Bancrédito y BICSA deberían desaparecer, pero ¿Qué hacer con el sistema bancario público?

No hay razones políticas o económicas para mantener Bancrédito funcionando, una organización ineficiente que viene haciendo agua desde hace mucho tiempo. Tampoco tiene sentido mantener en funcionamiento a BICSA que, como Bancrédito, tiene altos costos administrativos que se traducen en altos niveles de ineficiencia. Sin embargo, también deberíamos preocuparnos por un sistema bancario público ineficiente, que no ha rendido los beneficios esperados.

Parafraseando al más reciente Informe Estado de la Nación 2016 (IEN-16), “Un sistema bancario eficiente se caracteriza por tener márgenes de intermediación bajos; en otras palabras, la diferencia entre lo que se cobra por los créditos (tasa activa) y lo que se paga a los ahorrantes (tasa pasiva) debe ser lo más baja posible. Un margen de intermediación reducido fomenta el ahorro y la inversión, lo que a su vez incentiva la producción y la generación de empleo”. Sin embargo, agreguemos que la equidad, un valor esencial de toda actividad pública, debería ser parte del sistema bancario nacional. La eficiencia busca reducir los costos, lo que implica mayor disponibilidad de recursos para que cada entidad pública aporte el máximo posible a los fines últimos del Estado, el bienestar de toda la población.

Han pasado unos 20 años de la ruptura del monopolio de las cuentas corrientes y en ese período el sector bancario ha crecido sustancialmente y, sin embargo, no hemos recibido los beneficios de menores costos de endeudamiento y mejores tasas para el ahorro. En un sistema oligopólico en el mercado de intermediación en colones, las tasas de interés se mantienen muy altas, lo que implica incumplimiento de la promesa de ofrecer menores costos de endeudamiento. La ineficiencia, reflejada en el alto costo del crédito de la banca pública, tiene un efecto negativo en la tasa de crecimiento, en momentos en que el país necesita un nivel más alto para combatir la pobreza y la desigualdad. Y ¿qué hace la banca privada? Con mayor eficiencia, aprovecha las condiciones oligopólicas, no para bajar sus tasas, sino para subir los ingresos de sus accionistas, enriqueciendo a los más ricos del país.

También preocupa saber qué hace la banca pública con sus excedentes. Lógicamente, una parte va al Estado en la forma de impuestos, pero, mientras la banca privada igual paga impuestos, las ganancias van a sus accionistas. Las “ganancias” de los accionistas de la Banca Pública, aunque reducida por los altos niveles de ineficiencia, no llegan a sus propietarios, que somos todos los costarricenses ¿Cómo podría esto subsanarse? Varios políticos han sugerido la creación de un fondo permanente para infraestructura, al cual podrían ir todas las “ganancias” de las empresas públicas del Estado, como una forma de devolverlas en obra pública a su propietario, el pueblo.

Por supuesto, la eficiencia del sistema bancario es un tema pendiente. Según el (IEN-16), los costos de intermediación de la banca nacional son casi el doble de otros países de referencia y de la media de los países del OCDE. La ineficiencia de Bancrédito, BICSA y el Banco Popular (BP) es bien conocida. De hecho, en estos bancos han prevalecido un comportamiento de irrespeto con los recursos de las respectivas instituciones. En el BP, la prensa revela en esta fecha la salida a vacaciones de la “alta gerencia”, que disfruta de 30 días, mientras el resto de los trabajadores solo tienen 18; y, se reporta, que solo por asistir a la Juntas, los directivos pueden ganar hasta 5.3 millones de colones, mientras los jerarcas se recetan sueldos alejados de la realidad nacional.

El tema es cómo puede el Estado procurar mayor eficiencia de la banca pública y con ello canalizar más recursos en favor de todos los costarricenses, sus propietarios. Esto se puede lograr adoptando, por parte del ejecutivo, políticas nacionales para el sector bancario que contengan estándares de gestión y eficiencia. Dos indicadores son comúnmente usados, aunque no excluyen otros. Nos referimos al índice de eficiencia operativa, que cuantifica los gastos administrativos como proporción de los ingresos netos. Parámetros de este indicador existen en la banca privada de Costa Rica y en muchos países, como los de OCDE. Otro indicador consiste en cuantificar los ingresos netos por empleado. Fijar parámetros como estos, incorporados a una política nacional de operación de la banca pública, parece un ejercicio fácil y de gran potencial racionalizador.

La ineficiencia bancaria no es distinta de la de las entidades públicas que conforman el Estado costarricense. Es un problema extenso y complejo, especialmente porque, quienes se encuentran dentro del sistema, han cambiado la ética pública de servir por servirse de los recursos que salen de nuestros bolsillos. Si se quieren liberar los vastos recursos a través de la eficiencia y la búsqueda del bienestar del mayor número posible, es urgente, entre otras cosas, cambiar el modelo de gestión que domina en la administración pública. Necesitamos asignar más énfasis en las Políticas de Estado, donde debe residir la equidad y la fuente principal de direccionalidad de los cuantiosos recursos del Estado. Tales políticas son escasas o inadecuadas y, por tanto, las entidades del Estado, entre ellas la banca nacional, va sin rumbo y ello genera algos costos institucionales y sociales. De nuevo, dado el impacto del crédito en el desarrollo nacional, las Políticas de Estado en materia bancaria deben contener estándares de eficiencia.

Complementariamente, hay que entender también que la ejecución de la política constituye una tarea técnica, que requiere de los aportes de gerentes profesionales, experimentados, permanentes en función de desempeño, que actúen bajo el principio de control por resultados por parte del nivel de decisión política. Sin blindaje de la interferencia política, el síndrome de La Platina seguirá siendo la gran limitante a un Estado que opere en función del interés nacional (sobre este tema ver nuestro editorial Gestión Pública, nuestra gran debilidad).

En la actual administración, es frecuente escuchar al presidente Solís decir, casi con timidez, que ha respetado la independencia de tal o cual institución. Esto es una falla de nuestro sistema de administración pública, detrás de la cual se ocultan unas 182 entidades en algún régimen de autonomía, utilizado para escapar de los controles del Gobierno Central y lograr privilegios expresamente prohibidos por la Constitución en su artículo 33. Según la Contraloría, a la luz de algunos indicadores objetivos, la autonomía no ha servido el propósito de mejorar la eficiencia. Hemos insistido que las entidades en algún régimen de autonomía, como lo dice la Constitución, están sujeta a la Ley en materia de gobierno, pero el país tiene otros recursos institucionales para hacer que todas las entidades públicas desarrollen estrategias compatibles con la política nacional de desarrollo, entre ellas, el carácter de estado unitario de nuestro país, el principio de rectoría, y la propia Constitución en el mencionado artículo 33, que demanda cierto grado de igualdad relativa en todas la entidades públicas.

Si queremos que todas las entidades públicas hagan su aporte al desarrollo y al bienestar, el Presidente debe ejercer la autoridad que nuestro ordenamiento institucional le da sobre la totalidad de la institucionalidad pública, incluidas las instituciones descentralizadas, las empresas del Estado y el régimen municipal. No hacerlo implica dispersión de recursos y pérdida de oportunidad de encarar el bienestar, sin las exclusiones que representan los altos niveles de desigualdad y pobreza.