¿Es razonable esperar que la reforma del Estado sea el principal motor de la administración 2018-2020?

La necesidad de un cambio, en la estructura del Estado y en nuestra práctica de la democracia, es evidente. El votante muestra una creciente tendencia a aislarse del proceso democrático, evidente en las elecciones del 2014 y luego en las municipales, con índices de abstención del 43% y del 65%, respectivamente. La desafiliación partidaria hoy supera el 70%, según un sondeo de la UCR y, se espera que, en el 2018, posiblemente participen menos del 50% del padrón electoral. Más significativo, el comportamiento de la población lo domina la convicción de que la política y el sistema democrático no tienen capacidad para encarar los retos que hoy enfrenta el país.

El entorno pre-electoral agrega una señal más preocupante: un candidato, considerado populista, sustentado en una plataforma partidaria casi inexistente, sin propaganda formal, sin definición ideológica, con una o dos ideas fundamentales, una de las cuales es el rechazo a los partidos tradicionales, aparece ya, en dos encuestas, en segundo lugar de las preferencias del votante y muy cerca del candidato del partido tradicional dominante. El Latinobarómetro 2013 reveló que un 38% de los costarricenses aceptarían o serían indiferentes a un gobierno autoritario y ahora parece que dejamos de valorar la democracia y estamos dispuestos a correr riesgos con otra opción no tradicional.

Lo que más parece irritar al costarricense es la ineficacia del Estado, un aparato complejo, esclerótico, costosísimo, que en muchos sentidos actúa como el principal obstáculo a cualquier proyecto de desarrollo. En el 2015 nos costó la extraordinaria suma de 22 billones de colones, que equivalen al 77% del PIB y, según estimaciones propias, conservadoras, más de US$8.000 millones se pierde cada año como costo de la ineficiencia, suma varias veces mayor que el actual déficit fiscal ¿Es posible revertir esta situación bajo la iniciativa de un nuevo gobierno?

Lo es, aunque el actual gobierno agregó combustible al fuego del descontento popular, con la incumplida promesa de cambio. Es posible también que exista la semilla de un acuerdo, presente en las propuestas de varios partidos hacia un esfuerzo nacional de concertación y en la actuación del congreso en el último año ¿Qué puede hacer el gobierno del período 2018-2022? Debe reconocer, primero, que la ansiedad por el cambio persiste en el imaginario colectivo. Segundo, debe generar confianza en que existe voluntad de cambio y que las promesas electorales son algo más que retórica. Tercero, debe estar dispuesto a negociar, para lo cual podría requerir compartir algunos componentes del poder político, una especie de meritocracia en torno a metas de cambio.

El nuevo Gobierno tendría dos instrumentos para demostrar que está comprometido con el cambio. Uno, de autoría propia, representado por una estrategia de cambio, simple, clara y de alcance nacional. Es decir, en un lenguaje inteligible para toda la población, articular las ideas fundamentales para la construcción de un Estado que sirva al interés nacional y que rescate la equidad que las estructuras institucionales han perdido. Esa estrategia es el ingrediente principal para conformar una idea nacional de cambio, que todos, o la inmensa mayoría, compartamos.

Dos, definir las grandes ideas concretas de cambio, dirigidas a resolver los graves problemas que nos tienen paralizados. Y, de ello, ya tenemos un buen principio en las propuestas de la comisión de notables, integrada por excelentes profesionales, con experiencia en campos tanto técnicos, como políticos. Uno de los integrantes es hoy un precandidato presidencial, otro fue ministro y único presidente del congreso durante una administración completa y, otro, es un notable historiador nacional e exdiputado. Los demás miembros aportan conceptos técnicos fundamentales de la administración pública. El informe presentado incluye 97 recomendaciones de cambio, en seis ejes críticos: relación poder ejecutivo-poder legislativo; asamblea legislativa; poder ejecutivo y administración pública; poder Judicial y sala constitucional; seguridad jurídica y tramitomanía administrativa; y, relaciones sociedad y estado.

Ese Informe no fue ni siquiera debatido por el Congreso, bajo argumentos espurios de tinte politiquero y murió en manos de alguna comisión legislativa, que le negó legitimidad. De alguna forma, refleja la propia crisis de nuestro primer poder, de escaso valor soberano, elegido por las jerarquías políticas partidarias. Sin embargo, las propuestas de cambio son sólidas y, sobre todo, concretas. Los seis temas antes mencionados ofrecen una visión de la amplitud de los contenidos de las 97 reformas propuestas. Por supuesto, el país no tiene por qué aceptarlas, pero tampoco tenemos que aceptar la visión estrecha del congreso, que determinó su archivo, sin que mediara una discusión seria de los planteamientos.

El valor del trabajo de los notables es extraordinario y puede sacar al país del nadadito de perro, mientras la crisis del Estado se profundiza, el descontento popular crece y los riesgos son imprevisibles. El valor de ese trabajo reside, primero, en que es una síntesis valiosísima de la experiencia y competencias de un grupo de costarricenses que se han distinguido en funciones políticas y profesionales. Segundo, porque aporta sustancia y solidez a la discusión nacional sobre la reforma del Estado costarricense. El planteamiento es muy sencillo: las propuestas de los notables constituyen un material de inmenso valor para discutir y socializar ideas fundamentales del cambio que requiere el país. Ese esfuerzo de difusión y socialización debe realizarse en varios niveles, entre ellos, el político a nivel de partidos y tendencias; el legislativo; y, más importante, el civil, para conformar una idea nacional de cambio, que incluso permitirá contrarrestar los intereses corporativos que seguro intentarán dominar el debate.

Tiene además un valor logístico/estratégico. El presidente electo puede ejercer el liderazgo de tal proceso, pero encargar la difusión y socialización de las propuestas de cambio, con los ajustes que sean requeridos, a sus propios autores, los notables. Lo cual implica que su gestión durante el período 2018-2022 se cumplirá con alguna normalidad, al tiempo que introduce las reformas de corto plazo y conduce al país por la ruta del cambio de largo aliento que, en general, la clase política ha ignorado. Tendríamos, por fin, un legado político, pero más importante, el de un estadista, que supo entender los retos del momento y realizar los ajustes estructurales que las complejas coyunturas demandan.