Masivas pérdidas por ineficiencia, irresponsabilidad y corrupción

Tenemos un Estado boyante de dinero, que no alcanza porque lo utilizamos mal. La ética no da para presionar con medidas que impulsen el uso correcto de los recursos públicos. Para apreciar la dimensión de los recursos públicos, es bueno recordar que el presupuesto del Estado, en el 2015, fue de 22 billones de colones, equivalentes al 77% del PIB. Lo conforman más de 330 entidades públicas, unas 182 en algún régimen de descentralización, y más de 300 mil funcionarios públicos ¿Qué hacen? No lo sabemos porque los sindicatos usan la evaluación del desempeño como causa de huelga y a los gobiernos les ha faltado carácter para instaurar buenos sistemas de rendición de cuentas. De hecho, el modelo de gestión no opera. Es débil en direccionalidad y peor en la ejecución, aún de los proyectos más simples.

En La Fragua hemos venido utilizando la cifra de $8000 millones como costo de las pérdidas por ineficiencia pública. Para nosotros es una cifra conservadora, pero usted, amigo lector, podría pensar que es exagerada. Sin embargo, piense usted en las cifras que aparecen un día sí y otro también en los medios de comunicación. Veamos unas pocas para dimensionar el despilfarro público, pero advertimos que nos referimos al Estado y no solo al Gobierno Central:

  1. El régimen de pensiones del Poder Judicial tiene un déficit de más de 5 billones de colones, cuyo costo pretenden ponerlo en sus espaldas, Sr. Contribuyente. Los sindicatos ya han iniciado las huelgas de presión para que usted y yo paguemos esa cuenta.
  2. De acuerdo, el Estado tiene un déficit fiscal que ronda el 6% del PIB. Pero esto ocurre porque el Estado se ha llenado de personal innecesario que gana sueldos de lujo y produce poco. Por ejemplo, para deshacerse del personal que no necesita la CNFL tiene que pagarle a cada uno en promedio 37 millones de colones. Aun así, el personal prefiere seguir viviendo de sus privilegios y opta por quedarse en el servicio. Los programas de movilidad laboral no han tenido éxito, ya que son de carácter voluntario.
  3. En todo caso, compare: nuestra cifra conservadora de $8000 millones es aproximadamente el 16% del PIB, casi 2,6 veces mayor que el 6% del déficit fiscal. En otras palabras, si pudiéramos recuperar los recursos que se pierden por ineficiencia, podríamos cubrir el déficit fiscal e invertir varios miles de millones de dólares cada año en forma sostenida que, posiblemente, allanaría el camino al desarrollo pleno.
  4. La CNFL ha pedido, para equilibrar sus deficiencias, un incremento escandaloso de 41% en lo que resta del 2017 y el 2018. Lo hace porque tiene un déficit que solo se puede cubrir con recursos públicos (de su bolsillo y el mío). Surge de Balsa Inferior que debió costar $75 millones, pero terminó costando $361 millones, casi 5 veces más; y, del parque eólico que costaba $21 millones, pero terminó en $54 millones (257% más).
  5. La banca se nacionalizó para beneficiar el crecimiento y democratizar el acceso al crédito. Hoy sus costos de intermediación son casi un 100% más altos de los de la mayoría de los países y los sistemas privados. Son más altos porque la ineficiencia bancaria es mucho más alta. Peor, al ser un sistema oligopólico, la banca privada emula los costos de intermediación públicos, con lo cual doblan sus ganancias para sus ricos accionistas. Un aporte indiscutible a la desigualdad.
  6. La CCSS arrastra un déficit de prestación de servicios, uno de cuyos ejemplos lo destaca un medio periodístico de esta mañana: Hasta diciembre pasado, la institución registraba 68.000 asegurados esperando una cirugía desde el 2010. Además, la CCSS se encuentra en situación permanente de crisis financiera, mientras el presidente del sindicato médico defiende públicamente un sueldo médico de 20 millones de colones mensuales (Canal 7). Además, se sabe que los Ebais de la Caja, sindicalizados, cuestan el doble que los cooperativizados (no sindicalizados). En consecuencia, con los estándares de las cooperativas, los Ebais de la CCSS podrían producir el doble de sus coberturas, lo que sería un enorme beneficio en servicios y uso racional de los recursos que todos aportamoos al régimen de seguridad social.

Son solo ejemplos de una situación que se extiende a la totalidad de las instituciones públicas nacionales. Japdeva agota sus recursos en burocracia y ya casi no aporta al desarrollo de la cuenca caribe; Recope tiene una extensa y privilegiada planilla por refinación, aunque no refina desde hace varios años. El sistema educativo recibe ya casi el 8% del PIB, pero tiene un rezago importante en coberturas e infraestructura. En Corea, casi el 100% de los estudiantes completan con éxito cada uno de los 3 ciclos educativos, pero invierte solo 7% y, de eso, los fondos públicos son solo el 3.5%. De modo que no importa donde pongamos el dedo, ahí salta la llaga de la ineficiencia.

¿Cuál es la consecuencia de esta situación? La más dolorosa es que los cuantiosos recursos del Estado deberían de impactar en menores índices de pobreza y desigualdad ¿Quiénes son culpables de ello? En primer lugar, los gobiernos que han alimentado la ineficiencia y un crecimiento desmedido del Estado que, por cierto, es débil, ineficaz e inequitativo. En segundo, los sindicatos porque hacen el mayor aporte a la ingobernabilidad y la improductividad, como hemos argumentado antes. En tercero, yo, usted y la población que no se organiza para requerir el ejercicio del “buen gobierno”.

Finalmente, estamos matando a la democracia y abriendo la puerta al riesgo del populismo. En el 2014 el 43% de los electores le dieron la espalda a las elecciones; en las municipales esa cifra superó el 65%. Hoy más del 71% se disocian de todos los partidos políticos existentes, según sondeo UCR y, para el 2018, se espera que solo la mitad de los electores participará en la elección de nuestro presidente ¿Sabe qué? El presidente que asumirá el gobierno a partir de mayo 2018, lo hará con el 40% de los votos emitidos y eso será solo el 17,33% de los votantes inscritos. ¿Cuánta legitimidad tendrá? ¿Cuál es la representatividad soberana? ¿Funciona la democracia cuando la mitad y o más, por pérdida de confianza, rehúsa el ejercicio de la soberanía?