¿Podría quebrar el Estado costarricense?

Según un titular de prensa, el “Gobierno adeuda ¢50.000 millones del aumento en cuota estatal al IVM”. Es la primera vez que el Estado se atrasa en sus aportes al régimen de jubilaciones más grande del país. Sin embargo, es una realidad que tendremos que enfrentar, a menos que se introduzcan prácticas más responsables en el ejercicio de los gobiernos de turno, que la clase política ha evadido por mucho tiempo. En teoría, los estados no quiebran, porque, de cualquier manera, los pueblos siempre tienen que pagar las deudas públicas.

Costa Rica se acerca a una situación de crisis, no por el déficit fiscal que se acerca al 6% del PIB, sino porque los recursos del Estado no se destinan a inversiones productivas, en términos de bienestar social. La economía no crece a los niveles necesarios, la pobreza tiende a subir el techo del 20%, la desigualdad es de las más altas de la región y, fácil, el 25% de la fuerza laboral se encuentra desempleada o en informalidad.

En todo caso, el problema es serio y, reiteremos, invade la totalidad del Estado, en el que el gasto crece, pero la calidad del servicio público retrocede: Japdeva ha dejado de aportar al desarrollo de la cuenca Caribe, porque la administración absorbe la totalidad de los recursos; Recope tiene un costosa planilla para refinación, que no se hace por varios años; la CCSS, sin tener las competencias para ello, administra el régimen IVM y lo tiene cerca de la insolvencia; el ICE impone altos costos de energía que expulsan empresas y empleo en beneficio de nuestros vecinos; el CNP y Bancrédito sobreviven, sin razón alguna para ello; la banca nacionalizada, con sus altos costos de Intermediación, ya no cumple con sus objetivos principales, impulsar el crecimiento y democratizar el crédito; el régimen municipal, disperso en más de 80 cantones, sufre de la misma ineficiencia y corrupción del Gobierno Central.

Algo de este panorama nos lo adelantó el Presidente Solís en su discurso de los 100 días, pero el cambio que prometió en campaña electoral fue luego abandonado ¿algo del populismo, que ahora se acentúa y que ha causado gran perjuicio en el mundo?

En nuestros editoriales hemos venido utilizando la cifra de $8000 millones anuales, que dobla varias veces el déficit fiscal, como costo de los altos niveles de ineficiencia pública. También hemos dicho, que es una estimación conservadora, inferior al 20% del costo de administrar el aparato estatal, según el presupuesto del 2015, que llegó a ¢22 billones, equivalentes al 77% del PIB. Sin duda, el costo de la ineficiencia es más alto, tal vez incluso cercano al 50% del presupuesto nacional, como alguna vez lo aseguró el exministro de hacienda, Don Oscar Barahona Strever. Aun así, en teoría al menos, el Estado no quiebra, aun cuando algunas de las más complejas y costosas instituciones de la región, como el MOPT, con costos de operación de ¢466.000 millones en el 2017 (cerca de $820 millones) ha sido encargada a “gerentes” (ministros) que ocupan sus cargos, en promedio, 1,3 años (3 en 4 años). Cualquier empresa seria, con una pequeña fracción de ese tamaño y costo, con tal fragilidad de conducción, habría quebrado y desaparecido de la competencia.

¿Cómo, entonces, sobrevive la empresa pública? La opción para salvarla de la quiebra, de su incapacidad para usar responsablemente sus ingresos, se resuelve con un recurso fácil: más presupuesto, más personal y, con alguna frecuencia, creando nuevas organizaciones que asuman las responsabilidades de entidades fallidas, sin que éstas desaparezcan. Es el patrón de comportamiento, una especie de ruta suicida, por el cual los recursos improductivos crecen, bajo el efecto bola de nieve, en un proceso histórica de acumulación que hace el Estado insolvente e incapaz de generar bienestar social. Esa es la ruta por la que transita el país, la misma que escogieron Grecia y Puerto Rico, entre varios otros países.

Según la experiencia histórica, los estados pueden quebrar, pero los pueblos no. Los pueblos pagan las deudas contraídas por estados, es decir, por políticos incompetentes que gastan más allá de las posibilidades reales de sus ingresos. Las “quiebras”, se encuentran más en las izquierdas que en las derechas. En aquellas, los políticos de turno, más allá de la frecuente corrupción, asumen compromisos populistas que exceden los recursos públicos. Le siguen por algún tiempo políticas de acoso fiscal, hasta que el Estado cae en situación de insolvencia. La cuenta, una vez más, si la pasan al contribuyente. El Presidente Solís la elevó a nivel de política pública, al rehusar enfrentar los multiplicadores del gasto y pedir más impuestos.

La crítica, per se, no lleva a ninguna parte. Su propósito es urgir a la clase política para que asuma su responsabilidad, en momentos que el populismo asoma o incluso es un franco riesgo para el país. Los indicadores son claros y no necesitamos reiterarlos. Solo recordemos que, con el absentismo esperado en el 2018, el presidente que elijamos solo tendrá el respaldo de menos del 25% de los votos registrados en el padrón, lo que equivale a poca legitimidad, pérdida de la base soberana y, desconfianza en la democracia que practicamos. Parar el populismo no se logra con repetir sus falacias. Hay que corregir las fallas de gobierno y hay que hacer de la estructura y procesos del Estado, un aparato capaz de producir con equidad y eficiencia, condiciones que hoy no existen.