El más reciente acuerdo nacional: sus implicaciones y alcances

En la columna “Radar”, escrita por el brillante intelectual, diplomático transitorio y periodista de toda una vida, Don Eduardo Ulibarri, se refiere al reciente acuerdo político, alcanzado por los nueve partidos hoy representados en la Asamblea Legislativa. Lo hace, destacando sus potencialidades y también sus limitaciones. En general coincidimos con sus apreciaciones, algunas de las cuales también expresamos en nuestro editorial Acuerdo político ¿Será el despegue? El tema tiene particular importancia para la carreta, nuestro Estado, que se quedó pegada en mitad del río y no logra salir del atascadero. Mientras esa carreta sigue inmóvil, en su entorno global, otras pasan y se alejan cada vez más de la nuestra. Recuperar el terreno perdido será cada nuevo día más difícil y doloroso.

Don Eduardo Ulibarri rescata del acuerdo cinco áreas de particular importancia: voluntad de diálogo; definición de una agenda de grandes temas nacionales; confluencia en algunos proyectos específicos; y, promesa de respetar compromisos y la decisión mayoritaria. Son puntos importantes con los cuales coincidimos. Don Eduardo también dice que “No existe certeza de que, solo a partir de un documento de compromisos que tienden hacia la amplitud, emerjan las decisiones necesarias para avanzar hacia sus objetivos”. También coincidimos en ello, pero queremos agregar otros puntos para nosotros importante en relación con el futuro impacto de este acuerdo.

Destacamos, de manera particular, el equilibrio entre política y técnica, en cuya ausencia yace la imposibilidad de tomar decisiones que fortalezcan al Estado y a la democracia. En nuestra historia reciente, los políticos, especialmente en el Congreso, toman decisiones que con frecuencia resultan contradictorias con los fines que se buscan. Ello ocurre porque los políticos no tienen, necesariamente, las competencias para realizar los diseños institucionales o de procesos que guarden coherencia la intencionalidad legislativa, ejecutiva o, aun, judicial. Aquí ha nacido el término judicialismo, que implica dar una respuesta jurídica a un problema cuya naturaleza no es jurídica. Lo mismo ocurre cuando se aplica una especie de politicismo, si se permite el término, a problemas que no son de naturaleza política. Esto, en nuestra opinión, resulta en entidades innecesarias, repetitivas o contraproducentes, así como también de que el Estado esté invadido por procesos interminables que no generan resultados, en especial aquellos que impactan en el bienestar colectivo. Es así como hoy tenemos un Estado, conformado por bastante más de 330 entidades públicas, más de 300 mil funcionarios y un presupuesto que en el 2015 alcanzó el equivalente al 77% del PIB nacional, sin que los beneficios de esos recursos sean sentidos por la población. El equilibrio del acuerdo evade este problema, al partir de 11 temas políticos, definidos por los políticos legislativos, que dan origen a 59 acuerdos, cuyos contenidos han sido determinados por expertos en cada materia.

Segundo, el acuerdo no es “un documento de compromisos que tienden hacia la amplitud”, con lo califica Don Eduardo, sino un rico proceso, realizado en muy corto plazo, que podría ser reflejo de una voluntad política, que ha existido, pero que no ha sido aprovechada para realizar los cambios que el país espera, desde hace ya bastante tiempo. El tercero, el mantenimiento de la coyuntura de equilibrio a la que nos referimos en nuestro primer punto, en un compromiso de seguimiento, que conserva la eficaz facilitación de Artavia/Gutiérrez y agrega la participación del Informe Estado de la Nación que, nuevamente, constituye un acervo de técnicos, de quienes se puede esperar sólidos contenidos a las propuestas políticas de la agenda.

Cuarto, los facilitadores reconocen que los temas no comprendan todos los grandes problemas, ni todos los más importantes. Esto talvez no sea importante ahora. Creemos que hay un reconocimiento general de la existencia de un sentimiento nacional de crispación y frustración, porque, como sociedad, pensamos tener las capacidades y los recursos para ser un país desarrollado, sin los groseros niveles de exclusión que hoy afectan a grandes sectores de nuestra población. Por tanto, no se justifica que la carreta del desarrollo siga en mitad del río, lo cual produce frustración y dolor injustificado. Algunos indicadores son claros determinantes de la pérdida de respaldo a la política y a la democracia. Hemos sugerido que, según proyección de participación electoral en el 2018, el presidente electo podría tener menos del 25% de respaldo ciudadano, muy grave en términos de legitimidad política y contenido soberano del gobierno.

El país necesita, con urgencia, saber que sí tenemos reservas, en décadas recientes inexplotadas, que son garantía de que sí se puede. Si logramos proyectos específicos de los 59 acuerdos y si esos proyectos empiezan a encontrar viabilidad en la próxima administración o, mejor, a partir de lo que queda de ésta, habremos derrotado ese sentimiento negativo de irritación y enojo con el sistema. Estaremos, la gran mayoría de los costarricenses, apoyando y siendo parte de un proceso nacional de cambio, cuyos alcances nos pueden llevar a la total transformación del Estado costarricense. Y aquí pega con otra iniciativa: la que busca una nueva Constitución para el centenario.