Los riesgos del populismo en Costa Rica

Una encuesta de Cid Gallup para Diario Extra ubica a un candidato, actualmente sin partido y que no ha invertido un centavo en propaganda, como la segunda opción, cualquiera sea el candidato que lidere la campaña electoral hacia el 2014. El personaje en referencia considera que su popularidad responde al rechazo a la corrupción de liderazgos y políticos tradicionales, pero no esboza su propuesta política ¿Qué pasa en el país y cuál es el factor dominante de la política nacional? Digamos, para empezar, que el 50% del electorado está conformado por personas con edades inferiores a 49 años, que cumplieron la edad requerida para el ejercicio del voto, con posterioridad al año 1886. Es decir, es un grupo que adquirió conciencia política en fecha posterior a la crisis de fines de la década de 1970 y que tiene poca sensibilidad por los acontecimientos que dieron origen a los hechos revolucionarios de 1940 y años subsiguientes.

Ese grupo etario carece de un sentido de compromiso con las tendencias socialcristianas y socialdemócratas, gestores del cambio iniciado en esa década. La población por encima de los 49 años, con mayor vivencia de esos acontecimientos, conforma solo el 25% del electorado. Lo cual propicia la fragilidad de la política tradicional, uno de los temas del populismo. Un segundo factor es la función del Estado costarricense en el bienestar social.

Desde la década de los 40, nuestro país, consciente de que el bienestar social requiere de la participación del Estado, se ha movido entre grandes iniciativas públicas y privadas, ambas sujetas a regulaciones propias de nuestra institucionalidad. Esa dualidad, pública/privada, se ha desarrollado con algún sentido de equilibrio, con ligero dominio de una sobre la otra, en distintos períodos, que nos ha hecho un país distinto, en una subregión convulsa, con graves rezagos en seguridad y combate a la pobreza. Nuestro país prosperó, al punto de liderar el desarrollo social en América Latina y el Caribe (según el IPC) y, además, somos el único en América Latina y el Caribe que progresó en democracia, sin la presencia de dictaduras o conflictos bélicos internos. No obstante, hoy enfrentamos un sentimiento de enojo social, posiblemente relacionado con el desequilibrio de la mencionada dualidad, producto de un Estado grande, oneroso, pero disfuncional.

Ese desequilibrio se puede dimensionar a partir de algunos hechos objetivos. Según el presupuesto 2015, la operación de nuestro Estado nos costó, en ese año, ¢22 billones, equivalentes al 77% del PIB nacional. Es un monto contundente y debería ser adecuado para impulsar las iniciativas de desarrollo más ambiciosas, si lo empleáramos con racionalidad. Sin embargo, lo conforman más 300 mil funcionarios, cuya productividad es desconocida por la ausencia de un buen sistema de gestión pública y de evaluación del desempeño, distribuidos en más de 330 entidades públicas, unas de 180 de ellas con algún régimen de descentralización, creado para evadir los controles del gobierno central, sin ganancia en coberturas sociales o eficiencia, según criterio de la Contraloría General de la República (CGR).

La premisa de equidad y justicia social, subyacente en la intervención del Estado, ya no se cumple, a pesar de que, del bolsillo de todos, sale esa cuantiosa cantidad de recursos (¢22 billones) para su mantenimiento. Lo sabemos por las groseras exclusiones, presentes en los indicadores de empleo, informalidad, pobreza y desigualdad. Si lo vemos por componentes institucionales del Estado, es evidente que el gobierno central no funciona y en muchos sentidos es el obstáculo a toda ejecución de proyectos de desarrollo. La Platina es, posiblemente, su principal símbolo de despilfarro e ineficiencia. El sector descentralizado sigue el mismo patrón y lo vemos con los más de 68 mil usuarios de la CCSS que esperan una cirugía desde el 2010; en los altos costos de la energía que han expulsado varias empresas y fuentes de trabajo a países más competitivos; la planilla de refinación de un RECOPE, que hace ya varios años no refina; los recursos para el desarrollo de la cuenca Caribe, ya agotados por los costos administrativos de JAPDEVA; la inutilidad del CNP, entre muchos otros ejemplos.

