Se ha movido de crisis en crisis y se ha intentado su intervención en los años 2003, 2008 y 2013. Ahora se toma la decisión de convertirlo en un banco de desarrollo, sin embargo, los problemas estructurales se mantienen y las soluciones, en cada uno de estos años, ha sido similar: reforzar sus recursos de otros bancos púbicos o trasladar algunas de sus funciones a Bancrédito. Obviamente, las crisis podrán brotar en el futuro cercano. De hecho, toda la banca nacionalizada requiere intervención. Ha dejado de cumplir con los objetivos que dieron origen a la nacionalización, hacer más accesible y democrático el crédito e impulsar el crecimiento. Hoy no se cumplen porque los niveles de ineficiencia se reflejan en altos costos de intermediación que doblan la media de muchos países de referencia comparativa. Este problema es bastante viejo y la solución viable, aunque requiere de carácter para tomar la decisión política apropiada, de tal manera que se cumplan con estándares de eficiencia existentes en la práctica bancaria y fácil de darle seguimiento. Pero el tema ni siquiera ha sido objeto de debate nacional.

La historia de nuestro país está llena de problemas que causan serio daño a nuestro desarrollo y que pasan años y décadas sin correctivos. En nuestra región estamos al lado de Haití, el país con menor desarrollo relativo, en calidad de infraestructura. No obstante, el MOPT arrastra varios miles de millones de dólares sin ejecutar en cualquier año. Algo similar ocurre con muchos millones que tiene el MEP para ejecutar las obras de infraestructura de escuelas y colegios. Los atrasos de Fonabe en otorgar y ejecutar las becas a estudiantes pobres, generalmente se atrasa, castigando así a uno de los sectores más frágiles de la población. Frente a estas realidades, que contemos con un puerto de primer mundo en el 2019, en vez del 2018, sigue siendo una buena noticia.

La ineficiencia tiene un costo importante, que paga el contribuyente. La Platina, que debió haber resuelto hace varios años, nos costó unos $10 millones con cero resultados. La pifia famosa de la Ruta 257 al nuevo puerto de Moín nos costará $14 millones. La carretera a San Carlos ha incrementado su costo varias veces y sigue contando. La carretera a San Ramón tiene unos 13 años de haberse iniciado y todavía sigue en veremos. Varias propiedades siguen sin expropiar y persiste la discusión sobre la modalidad de ejecución, para evadir los frecuentes fracasos del MOPT.

Muchos de los problemas y su impacto en recursos que son escasos, se centran en obra pública, pero no son exclusivos del MOPT. Ocurren en el rezago en la prestación de servicios médicos por parte de la CCSS; en los altos costos de energía y los fracasos institucionales para la movilización de los excesos de personal; en los privilegios del poder judicial y del magisterio en materia de remuneraciones que ponen en riesgo los respectivos regímenes de pensiones; en el régimen municipal; y, en el antidemocrático sistema de elección de diputados, que hacen las jerarquías partidarias, para mencionar unos pocos casos. La necesidad de una reforma profunda es evidente, pero las clases políticas no parecen tener la visión y el carácter necesario para hacerlo. Arrastramos los mismos índices de pobreza por más de 3 décadas y la desigualdad crece, a pesar de que, en el 2015, invertimos la friolera del 77% del PIB en la operación del Estado y en los siguientes dos años ha seguido creciendo por encima de la inflación.

En un país en el que cualquier iniciativa dura eternidades en ejecutarse, un año no es desplome para contar con uno de los mejores puertos de la región. APM Terminals, una empresa seria, con gran experiencia en la materia, es responsable por la ejecución de la mayor obra de infraestructura que encara el país. Ya tenemos la experiencia exitosa de Caldera, en el pacífico, que funciona con eficiencia y excelencia del servicio, sin los contratiempos y las cargas económicas que el sindicalismo impone a otros servicios públicos. Puntarenas parece otra ciudad, mostrando su orden y belleza de nuevo, gracias a los recursos que recibe del nuevo puerto. Igual que en Caldera, es posible que muchos trabajadores se transformen en pequeños empresarios que brindarán sus servicios al nuevo Puerto de Moín. Limón podría recibir beneficios aún mayores, en el breve período de dos o tres años, mientras se agotan los recursos de Japdeva, absorbidos en excesos de personal e ineficiencia. De modo que bienvenido sea el atraso responsable, si con ello nos dan una obra de primer mundo, administrada con eficiencia y que, además, aporte equidad, con los recursos recibirá la población de la zona más bella del país.