El país no está “parado”, está en franco retroceso

Una expresión irónica resume lo que está pasando en nuestro país: las cosas no andan tal mal como parecen, sino peor. Costa Rica no está estancado, sino en franco retroceso. Prueba de ello, el despido de la Dra. Rocío Sáenz y el contundente golpe que un grupo de diputados le asestan a la seguridad social, con la aprobación del traslado de varios miles de docentes del régimen IVM al del Magisterio Nacional. En ambos casos se trata de decisiones que debilitan nuestra institucionalidad y profundizan los efectos del inadecuado modelo de gestión pública que hemos venido aplicando. Es un hecho incuestionable que nuestros sistemas de pensiones, simplemente carecen de los recursos necesarios para su viabilidad en plazos que son críticos para que quienes hoy contribuyen, mañana no podrán disfrutar de una vejez en condiciones de dignidad. La decisión de los diputados complica aún más la situación y le impone al Estado compromisos económicos que no podrá cumplir. Bien por dos candidatos, del PLN y el PUSC, que han cuestionado la iniciativa del congreso.

La mediocridad legislativa es evidente en esta decisión y en muchas otras, lamentablemente producto de un proceso electoral poco democrático, en el que la selección la hacen las jerarquías partidarias y no hay un compromiso local que, además, haga posible la rendición de cuentas.

En la decisión del Presidente Solís de despedir a la Dra. Sáenz, subyacen una serie de defectos estructurales que, sin reformas de fondo, seguirá profundizando las crisis del Estado y el enojo popular contra políticos y políticas que nos llevan a la deriva o, tal vez, incluso a soluciones populistas que acelerarán nuestra viaje al precipicio. Veamos algunas de estas fallas:

  1. Pobre comunicación y coordinación ejecutiva. El despido parece originarse en la decisión de la Junta Directiva de aumentar la contribución laboral al IVM en un 1%. La Dra. Sáenz, en entrevista a un medio de comunicación, dice que el tema nunca fue discutido con el Poder Ejecutivo, es decir, con el Presidente o con el Ministerio de la Presidencia. Si esto es cierto, es aparente que la decisión de la Junta Directiva se produjo en ausencia de alguna indicación política superior en sentido contrario. Este parece ser un problema crónico de la Administración Solís Rivera, reflejado también en la iniciativa, aparentemente nacida en el Ministerio de la Presidencia, para mejorar las remuneraciones de los jerarcas del Gobierno, contundentemente denunciada por el propio Presidente Solís.
  2. ¿Quién gobierna la CCSS? La Constitución dice que las instituciones autónomas tienen independencia, pero en materia de gobierno se ajustan a la Ley. Somos un Estado Unitario, lo que reafirma el concepto anterior y la autoridad del Presidente Solís en la conducción de la CCSS y de toda entidad que conforme el Estado. Además, el principio de RECTORIA determina que las Políticas de Estado son responsabilidad del Presidente, compartida por el ministro del ramo, en el caso de la Caja, con el Ministro de Salud ¿Alguien sabe cuál es la Política de Estado y las estrategias básicas en materia de salud y seguridad social? Sirva la ocasión, ahora que estamos en proceso electoral, para enfatizar la necesidad de que nuestros candidatos presidenciales adquieran conciencia de que el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la CCSS, forman un equipo que requiere acuerdos previos y compatibilidad de ideas. Si esas condiciones, la gestión de la salud (minsalud) y la atención médica (CCSS) siempre estarán en riesgo de conflictos, en perjuicio de los usuarios.
  3. Soluciones políticas a problemas técnicos. El Presidente Solís y su nuevo Presidente Ejecutivo de la CCSS equivocan el camino para preservar la histórica conquista que representa el régimen IVM. Tres errores auguran decisiones equivocadas: a) la CCSS, una institución especializada en atención médica, no tiene las competencias para administrar el régimen IVM, concentradas en cálculo actuarial y finanzas; y, b) la estabilidad del régimen IVM es un tema técnico que debería dejarse en manos de profesionales con competencias en las dos disciplinas antes mencionadas. La Junta Directiva conformada por representantes de intereses especiales, el liderazgo de un médico en función de Presidente Ejecutivo de la Caja y la llamada “mesa de diálogo” no tienen competencia para producir una decisión que garantice la estabilidad del régimen, todo ello sin perjuicio de que la decisión técnica, una vez articulada, sea sometida a un proceso de amplia difusión nacional.
  4. ¿Quién gobierna en Costa Rica? ¿Los sindicatos, la ANEP? El despido de la Dra. Sáenz fue celebrado como una conquista laboral por Albino Vargas. Pareciera evidente que la decisión del despido fue producto de la presión del sindicalismo, un grupo de interés especial, que representa menos del 9% de la fuerza laboral, hecho negado por el Dr. Llorca, nuevo Presidente Ejecutivo de la Caja. Recordemos que el Presidente ha sido muy generoso con los sindicatos: se pronunció favorable a la huelga de los docentes antes de asumir la presidencia; le tendió la mano frente a un contundente fracaso de la madre de todas las huelgas; y su exministro de Trabajo, hoy precandidato presidencial, alabó su propia decisión, aplicando selectivamente la ley, para autorizar el pago de los salarios de los huelguistas ilegales (servicios esenciales).

