De cara a un nuevo período presidencial, ¿qué necesita el país?

La clase política ha venido postergando las reformas que requiere el país que dio un salto cualitativo importante en los 40 y, un par de décadas después, se trabó. El problema principal son las disfuncionalidades del Estado, gran determinante de lo que haga el país como un todo. Lo es por el volumen de los recursos que maneja, equivalentes en el 2015 al 77% del PIB nacional y por su función en educación, salud, energía, seguridad, infraestructura, etc. Don Ottón Solís, uno de los políticos más coherentes del entorno nacional, se refiere, en nota periodística de este día, a El liderazgo que necesita el país. Si se nos pidiera 3 complementos adicionales, necesarios para salir del atascadero en que nos encontramos, aportaríamos las siguientes: 1) visión estatal; 2) corrección del desequilibrio política/técnica; y, 3) reducir sustancialmente el impacto del factor sindical en gobernabilidad.

Nuestro aporte tiene como justificación que la mayor parte de las iniciativas son curitas minúsculas, en una enorme herida pública. Cuando el país se acerca al precipicio, perder la oportunidad de cambio tiene un enorme costo económico, político y social. Por ello, debemos de saber hacia dónde vamos y cómo llegar donde queremos. El punto de partida, liderazgo, nos lo aporta con claridad Don Ottón. Pero hay más.

¿Por qué, visión estatal? Porque hemos construido un Estado paquidermo, débil en buena parte por su excesivo tamaño y costo. Si el Estado no funciona, toda la base de nuestro desarrollo será débil. La Segunda República, que fue tan buena por dos y pico de décadas, está agotada. Además, hacerlo funcionar supone que todos los recursos del Estado aporten a sus finalidades últimas, que no son otras que el bienestar colectivo. Pero no lo hace: falla el Gobierno Central; unas 182 instituciones en algún régimen de descentralización, que según la CGR su condición no produjo ganancias en eficiencia, aunque sí en privilegios; las empresas públicas, incluso la banca nacionalizada, con altísimos costos de intermediación, lo que equivale a abandonar sus dos objetivos principales: democratizar el crédito y aportar al crecimiento económico; y, el régimen municipal que arrastra problemas similares a los del Gobierno Central, ineficiencia extrema y corrupción. La reforma del Estado es esencial, pero imposible si pensamos en soluciones por instituciones individuales. Es viable, si pensamos en una docena (más o menos) de ejes críticos que afectan por igual a la totalidad del Estado. No nos extendemos en otras implicaciones de este planteamiento, pero agregamos que es esencial recomponer la autoridad ejecutiva, cercenada en forma sistemática desde el 49.

¿Por qué corrección del desequilibrio político/técnico? Porque el Estado carece de dirección y es incapaz de ejecutar aún proyectos simples. La dirección y los principales elementos de estrategia pública son la esencia de las políticas de Estado, de las cuales carecemos. Eso produce dispersión monumental de recursos, representados por unos 22 billones de presupuesto estatal, el producto de más de 330 entidades públicas (unas 182 descentralizadas) y una fuerza laboral de más de 300 mil funcionarios. Pero, tampoco ejecuta, aún proyectos pequeños como La Platina. Otros de trascendencia, como la carretera a San Carlos nos ha tomado décadas en planificar y en hacerlas. La magnitud de la ineficiencia es extrema y se reproduce en todas las instituciones del Estado. El país necesita un nuevo equilibrio en el cual la política se convierta en el principal factor de éxito y rendición de cuentas del nivel de decisión política. Y, la técnica, es decir, la incorporación de gerentes profesionales que aportes las tecnologías apropiadas para generar y entregar los productos del desarrollo y el bienestar a la población. Mientras estos ejes de la gestión pública se encuentren confundidos y los dos atados a la decisión política, el Estado seguirá sin orientación y sin capacidad ejecutiva. Debería ser evidente para el lector, que estamos cuestionando nuestro inoperante modelo de gestión pública, con fallas estructurales, entre las cuales se encuentra la duplicidad “ministro/presidente ejecutivo” y los poderes otorgados a juntas directivas que representan intereses corporativos y no aportan competencias y experiencia afines al quehacer de cada institución.

¿Por qué la relación ingobernabilidad-sindicalismo? Los sindicatos son el principal factor de ingobernabilidad, primero, porque paralizan la administración pública por cualquier ocurrencia (por ejemplo, por la evaluación del desempeño). Segundo, es necesario reconocer que el sindicalismo público no representa la fuerza laboral y solo tiene una membrecía inferior al 9% de los trabajadores. Tercero, hay que anotar una diferencia esencial: el Estado no tiene lucro, que hace una gran diferencia en las relaciones trabajador/patrono. En el Estado, las “conquistas laborales”, las paga la población de menores ingresos, que dependen más de los servicios públicos. Los costos de los acuerdos colectivos implican sustracción de los recursos y debilitación de la capacidad publiva para buscar la equidad. Oculto en esta realidad, subyace la equivocada interpretación de los jerarcas públicos del costo político. Sus concesiones a los sindicatos soy hoy repudiados por la inmensa mayoría de los costarricenses. Es la opinión pública, el interés nacional, que deberían cuidar los políticos en sus relaciones y concesiones sindicales. Proteger el interés particular de unos pocos es fuente parte importante del enojo popular contra los políticos y la política.

Son del conocimiento público los problemas relativos a remuneraciones y pensiones. Para quienes tratamos de entender la Constitución (CP), más con sentido común que con conocimiento jurídico, pareciera evidente que el artículo 33 busca la equidad y condena la discriminación. Los abundantes privilegios públicos para unos, evidentes incluso en el poder judicial, son una forma de discriminación para otros, inconstitucionales ambos. Para preservar la equidad, acorde con nuestra CP, es esencial una ley marco que establezca las condiciones laborales y las prohibiciones que constituyan fuente de inequidad, comunes para la totalidad del Estado. Esas condiciones implicarían, entre muchas otras cosas, una delimitación de lo que es legítimo y legal negociar en las convenciones colectivas.

Conclusión: por supuesto, el liderazgo, lamentablemente ausente en la Administración Solís Rivera y del PAC, es fundamental para la conducción de la administración pública. El enfoque parcial seguirá distrayendo la atención del gobernante, a menos que haya una decisión estratégica de reforma, focalizada en los ejes comunes de alcance estatal. Ceder, como lo ha hecho el Presidente Solís, en la destitución de la Presidente Ejecutiva de la CCSS y, algunos de sus ministros, cuando aplica la ley con carácter selectivo en relación con el pago de sueldos a los huelguistas ilegales, es poner el interés particular por encima del nacional. Hacer de apaga incendios, en relación con los privilegios en materia de remuneraciones y pensiones del poder judicial y del magisterio, es falta de visión sobre la necesidad de una ley marco nacional, acorde con el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación, como lo establece la CP. Permitir que el país siga sin políticas de Estado, que nos digan hacia dónde vamos y cuáles son los resultados esperados, es fomentar el despilfarro y la confusión en el uso de los vastísimos recursos públicos; y, asignar la responsabilidad ejecutiva también a los ministros, motivados por factores electorales y generalmente sin las competencias gerenciales, es el tapón que detiene toda iniciativa pública. Son puntos críticos que están en juego frente a la reforma institucional -el cambio- que la abrumadora mayoría quiere y que la clase política sigue ignorando.