Democratizar la democracia

Nos referimos, en un anterior editorial, a los riesgos del populismo, los cuales se enfrentan, según nuestra argumentación, corrigiendo los factores estructurarles de la democracia que generan desequilibro político, económico y social. Costa Rica es un país distinto, que ha hecho notables progresos, gracias a la visión y el carácter de nuestros liderazgos históricos, pero hoy el país se encamina hacia una crisis de dimensiones impredecibles, reflejo de lo cual es el sentimiento nacional de enojo y la desconfianza en la política y en los políticos. Más grave, al entrar en un año electoral, una tendencia, claramente populista, se ubica en el segundo lugar de preferencias del votante ¿Por qué el enojo y el rechazo a los partidos tradicionales? La razón es que practicamos una democracia excluyente, que arrastra sustanciales niveles de pobreza, desigualdad e incertidumbre ¿Cuáles son sus fallas principales? He aquí nuestra opinión:

El Estado como eje del desarrollo. Tenemos un Estado intrusivo, heredado a los cambios adoptados por el país en la década de 1940. Difícilmente alguien puede cuestionar la premisa de que el Estado constituye el eje principal en la búsqueda del bienestar social, dada su participación en temas decisivos, como salud, educación, energía, infraestructura, seguridad, entre muchos otros. Además, representa una parte importante de los recursos nacionales, según el presupuesto 2015, 22 billones de colones, equivalentes al 77% del PIB, que, además, impactan en la movilización de la totalidad de los recursos del país. Por ello, el “buen” funcionamiento del Estado es determinante del buen funcionamiento del país. A pesar de esa cantidad descomunal de recursos, los indicadores de crecimiento, pobreza y desigualdad apuntan a un Estado disfuncional, que requiere urgentes y profundos cambios.

El Estado corporativista. A través de los años, el corporativismo se ha constituido en el principal factor de poder, fortalecido por decisiones políticas equivocadas, que hacen sus presiones irresistibles. Ejemplos sobran: cámaras de productores agrícolas o industriales, que originan múltiples organizaciones locales, regionales o, por tipo de producto; los colegios profesionales, elevados a la condición de interés público por el Estado, que buscan recursos de privilegio para clubes sociales fastuosos, costosas sedes físicas, aportes estatales a los regímenes privados de pensiones y tarifarios que rompen las relaciones de oferta/demanda en perjuicio de la población usuaria; y los sindicatos que, con una membrecía inferior al 9%, pretenden representar el interés de la fuerza laboral e interfieren en decisiones soberanas.

Los sindicatos , sin duda el mayor contribuyente a la ingobernabilidad, han mostrado a otras entidades corporativas, el camino de la impunidad: las huelgas legales o ilegales, que emplean el recurso inconstitucional del cierre de las vías por las cuales transita la gente y la economía, práctica hoy común en “marea roja”, los camioneros, Conarroz y otros grupos de interés especial. La solución a este problema es complejo: 1) modificar las prerrogativas al sindicalismo, copiadas del sector privado, sin pensar que, en el Estado, los privilegios laborales, muchos de naturaleza abusiva, sustraen los recursos que el Estado necesita para llevar bienestar a toda la población; 2) hacer lo propio con otras entidades privadas, como los colegios profesionales, que vienen asumiendo funciones públicas y derivando beneficios en perjuicio del ciudadano, en un claro aporte a la desigualdad; 3) blindar de las presiones sindicales a las decisiones legislativas y ejecutivas, en temas que tienen origen en el voto popular; y, 3) reformas políticas que incrementen el rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Transgresión y abandono de la ética de servicio público. Con el corporativismo dominante, se ha impuesto una conducta patrimonialista, que abandona la ética del servicio público, en beneficio de los intereses de la burocracia. De ello se deriva una tendencia sostenida que reduce la calidad y cantidad de los servicios públicos, a la vez que se incrementan los costos, pagados por el bolsillo de todos. No es extraño, por tanto, que se culpe a los políticos, dada su tendencia a querer resolver todo con más gasto y más recurso presupuestal, sin atender otras fuentes de despilfarro.

Proceso electoral parcialmente democrático. La falla principal del sistema político es la carencia de distritos electorales, de los cuales se derive un compromiso comunitario regional/local y la posibilidad de rendición de cuentas a la ciudadanía. Además, sin perjuicio, de la conveniencia de que el ejecutivo cuente con un pequeño grupo de “diputados nacionales”, la elección debe trasladarse de las jerarquías partidarias a la ciudadanía. Las reformas hacia un Estado mixto, con características parlamentarias podría incrementar los mecanismos de rendición de cuentas, sin el cual el corporativismo impondrá el interés particular sobre el interés nacional.

¿Quién gobierna en Costa Rica? El debate en torno al despido del Presidente Ejecutivo de la CCSS y al incremento del aporte laboral al IVM de 1%, pone en evidencia un tema trascendente: la autoridad del Presidente y, en general, del Poder Ejecutivo. Nuestro Estado es un un archipiélago des-orgánico, conformado por más de 330 entidades públicas, unas 182 de las cuales están en algún régimen de autonomía. Sin embargo, nuestra condición de Estado Unitario le otorga la autoridad de conducción y coordinación al Presidente y su equipo de Gobierno. La Constitución dice, en relación con la autonomía, que tales instituciones están sometidas a la ley en materia de gobierno. En adición, la RECTORIA implica que la política pública y las grandes estrategias nacionales son facultad del ejecutivo con cada ministro del ramo. Los políticos y el país debe entender que el Presidente sí tiene autoridad suficiente para ejercer la conducción de la totalidad del Estado. Esto es esencial para que sus vastos recursos sean sinérgicos en relación con las grandes metas nacionales. Esa autoridad también da para que las urgentes reformas del aparato público tengan dimensión estatal.