Reiteramos, el Presidente tiene la autoridad para disponer de sus principales colaboradores. Pero el “buen gobierno” se construye en base a una buena estructura institucional, que no tenemos, y de procesos de gestión que empleen las facultades que otorga nuestro marco institucional. Hemos destacado aspectos esenciales, que reiteramos en un planteamiento más general, referido al Estado costarricense que, recordemos, lo conforman más de 330 entidades, en cuatro grandes componentes: el Gobierno Central, las instituciones autónomas, las empresas del Estado y el régimen municipal. Esa compleja estructura se sustenta en varios principios:

  • La autoridad del Presidente de la República en la conducción global, derivada de nuestra condición de Estado Unitario y de la Rectoría de la cual se deriva la autoridad constitucional del Ejecutivo en la conformación de las Políticas de Estado, de las cuales, lamentablemente, carecemos.
  • Distinguir la política de la técnica. La política establece direccionalidad, que emana principalmente de las Políticas de Estado, de las estrategias esenciales y de la protección de interés nacional, con un fuerte componente de equidad. La técnica aporta las tecnologías apropiadas para que las políticas se traduzcan en productos que se entregan a la sociedad, como elementos de su propio bienestar. La política nos da el qué, cómo y para quién. La técnica busca la entrega de los productos del desarrollo en condiciones de equidad, calidad, oportunidad y costos razonables. Cuando la política y la técnica se confunden tenemos resultados catastróficos: fallamos en aportar dirección, esencial para que los vastos recursos del Estado se articulen a las grandes metas sociales y económicas; pero también en la ejecución de esa política. Esa es la realidad nacional: sin dirección y sin capacidad ejecutiva.
  • Distinguir el interés corporativo particular del interés nacional. Es difícil, en buena parte por la estructura corporativa de las juntas directivas que, además, conforman un centro de toma de decisiones colectivas sumamente lento y no susceptible de rendición de cuentas. Los intereses corporativos, en especial los sindicales, no siempre son compatibles con el interés nacional.
  • El sindicalismo y su enorme aporte a la ingobernabilidad. Hay un error histórico: darle al sindicalismo la protección legal para dotarlo de fortalezas frente al poder el lucro. Pero el Estado no tiene lucro y las “conquistas laborales” simplemente sustraen los recursos disponibles para el bienestar social. Esto ha creado un enorme poder, no soberano, de interés particular y minoritario, que doblega al político en perjuicio de la sociedad como un todo. Especialmente severos con la niñez y la juventud en el sector educación; y, con los servicios de salud, componente básico del bienestar.
  • Un segundo error se encuentra en la valoración del costo político, que induce a ceder frente a las presiones sindicales, muchas inconstitucionales. El sindicalismo público tiene el repudio general de la población, evidente en los resultados de todas las encuestas, que lo ubican como la entidad peor calificada. No puede ser de otra forma, en virtud de un patrón negativo, en el cual las “conquistas” sociales cada vez nos cuestan más y reducen la capacidad del Estado para entregar los productos del desarrollo y el bienestar. Evidencia clara de ese patrón hay en todos los sectores públicos, pero es particularmente evidente en salud: con los recursos que se invierte en los Ebais que administra la CCSS, sindicalizados, se podría producir el doble, si se adoptaran los estándares de eficiencia de las cooperativas, no sindicalizadas. Lograrlo produciría enormes ganancias de cobertura y economías de recursos escasos.