A propósito de Bancrédito ¿Por qué no una reforma del sistema bancario nacional?

Los políticos le deben mucho al país y por ello ha crecido el descontento con la política y, en alguna medida, con la democracia, incapaz de asumir los retos de un Estado fallido, al cual se agregan retos nuevos del mundo global y la revolución digital. El problema reside en una visión equivocada del Presidente de la República, que falla en entender que tiene la autoridad formal para intervenir en todas las entidades públicas, incluso las autónomas, las empresas del Estado y el régimen municipal. Esa autoridad se deriva del carácter unitario de nuestro Estado y del principio de rectoría que otorga la responsabilidad por la política pública al Presidente y a sus ministros en cada ramo de la administración pública.

Esta autoridad del Presidente la reafirma la Sala IV en su voto 3089, según el cual los entes públicos “…deben someterse a los criterios de “planificación nacional” y en particular a las directrices de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo -Gobierno (art. 140.8 CP) … El Poder Ejecutivo -Gobierno-, como organización jurídica y política, es el que se encarga de organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus aspectos político, jurídico, económico y social”. En buena hora que el Presidente ha entendido que tiene ese tipo de autoridad. En coherencia con ello, ha dictado una directriz ejecutiva mediante la cual ordena a una serie de entidades públicas a mantener o elevar sus inversiones en Bancrédito. Lo malo es que el problema de fondo de Bancrédito y de la banca nacionalizada seguirá presente y afectando a la economía nacional.

La banca nacional sufre un problema generalizado de ineficiencia, por más que la situación de Bancrédito sea más grave en el corto plazo. Un sistema bancario eficiente se refleja en el costo del crédito, tanto para el consumidor individual o familiar, como para las empresas y, en especial, las micro y medianas, estas últimas responsables por una buena parte del empleo nacional. Sin embargo, en Costa Rica, los costos de intermediación de la banca pública son aproximadamente el doble de los costos de los países con los cuales competimos y con la media de los países de la OCDE ¿Qué hace la banca privada? Sus niveles de eficiencia son compatibles con la media de la OCDE, pero aprovechan las condiciones de oligopolio, para adoptar los índices de la banca pública, para doblar las ganancias para sus accionistas. Un claro aporte a la desigualdad, pero también un retroceso en relación con el objetivo original de la nacionalización de la banca de favorecer a quienes más la necesitan.

La solución parece sencilla y accesible. El Presidente Solís podría, con la asesoría de sus técnicos y especialistas, establecer una política común a toda la banca pública que conlleve índices específicos de eficiencia, que podrían lograrse en forma escalonada en un período de dos o tres años. La banca, pública y privada, tienen indicadores de eficiencia objetivos y cuantificables. Adoptar para el Estado algunos de ellos, tendrían el efecto de bajar los costos de intermediación, con lo cual se podrían lograr varios objetivos: 1) rescatar el propósito inicial de la banca pública, de favorecer a individuos y empresas con un crédito más accesible; 2) generalizar los bajos costos de intermediación, forzando a la banca privada a competir con la banca pública y buscar así mayor equidad en la distribución de recursos; 3) fortalecer el crecimiento económico y, 4) contribuir a elevar el empleo y los ingresos del trabajador.

Ayudaría si el Presidente, además, buscara la tecnificación de las juntas directivas y reducir al máximo la manipulación politiquera que prevalece. Hoy son una fuente de empleo para unos cuantos políticos o, incluso, un estímulo a la corrupción y quebranto de la ética de servicio público. Tal es el caso del proyecto que varios diputados impulsan para aumentar el número de directivos del Banco Popular y degradar sus competencias para que los diputados, que no tienen buena formación profesional, puedan acceder a esos cargos. Los directivos, en la banca o en cualquier otra institución, deberían privilegiar competencias, alto nivel de formación profesional y experiencia afín al quehacer de cada institución. Además, deberían excluirse las representaciones corporativas, en las que el interés particular, fácilmente entra en conflicto con el interés nacional. Preferiblemente, los nombramientos no deberían coincidir con las fechas de cambio de gobierno, para reducir las distorsiones de cada proceso electoral. Una decisión de alcance nacional, sustentada en los aspectos mencionados, tendría un notable impacto político, cuando la imagen del Presidente Solís parece fortalecerse.