El Estado gastón vuelve a la carga por más impuestos

Según un matutino “El Gobierno retomó el plan de impulsar un fuerte aumento en los impuestos, quizá hasta con un IVA superior al 15% sobre las compras de productos y servicios, debido a que las finanzas públicas continúan deteriorándose”. No es noticia: en el 2015, cuando ya se anunciaba el déficit fiscal sustancial, la Administración Solís Rivera (ASR) incrementó el presupuesto en casi 4 veces el nivel de inflación. La Asamblea Legislativa no lo aprobó, pero el Gobierno utilizó algún recurso ilegal para salirse con la suya. Luego, sobre esos excesos, mantuvo incrementos sustanciales por encima de la inflación en los años siguientes y sigue pretendiendo más. Por supuesto los recursos no alcanzan ¿Por qué?

Volvamos al 2015. El presupuesto total del Estado fue de ¢22.117.136 millones, digamos en números redondos, 22 billones, que equivalen al 77% del PIB nacional, posiblemente una de las cifras más altas del mundo. Para tener un punto de comparación, veamos la proporción del gasto público en Noruega 51,10%; Finlandia 56,10%; Suecia 50,00% y, en América Latina Brasil 41,64%; Argentina 39,40%; y, Uruguay 32,67%. Si no somos campeones en el nivel de gasto relativo al PIB, estamos muy cerca de serlo. La diferencia es que, especialmente los países nórdicos tienen una infraestructura de lujo, en una geografía mucho más compleja y demandante que la nuestra, a la vez que lideran el desarrollo social a nivel mundial. El Estado nuestro, en cambio, está colapsado y en muchos sentidos es un enemigo de todo proyecto de desarrollo, dominado por procesos interminables, onerosos y que no concluyen con los resultados esperados o lo hacen de calidad mediocre y enormes costos. Omitimos ejemplos, que son abundantes y de amplio conocimiento público.

Sí queremos reiterar nuestra argumentación en varios aspectos críticos. Primero, la tendencia a recurrir al presupuesto para resolver todo problema, dejando sus causas subyacentes intactas y por tanto también intactas las causas de la presión sobre los recursos públicos. Piénsese por ejemplo en Bancrédito, que está siendo transformado en un banco de desarrollo, pero que ha estado en crisis por décadas y la solución es siempre buscarle más recursos públicos para su supervivencia. No hay evidencia, por otra parte, en que será una entidad más eficiente y necesaria porque, en realidad, el problema está en la estructura institucional y los mecanismos determinantes de su funcionamiento, que incluye un fuerte factor político.

Segundo, sabemos que los recursos ya no alcanzan para cubrir necesidades importantes de la administración pública o para invertir en obra pública, a pesar de nuestra posición, cercana a la de Haití, en los últimos lugares de América Latina y el Caribe (ALC); o la negativa del Gobierno a pagar sus aportes recientes al régimen de pensiones IVM, requeridos por la CCSS, simplemente porque no tiene el dinero para hacerlo. Tercero, el más visible multiplicador del gasto, los salarios del ejército de más de 300 mil funcionarios públicos, con una bajísima productividad, que ya ha sido superado por pluses. También sabemos que algunas instituciones han perdido su norte y podrían desaparecer o reducirse sustancialmente, sin perjuicio algunos para sus legítimas funciones. A título de ejemplo, el CNP, IFAM y INFOCOOP cumplen una variedad de funciones, como capacitación o financiamiento, para las cuales hay instituciones públicas mejor calificadas para tales funciones. Enfatizamos, por su importancia relativa, el caso de la banca nacionalizada, creada para democratizar el acceso al crédito y para impulsar el crecimiento económico. Ambos objetivos se han perdido a causa, principalmente, de los altos costos de intermediación, producto de niveles sustanciales de ineficiencia.

En esencia los recursos sobran. 77% del PIB es una cifra excesiva. Según evidencias que hemos venido recogiendo, la ineficiencia puede tener un costo equivalente al 20% de los costos de operación del Estado, o unos $8000 millones por año, cifra que es casi 4 veces el avtual déficit fiscal. Si seguimos agregando recursos al Estado, las deficiencias se incrementan y también su costo. Nos estamos acercando peligrosamente a niveles de despilfarro que llevaron economías como la de España y Grecia a niveles de crisis, con un alto costo económico y social en perjuicio de todas las clases sociales. Seguir por esa ruta es suicida. El Estado costarricense es en gran parte responsable por su propia inequidad, que se refleja en los niveles de pobreza, desigualdad y crecimiento.

Recuperar el camino requiere un rediseño institucional urgente y acabar con la cultura del gasto. En esencia, necesitamos un Estado que funcione a partir de metas de equidad, que hoy desconocemos porque no tenemos Políticas de Estado; y por los productos o resultados coherentes con esas políticas, que se producen bajo parámetros de eficiencia apropiados, que tampoco conocemos, en gran medida porque la gestión pública está en manos de políticos que generalmente no tienen las competencias y la motivación apropiada. El lector podrá explorar más el tema de la reforma en nuestros editoriales, por ejemplo, El cambio necesario: pasar de los diagnósticos a la ejecución y Gestión pública: la cuestión estratégica.

Más impuestos no arreglan nada. Seguro, complica las cosas porque tendremos más costo público, que no se refleja en aportes al desarrollo y al bienestar de todos.