Ineficiencia y corrupción ¿son la misma cosa? ¿cómo se produce?

El costo de la ineficiencia pública es elevadísimo. Lo hemos estimado, muy conservadoramente, en unos $8000 millones por año, cifra varias veces superior al déficit fiscal, que refleja un nivel de despilfarro que impedirá que el país se desarrolle o atienda los problemas más urgentes de crecimiento y pobreza. La ineficiencia, nos parece, es una forma de corrupción. Drena los recursos del Estado y, así, impide que cumpla con su principal función: llevar bienestar social a la mayoría de la población. Mayor perversidad, imposible.

La corrupción se entiende como el mal uso del poder político para generar ventajas, generalmente secretas, de beneficio personal o privado. Un conocido autor la define como “cualquier acto desviado…con fines económicos o no, ocasionado por la acción u omisión a los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración y que en su lugar, los impide, retarda o dificulta”.

¿Cuál son sus consecuencias? La más perversa, es que destruye la razón de ser del Estado costarricense, cuyo costo en el 2015 alcanzó la contundente cifra de ¢22 billones (para ser exacto: 22.117.136.000.000,00), equivalentes en ese año al 77% del PIB. Más allá de los niveles de crecimiento, pobreza y desigualdad, que todos creemos inaceptables, el Estado se ha convertido en un aparato que enlentece o detiene cualquier iniciativa pública o privada, cuya intención es mejorar el bienestar social, o la creación oportunidades para emprendimientos que nos ayuden a producir y distribuir riqueza.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Recordemos, como antecedente, que la Segunda República, originada en la década de los 40, principalmente por impulso socialcristiano y socialdemócrata, nos sacó de la pobreza generalizada y nos llevó al punto de disputar algunos indicadores con países que han logrado su desarrollo pleno. Sin embargo, el agotamiento se fue produciendo desde mediados de la década de los 70, en alguna medida impulsado por varias crisis cíclicas, que el país ha sabido superar, algunas veces con recursos externos, como en 1982-84, cuando el conflicto bélico de Centro América produjo un flujo extraordinario de fondos a nuestro país. Sin embargo, los elementos constantes responsable por la ineficiencia/corrupción del Estado son otros y, hay que decirlo, su víctima más sensible es su principal principio fundacional: la capacidad del Estado para generar equidad.

Empieza por un mal entendimiento de las relaciones obrero/patronales. Nuestra Constitución Política (CP) en su artículo 61, legaliza las huelgas de trabajadores “salvo en los servicios públicos…las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia”. Es posible que el constituyente del 49 tuviera conciencia de las diferencias de los movimientos sindicales, cuando el lucro está en juego, es decir, en el sector privado. Obviamente, el Estado no tiene lucro y tampoco patronos que pongan en juego su patrimonio personal. El patrono público, además, es una figura transitoria, con una permanencia que rara vez llega a los 4 años y con una motivación electorera. En suma, un patrono débil.

A pesar de ello, los políticos crearon un entorno legal de protección al trabajador, propio de las condiciones de la empresa privada, que conducido a un sindicalismo público que actúa con total impunidad, en un entorno de tigre suelto, el sindicato, contra burro amarrado, el político como patrono. Además, los sindicatos utilizan ese poder con absoluta prescindencia del interés de la población, en especial de los sectores más frágiles, que dependen más de los servicios públicos. La ilegalidad cunde en los servicios esenciales, con graves daños a los usuarios, y el uso de instrumentos de coacción o de violencia, como paralizar la economía e impedir el recurso constitucional de todo ciudadano de circular por las principales vías nacionales. Así, los sindicatos constituyen el mayor aporte a la ingobernabilidad y el mayor disruptor de la equidad del Estado, porque favorece el traslado masivo de los recursos públicos, en favor de un patrimonialismo corporativo, que representa algo menos del 9% de los trabajadores.

