La democracia en su laberinto

El mundo occidental está en crisis, porque las bases de la organización social, la democracia liberal, dejó de funcionar. Tal vez nunca funcionó porque, si bien es cierto, hoy el mundo está mejor que en cualquier momento histórico anterior, las aspiraciones han aumentado en volumen y naturaleza, pero no encuentran satisfacción en democracia. En el pasado el mayor problema fue la pobreza, pero hoy la clase la clase media se ha incorporado a los indignados, tal vez al punto de constituir la mayoría. Esa clase media, ayer estable y satisfecha con su status, en mercados locales o, cuando más, nacionales, hoy la invade por un sentimiento de incertidumbre, porque el mercado laboral de volvió internacional. Muchos de los empleos que ayer estaban en Costa Rica, hoy se encuentran en otros países más competitivos. Se agrega a ello una polarización, producto de una mayor brecha (desigualdad) entre la minoría rica y la mayoría pobre o vulnerable. Cierto, a diferencia de otros países, en el nuestro la clase política produjo una revolución en la década de 1940, que cambió para bien la situación económica y social. No obstante, el Estado hoy se encuentra agotado, como agotada parece la clase política que no reacciona frente a los complejos retos de la coyuntura actual. El efecto agregado es desilusión social y enojo con la política tradicional.

La indignación y el sentimiento de enojo tiene signos particularmente claros y son comunes en la mayoría de los países, desarrollados o emergentes, y a sus democracias. Surge de un desequilibrio mucho más obvio de lo que la clase política parece reconocer. Nuestra democracia es particularmente rica en sus componentes liberales, que generan seguridad jurídica en las relaciones sociales, políticas, económicas y en las condiciones de diversidad, consustancial con la naturaleza humana. Pero es pobre en entregar los productos del desarrollo solidario y del bienestar social. Es en este contexto que ha brotado el populismo, como un alto riesgo político, social y económico.

Los ticos somos dados a pensar que, en nuestro país, las realidades propias, distintas de la mayoría de los países de la subregión y la región, generan una especie de blindaje contra esos riesgos populistas de cualquier signo, que hoy asechan a las democracias. Para sorpresa de algunos, una encuesta reciente cuestiona esa creencia y ubica a un personaje, hasta ahora sin partido y sin haber invertido un centavo en propaganda, como la segunda preferencia electoral, cualesquiera sean los candidatos de los partidos existentes.

La indignación y el populismo ya estuvieron presente en las elecciones del 2014. De alguna forma, el triunfo de Luis Guillermo Solís lo impulsó la promesa de cambio hecha a ritmo de quemacocos. La población sabe que algo debe cambiar y el Presidente parece haber reconocido, en su discurso de los 100 días, que el Estado es nuestro gran problema, cuando caracterizó a la administración pública en los siguientes términos: “En la mayoría de las oficinas públicas, el desorden es inimaginable; la ineficiencia, intolerable; la irresponsabilidad, insospechada. Todos sabemos que esto se magnifica y reproduce en semejante caldo de cultivo: corrupción, corrupción y más corrupción” (cita de Ottón Solís, LN, 04/19/2017).

Que el PAC y su socio principal de gobierno, el FA, estén en los últimos lugares, según la encuesta referida, uno con el 7% de las preferencias y, el otro, con el 1%, puede sugerir dos sentimientos populares: uno de castigo, porque la promesa de cambio se incumplió y, otro de afirmación, de que ese cambio sigue siendo necesario y constituye la idea dominante en el electorado. También confirma el origen del sentimiento nacional de enojo y frustración, por la incapacidad de políticos y el propio sistema democrático de encarar la solución a los graves problemas que enfrenta el país.

Otras señales son particularmente claras, aunque tal vez no para un sector que parece sufrir de miopía política. Las reiteramos: Según el Latinobarómetro 2013, el 38% de los costarricenses aceptaríamos un gobierno autoritario; el abstencionismo se manifiesta como una tendencia creciente. En el 2014 1,3 millones llevaron a Luis Guillermo Solís a la Presidencia, pero una cifra casi igual le dieron la espalda al proceso electoral; la abstención en las más recientes elecciones municipales superó el 65%; un sondeo reciente de la UCR revela que el 71% de los ticos no encuentran afinidad con ninguno de los numerosos partidos y micro-tendencias que congestionan el entorno político; la encuesta que nos preocupa, también revela que casi la mitad no acudirán a votar en las elecciones del 2018, lo que implica que el próximo presidente solo tendrá el apoyo de 1 en 4 electores registrados (25%), lo que debilitara su base soberana.

¿Qué hacer para encontrar respuesta sólida y sostenible a estos problemas? La base de ello empieza con reconocer que la democracia que hemos venido aplicando es un sistema imperfecto e injusto que requiere reconstrucción.

Ya dijimos antes que su gran fortaleza son los componentes liberales, de los cuales se deriva una sólida seguridad jurídica. El gran fracaso se encuentra en su alto costo, 22 billones de colones en el año 2015, equivalentes al 77% del PIB, asociado con los escasos aportes que hace al bienestar de todos los costarricenses que financiamos es contundente cifra. O, peor, que se haya constituido en una fuente de privilegios para los grupos de interés especial, en un entorno corporativo, en el que los beneficios de unos pocos se traducen en carencias básicas para las grandes mayorías.

La premisa fundacional de la Segunda República sigue teniendo validez. Reconoce que el bienestar social no se puede lograr sin la activa participación del Estado. Es una realidad positiva, porque la educación, la salud, la seguridad, la energía, el agua y la infraestructura, entre otros grandes ejes de servicio público, son fundamentales del bienestar individual y colectivo, tanto como de la competitividad y el crecimiento económico.

Sin embargo, un Estado grande no siempre es un Estado fuerte. O, peor, con mucha frecuencia, el tamaño puede ser el origen de sus grandes debilidades, por lo cual el Estado solo debe asumir las iniciativas y empresas sustentadas en un incuestionable imperativo social. Tal es el caso de la CCSS, pero lo es también del ICE, ambos garantía de coberturas universales en dos campos de alto valor estratégico nacional. Sin embargo, nuestro Estado requiere valoración de su viabilidad, conformado por más de 330 entidades públicas, unas 182 en régimen descentralizado, y, por más de 300 mil funcionarios, todo de difícil dirección y control para asegurar sus aportes al bienestar colectivo. Estimaciones conservadoras propias sugieren que el costo de ineficiencia ronda unos $8000 millones anuales, cifra que equivale más o menos al 16% del PIB nacional y es varias veces más alto que el déficit fiscal.

Recomponer nuestra democracia, implica hacer que los vastos recursos del Estado puedan ser canalizados para el mayor beneficio posible de todos. Tenemos carencia de recursos, pero solo porque los utilizamos mal. Necesitamos encontrar mejores formas de organización y funcionamiento, privilegiando resultados. Hoy nos llenamos de procesos, que se prolongan en forma indefinida y con frecuencia no producen los resultados esperados o resultan de mala calidad e, innecesariamente onerosos ¿Cuál es el enfoque y las grandes reformas para corregir estas fallas? Eso será tema de un próximo editorial. El gran tema es cómo hacer que el Estado entregue los productos del bienestar y el desarrollo. Necesitamos otras reformas, alguas en el campo político, pero hacer que el Estado entregue los productos del desarrollo solidario, es el camino para detener el populismo que ya asoma a nuestras puertas.