¿Quién podrá salvarnos del Poder Judicial?

Alguien dijo alguna vez que el Poder Judicial juega de Dios, porque su sabiduría se extiende a todos los campos del saber humano. Más grave, predomina en sus decisiones el judicialismo, es decir, la aplicación de la lógica jurídica a todos los temas que pasan por su filtro y decisión, aunque su naturaleza no sea jurídica. Cierto que tiene acceso a la consulta técnica, pero la decisión final sigue siendo jurídica. También mantiene un sesgo liberal, cuando pone por encima del interés individual sobre el interés social. Es decir, el beneficio de un individuo es más importante que el de la sociedad en su conjunto o, el de un grupo social cualquiera.

Para el ciudadano común, con los niveles de educación propios del país, sin que medie conocimiento legal alguno, es evidente que la política tiene una orientación simple, la equidad, y que encuentra su expresión en la Constitución Política (CP), especialmente en el principio de igualdad contemplado en el artículo 33 que dice literalmente: “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Sin embargo, en la medida que en el país dominan los intereses corporativos; que en teoría al menos, los gobiernos electos representan el interés nacional, expresión de la voluntad popular; y, que, en realidad, son esos intereses corporativos son los que imponen el interés particular sobre el interés nacional, se crea un fenómeno de desprestigio e incredulidad en la institucionalidad, la democracia y, específicamente, en su principal pilar, el proceso electoral. Hay indicadores objetivos que reflejan esa realidad, entre ellos el creciente abstencionismo, que en las recientes elecciones municipales superó el 65 y que hoy, según encuestas y sondeos, 3 terceras partes del electorado no encuentra afinidad con la variada cantidad de partidos e ideologías que congestionan el entorno político nacional.

La cuestión se vuelve más compleja, cuando lo órganos que deberían proteger los postulados constitucionales, no lo hacen o, peor, actúan en beneficio propio. El mencionado artículo 33 se las trae: dice que somos iguales ante la ley, pero insiste en aclarar que no podrá “hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Es decir, nos recuerda que los privilegios de unos, resultan en discriminación para otros. Sin embargo, la discriminación cabalga exitosa por toda la administración pública, incluso en el Poder Judicial, sobre el cual la estructura democrática no prevé algún tipo de control eficaz. Esos mecanismos si operan con mayor fluidez en los restantes dos poderes, precisamente los que tienen base popular: el ejecutivo y el legislativo.

Para el ciudadano común, la desigualdad campea en el Poder Judicial. El caso más evidente es el régimen de pensiones, de amplia exposición mediática. Es notable, primero, que el Poder Judicial haya decidido ser el administrador de su propio sistema de pensiones. Por una parte, no tiene las competencias para tal administración, que demanda dos especialidades fundamentales: el cálculo actuarial, que garantice la estabilidad del régimen, y las finanzas, que protejan la inversión productiva del fondo de pensiones. Por otra, es evidente que, al tener la capacidad para administrar el régimen de pensiones, también hace que la administración y las decisiones legales que la acompañan, vayan encaminadas a crear un régimen de privilegios. La estabilidad de dicho régimen, como lo ha demostrado un estudio de la UCR, no está garantizada, al arrastrar un déficit de más de 5 billones (5 millones de millones). Los privilegios son evidentes (ver AQUÍ), por lo cual cabe preguntarse ¿Viola el Poder Judicial el artículo 33, al incurrir en privilegios contrario al principio de igualdad y generar con ello discriminación para otros ciudadanos?