La democracia es soberana, es decir, aporta los mecanismos para que toda la población participe y adopte las acciones de las cuales depende su desarrollo y su bienestar. Varios mecanismos protegen ese derecho soberano, destacándose el proceso electoral que, como sabemos, tiende a perder el favor de los costarricenses, según indicadores de disociación política y abstencionismo. La razón principal es la cercana relación entre el poder político y el poder económico, presente en la expresión popular, según la cual, un candidato a presidente, si no tiene el respaldo empresarial, está perdido.

El proceso electoral tiene sus mecanismos para asegurar la prevalencia del interés particular sobre el interés nacional de todos los costarricenses: financiamiento de la campaña; costo del acceso a los puestos de elección popular; estructuras jerárquicas gubernamentales a las que tienen acceso los representantes del poder económico; y, entorno político en el que la población no tiene la representación corporativa, que sí tiene el interés particular: colegios profesionales que han adquirido condición pública; empresarios, productos agrícolas, importadores, exportadores, etc. En nuestro Estado corporativo, muchas organizaciones se multiplican en representación del interés por producto (banano, caña, arroz, café, etc.) o, por regiones, que actúan tanto a nivel nacional como local. En teoría al menos, el interés nacional lo representan los políticos de elección popular, pero, con frecuencia, el poder especial prevalece. Lo ilustra la decisión reciente de despido de la Presidente Ejecutiva de la CCSS y el subyacente incremento del aporte laboral en un 1%. una decisión soberana impuesta por el interés sindical y en serio perjuicio a una de nuestras grandes conquistas históricas, el régimen de IVM.

No se puede ignorar el abandono de la ética de servicio público, en beneficio del interés particular corporativo, especialmente notable en los temas de remuneraciones y pensiones, de amplia difusión mediática. Esa ética ha sido sustituida por un patrimonialismo extremo, que olvida los fines últimos del Estado, en favor de toda la población, para servirse de los vastos recursos públicos, como si fueran propios.

Finalmente, nos referimos a un tercer factor estructural importante. En el sector privado, la relación obrero patronal tiene un sentido de equilibrio, sustentado en el hecho de que los costos laborales, si se pasan de ciertos límites, pueden llevar al suicidio colectivo. “Conquistas” excesivas podría hacer que el inversor se lleve sus recursos a sectores o empresas más competitivas o, simplemente, generar la quiebra. Cuando esto ocurre el trabajador simplemente pierde sus oportunidades de empleo.

En el Estado, sin embargo, los inversores somos todos a través del sistema impositivo, pero nuestra identidad colectiva nos hace invisibles ante los gobiernos de turno. Además, los inversores públicos, todos los contribuyentes, no nos podemos llevar nuestros recursos en busca de más rentabilidad social, porque las leyes nos tienen fiscalmente secuestrados. Cuando una empresa deja de funcionar, como el CNP o la refinación por la que pagamos a Recope y que no se realiza hace ya más de un quinquenio, la solución es más presupuesto. Algunas veces nuestro mediocre poder legislativo, soberano a medias, pues es elegido por las jerarquías partidarias, cuando un problema adquiere dimensión social o cuando un nuevo proyecto surge, piensa no en la enorme capacidad operativa ociosa, sino en una nueva organización. Es así que tenemos un IFAM o el Infocoop, que repite funciones de financiamiento y capacitación, para lo cual hay instituciones especializadas que las podrían hacer mejor, a costos inferiores. El presupuesto es el gran villano: es el que suple una deficiencia, no suprimiéndola, sino agregando recursos. Como lo hemos descubierto en fechas recientes, aportamos más a educación, al poder judicial, al gobierno central, a las instituciones autónomas, a las empresas públicas, etc., que producen más ineficiencia, con frecuencia en mayor proporción que los recursos presupuestales adicionales que reciben.

Y, ese es el punto de crisis en que nos encontramos, con un Estado onerosos en exceso, recordemos, con costos que en el 2015 fueron equivalentes al 77% del PIB, pero con servicios que pierden cobertura, oportunidad y calidad.