Entre las empresas públicas, sobresale el sistema bancario público, creado para mejorar la accesibilidad ciudadana al crédito e impulsar el crecimiento. Ese objetivo se ha perdido, por ineficiencia, medida por los costos de intermediación, que doblan los “normales” y posibles en condiciones de eficiencia (por ejemplo, la media de la OCDE). Incluso la banca nacional hace un sólido aporte a la desigualdad, al constituir un mercado oligopólico, que permite a la banca privada, más eficiente, adoptar los estándares de la banca pública para mejorar los ingresos de sus accionistas, que posiblemente estén en el 1% de los más ricos. Finalmente, la administración municipal se caracteriza por arrastrar los mismos problemas del gobierno central, incluso la corrupción.

Es importante destacar que el Estado Social de Derecho, al menos en teoría, se distingue por el principio de equidad, contenido en varios capítulos de la Constitución Política. Una expresión de la equidad es la cobertura universal, es decir, de toda la población, en servicios tan críticos como educación, salud, seguridad, agua, energía, infraestructura y, por supuesto, crecimiento y oportunidades económicas. Ella se complementa, con coberturas específicas para la población con factores de riesgo especial (incapacidades, pobreza, protección especial para los niños y adolescentes, aislamiento físico, etc.). Es notorio, según hemos señalado en las notas anteriores, que el Estado ya no produce equidad. Y, no lo hace, porque sus recursos se pierden por ineficiencia, privilegios y costos burocráticos que no aportan al bienestar social.

Algo del populismo asomó en las elecciones del 2014. Se nos prometió cambio, a ritmo de quemacocos, pero la promesa fue luego desechada. Eso sí, quedó claro que nuestro gran problema es el Estado, como lo expresó el Presidente Solís en su discurso de los 100 días: “En la mayoría de las oficinas públicas, el desorden es inimaginable; la ineficiencia, intolerable; la irresponsabilidad, insospechada. Todos sabemos que esto se magnifica y reproduce en semejante caldo de cultivo: corrupción, corrupción y más corrupción”.

La población coincide con el Presidente, cuando identifica la corrupción con el término popular, chorizo, usado como característica principal de la política y de la administración pública. Es una forma sutil para identificar la transformación que ha sufrido la ética del servicio público, ahora focalizada en el servirse de los recursos del Estado que aportamos todos los costarricenses. La nueva cultura, que alguien ha llamado el patrimonialismo (cambiar el destino del erario público para alimentar privilegios y beneficios para la burocracia estatal) está presente en todas las instituciones públicas y es el producto natural de un sindicalismo fuerte, enfrentado a un “patrono” frágil, de fuerte inclinación electorera.

Parafraseando al Presidente Solís, esas son situaciones que constituyen caldo de cultivo para el éxito de posiciones populistas, como la que está tocando las puertas de nuestra democracia, según resultados de la encuesta mencionada al principio de este editorial. Sin embargo, es evidente que venimos creando condiciones propicias para el populismo, que la clase política parece ignorar. En efecto, lo que en su momento llamamos los desafiliados del sistema político, crecen con rapidez, al punto que se espera que en las elecciones del 2018 ronde el 50%. Si esto fuera así, el nuevo presidente tendrá solo el respaldo popular de 1 en 4 votantes, una pérdida importante de legitimidad y, más grave, un debilitamiento de la base soberana de nuestra democracia y el riesgo, ya manifiesto, del populismo, que viene causando estragos en muchos países, desarrollados o emergentes.

Contener el populismo es posible, solo si el “sistema” político tiene capacidad para reparar la disfuncionalidad del Estado y canalizar sus vastos recursos en beneficio del bienestar de toda la población, no solo de su burocracia. Lo cual no será posible con los niveles de despilfarro actuales. Debemos visualizar el cambio necesario para hacer que el Estado, con planteamientos que alcancen a todos sus componentes institucionales, es decir, el gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y el régimen municipal.

Se requieren importantes reformas, proyectadas al corto, mediano y largo plazo. Pero hoy se cuenta con la autoridad ejecutiva necesaria para iniciarlas, sustentada en: 1) el carácter de Estado Unitario, que asigna responsabilidad global de coordinación al poder ejecutivo; 2) el principio de rectoría, que otorga alcance sectorial a la política pública; 3) la aplicación de la Ley en materia de gobierno según lo consagra la CP; y 4) el principio constitucional de igualdad que demanda condiciones de trabajo similares para todo el Estado. Con raras excepciones, los políticos no han tenido el carácter para aprovechar estos recursos y dirigir el Estado, aunque es necesario reconocer que hay restricciones institucionales que obstaculizan esa dirección. El vacío producto de la postergación de la reforma del Estado, exacerba el sentimiento de enojo popular y crea un vacío que puede ser llenado por el populismo.