La gran deficiencia estructural: Soluciones políticas a problemas técnicos. Nuestros estados, en especial dentro del sistema republicano, no distingue la política de la técnica. La direccionalidad del Estado está determinada, sobre todo, por la equidad, que debería reflejarse en las Políticas de Estado (PE), de las cuales carecemos. Y, sin la direccionalidad de políticas de Estado la dispersión y la ineficiencia impedirán que los vastos recursos del Estado produzcan bienestar y justicia social. Tampoco se aprovecha algún elemento de continuidad de un gobierno a otro, o la posibilidad de ejercitar el control sobre la función pública, que fluye con rumbo desconocido.

El ámbito de la técnica se encuentra en la ejecución. Es, en esencia, la aplicación de tecnologías y métodos específicos, propios de la gerencia profesional, para generar procesos y movilizar recursos que le permitan al Estado traducir las PE en los productos concretos del desarrollo, la justicia social y el bienestar de la población. El político generalmente no tiene las competencias para ello, pero carece también de la motivación apropiada, de orden político. Esto es legítimo en democracia, pero la política en los procesos técnico/administrativos tienen efectos catastróficos. Ello debería ser evidente en Costa Rica: Sin PE carecemos de un claro sentido de dirección, pero, además, somos incapaces de ejecutar incluso proyectos simples y pequeños. Es la consecuencia de la desarticulación política/técnica.

Gestión pública. El mayor impedimento es la desarticulación política/técnica anotada en la sección anterior. Sin embargo, hay otras contradicciones: a) desarticulación entre entidades y poderes públicos. La Sala IV interfiere, co-ejecutando y co-legislando, mientras el congreso funciona con lentitud extrema, en directo conflicto a la brevedad del tiene el ejecutivo para cumplir con su compromiso político electoral. Esto estimula el creciente ausentismo electoral: para qué votar si los presidentes, aún los más buenos, siempre quedan debiendo.

Hay además una desarticulación orgánica. Recordemos que el Estado está conformado por más de 330 entidades, repartidas en el Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, las empresas del Estado y el régimen municipal. La problemática, con matices diversos, es la misma en todas ellas. Como ya se argumentó, el Presidente debe ejercer su autoridad en ámbito estatal y no solo en una pequeña parte de él (Gobierno Central). De otra manera los vastos recursos del Estado no aportarán a las finalidades comunes de bienestar social.

Por otra parte, las juntas directivas (JD) han producido mucho daño en materia de gestión pública: a) los directivos generalmente no tienen competencias afines al quehacer institucional respectivo; b) actúa como un gerente general, mediante acuerdos que hacen las decisiones lentas e inoportunas; c) sus miembros son representantes de intereses especiales, que fácilmente entran en conflicto con el interés nacional; y d) la responsabilidad se diluye entre los directivos, lo que impide la rendición de cuentas. Finalmente, la figura del PE, es dispensable y redundante. La autoridad de decisión política (Rectoría) es del Presidente con el ministro de cada ramo, no del PE.

La confusión político/técnica tiene especial relevancia en gestión pública. El país debería crear la figura de un gerente estable en función de desempeño, comandada por profesionales con amplia experiencia en dirección de empresas complejas, por supuesto, bajo alguna forma de control por resultados ejercida por el nivel político. Encargar empresas públicas de la complejidad del ICE, la CCSS, el INS, el MEP, el MOP, etc., a gerentes que no duran en promedio un par de años en sus funciones, es la fórmula para el fracaso. Finalmente, es obvio que las PE y la función de control por resultados que debe ejercer el nivel de decisión política, tienen algún contenido técnico. Ambas se beneficiarían si los ministros contaran con un pequeño equipo técnico estable, altamente profesional, en áreas como estadística, sistemas, administración, economía, entre otras. Sus funciones serían apoyar el diseño de PE y crear los mecanismos que hagan posible un control eficaz, sin interferencia en los procesos intermedios.

¿Tomar la Constitución en serio? Hay mucho constitucional que no se aplica o que se toma a la ligera. El artículo 33 tiene particular importancia, porque se refiere a la igualdad y la equidad. Si fuéramos respetuosos de dicho artículo tendríamos una serie de leyes marco que garantice condiciones laborales similares para todo empleado público en los cuatro grandes grupos de instituciones antes mencionadas. Sin esas leyes marco, incluso en campos como el financiero, desempeño global y eficiencia, desarrollo organizacional, logística, etc., el caos reina, como lo vemos hoy en materia de salarios, pensiones y en más de 49 reglamentos de personal, bajo cuyo amparo se impone el privilegio, la desigualdad y la inequidad.

La equidad es el corazón de toda acción pública. Sin embargo, el Estado ha perdido la capacidad que tuvo en las dos primeras décadas de la Segunda República. La inequidad es el producto de cada deficiencia estatal que hemos anotado. Los recursos del Estado han sido dominados por el interés corporativo y muy poco se hace hoy en beneficio de los más desafortunados. Para lograr bienestar y a través de ella la estabilidad política y social que hemos perdido, ha que revertir esas tendencias. Es, además, la fórmula para repeler el populismo.