En realidad, los magistrados del Poder Judicial no creen en el principio de igualdad contenido en el mencionado artículo. Basta ver algunas manifestaciones de los magistrados. En palabras del magistrado Jinesta: “…no podemos confundir bajo ningún concepto la función que ejercen las personas juzgadoras de la República y todos los sectores que auxilian la función jurisdiccional, con la función administrativa que despliegan las personas funcionarias del Poder Ejecutivo o del sector descentralizado (…) la remuneración de las personas juzgadoras y del personal que auxilia a quienes Administran Justicia, no puede ser igual bajo ningún concepto a la remuneración que se percibe en el sector administrativo o a otros sectores del Estado. Por idéntica razón, la jubilación, la pensión tampoco puede ser igual, porque hay que compensar la complejidad y la dificultad que tiene la función jurisdiccional, la función de juzgar las causas y ejecutar lo juzgado que es esencialmente la función jurisdiccional” ¿Han engañado a la población? ¿No es que se nos decía que la soberanía se manifiesta sobre los funcionarios de elección popular, el ejecutivo y el legislativo? ¿No tienen esos poderes la función más delicada, dado su contenido soberano? Y, en todo caso ¿Es inferior esa función soberana a la judicial?

Subyace en el régimen privilegiado de pensiones, todo el sistema de gestión de personal, que incluso han cambiado su nombre. La Constitución del 49 dispuso que “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. Sin embargo, primero el presidente Otilio Ulate y luego el presidente Luis Alberto Monge, cambiaron la Constitución, sacando varias instituciones de ámbito de aplicación del Servicio Civil. Los funcionarios del Poder Judicial se distanciaron de otros mortales, creándo la figura de Estatuto de Servicio Judicial (Artículo 2 Ley de Salarios del Poder Judicial). En general las condiciones de empleo, hechas a medida de los intereses de su propio personal, incluso en salarios, involucran condiciones de empleo superiores a las de otras instituciones del Gobierno Central ¿Se viola el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la CP, varias veces mencionado? ¿Se crea una clase superior de funcionario público, lo que representa privilegio para unos y discriminación para otros?

Condicionemos los comentarios anteriores. El problema subyacente es, por una parte, el poder especial que tiene una institución como el Poder Judicial, de legislar y administrar para beneficio propio; y, por otra, la visión política de gobernantes de turno, que fueron creando islas dentro del propio Estado, ausente de un control institucional estructurado, que impidiera la perversión de la propia CP y en especial del principio de igualdad contenido en el artículo 33. Así se construyó un Estado imposible de gobernar, conformado por más de 300 mil funcionarios y más de 330 entidades públicas, 182 de las cuales se encuentra en algún régimen de descentralización. La Contraloría ha dicho que, la descentralización, fuente de beneficios especiales, no ha producido mejoras en eficiencia. Es decir, en la capacidad para llevar a la población los productos del bienestar, finalidad última del Estado.

Si la CP habla de igualdad, el país necesita leyes marco en cada uno de los subsistemas (finanzas, personal, organización, logística, etc.) para preservar una relativa igualdad, en toda entidad pública, incluido el régimen descentralizado, las empresas públicas y el régimen municipal. En cuando a la gestión de personal, que conceptualmente cubre el ingreso, mantenimiento y retiro del funcionario, es evidente que los sistemas de clasificación y valoración de cargos tienen los mecanismos necesarios para reconocer las diferencias salariales legítimas e, indirectamente, en las pensiones. Existen, sin embargo, poco menos de 50 estatutos de personal que crean regímenes distintos para funcionarios iguales. Pero, la capacidad que tiene el Poder Judicial para conformar legislación, lo pone en una condición superior para hacerlo en beneficio propio. Peor, en varias ocasiones ya, ha empleado los mecanismos de presión (huelga) para forzar el mantenimiento de sus privilegios.

Es posible que tanto régimen ya no pueda ser revertido, incluso mediante una nueva constitución, que estará bajo las presiones de los intereses particulares de las estructuras corporativas y de las huelgas, un mecanismo inapropiado para forzar la imposición del interés particular, sobre el interés nacional. El Poder Judicial lo hizo, cuando 38 legisladores sumaron sus votos en contra de la reelección del magistrado Cruz Castro y, los jueces acaban de hacer lo mismo, contra el proyecto para racionalizar las pensiones de lujo y corregir el desequilibrio de más de 5 billones. El sentido común parece sugerir que la CP previó la limitación de la huelga (artículo 61) en el Estado, donde el lucro no existe y los privilegios tienen el efecto de agotar los recursos públicos, a ser utilizados en beneficio del bienestar social ¿Otra violación del principio de equidad?