¿Qué le pedimos a Don Antonio Alvarez Desanti?

Unas dos semanas atrás publicamos este editorial sobre nuestras expectativas en relación con los procesos electorales que nos llevarán al 2014. Don Antonio Alvarez Desanti ha sido nombrado candidato del PLN, con buenas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Costa Rica. A él le dirigimos ese editorial que pretende contener elementos estratégicos de una propuesta de cambio que el PAC no ofreció, que no cumplió y que sigue pendiente. Dice así:

Aunque todos están en abierta campaña política, solo el PLN, el partido más organizado y que cuenta con el mayor caudal de simpatías, está conduciendo una serie de debates que reflejan algo de lo que los precandidatos harían si fueran electos en el 2018. La importancia de esta elección puede ser crucial, porque el país se encuentra en estado de enojo con la política y los políticos. Sin embargo, éstos no parecen advertir la necesidad de cambios profundos, esenciales para corregir la idea, presente en la conciencia colectiva nacional, de que la democracia y sus líderes no están a la altura de los retos que encara el país. La Administración Solís Rivera ha devaluado ese sentimiento de cambio, al ofrecerlo en campaña hacia el 2014 y luego alejarse del compromiso que, posiblemente, fue el segundo factor más importante de su elección. El primero fue una mala campaña y un mal candidato del PLN.

La profundidad del enojo popular puede abrir un espacio importante al populismo, que muchos ignoran porque en Costa Rica somos distintos, aunque también que lo fueron España, Grecia y el resto de los PIGS (Portugal e Irlanda) y no impidió su caída al precipicio. En nuestro caso, hay indicadores que deberíamos considerar con seriedad, como un sondeo de la UCR que nos dice que más del 71% de los votantes rechazan a todos los partidos que en estos momentos invaden el entorno político nacional; mientras hoy parece existir cierto acuerdo de que no más del 50% del electorado acuda a las elecciones del 2018. Otros indicadores apuntan en la dirección de una posible crisis: en el 2013, según el Latinobarómetro, un 38% de los costarricenses aceptarían un gobierno autoritario; en el 2014 el ausentismo llegó al 43% y en las elecciones municipales a más del 65%.

Cambio sigue siendo la gran necesidad del país, que se encuentra postrado o en retroceso, en razón de que nuestra institucionalidad pública, que interviene en todo, ha llegado a la completa disfuncionalidad. Algunos han reaccionado, pero condicionados por impulsos equivocados, pensando en reformas parciales, que no lograrán destrabar el Estado; mientras otros se enfocan en problemas puntuales, con resultados similares. Curiosamente, todos hablan de visión, un atributo del cambio impulsado en la década de 1940 pero en proceso de deterioro ¿Cuáles son los puntos estratégicos del cambio que requiere el país? A continuación, nuestra opinión de temas importantes sobre los cuales los precandidatos no se han pronunciado.

Cierto, lo primero es visión de largo plazo. Pero eso implica una visión clara del Estado que necesitamos reconstruir y las etapas críticas para lograrlo. De hecho, la visión debería ser una característica de la gestión pública, inherente a la función del Presidente y sus ministros, expresada en las Políticas de Estado. Los políticos que aspiren a constituir gobierno a partir de mayo 2018, nos deberían dar esa visión integral y comprometerse a requerir de sus ministros las Políticas de Estado, de las que venimos careciendo desde hace ya décadas. Estas deberían constituir el eje principal para calificar el éxito o fracaso de los políticos en los niveles más altos de gobierno. Anotemos que, sin visión de largo plazo, se produce el riesgo de que todo esfuerzo parcial se pierda, porque no sabemos su aporte a las grandes metas de cambio que el país requiere.

Segundo, es necesario una visión de Estado. Hay muchas razones para ello, pero algunas son contundentes. Por una parte, el Estado nos cuesta el equivalente al 77% del PIB, unos 22 billones de colones. El Gobierno Central es una pequeña parte de esos recursos, unos 9 billones de colones. La situación del país requiere la movilización de todos los recursos nacionales, en especial de ese 77% del PIB, que constituye una fuerza que atrae en buena parte los recursos del sector privado. El cambio debe llegar a las empresas del Estado, por ejemplo, al sistema bancario, cuya ineficiencia pone un alto costo al crédito, limitando el crecimiento y las oportunidades de empleo e ingresos; también a las instituciones autónomas que inciden en servicios esenciales y en la conservación de empleos que se nos van a otros países más competitivos; y, finalmente, al régimen municipal, que comparte los problemas de la administración pública.

Tercero, selección de un número reducido de ejes de cambio. El Estado tiene más de 300 mil empleados, que no sabemos que hacen porque no se aplica un instrumento serio de evaluación del desempeño, y, más de 330 entidades públicas. Nadie que piense con sentido práctico puede creer posible resolver el problema de la administración pública focalizando entidades específicas o problemas particulares, porque nunca acabaríamos. Sí puede hacerlo, si toma unos 10 o 12 ejes problema, que cruzan transversalmente a la totalidad del Estado, insistimos, incluyendo a las instituciones autónomas, las empresas públicas y el régimen municipal.

Cuarto, es importante redefinir la autoridad del Poder Ejecutivo, porque en ella está la capacidad de coordinación y dirección del proceso de cambio en todo el Estado. Esa autoridad se encuentra en varios conceptos o leyes de la República: 1) el principio de rectoría, a partir de la política nacional en cada sector, que es responsabilidad del Presidente con sus respectivos ministros del ramo; 2) carácter de Estado Unitario, propio de nuestra estructura política y sustentado por la Sala IV, del cual emana la autoridad del Ejecutivo para dirigir el proceso de desarrollo nacional en la totalidad de la institucionalidad pública; y 3) principio de igualdad y equidad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política. Este principio apunta a cierto sentido de homogeneidad en la gestión de toda organización pública, porque de otra forma se crean discriminaciones expresamente prohibidas por ese artículo. La redefinición de la autoridad del Presidente es la base una actuación ejecutiva de alcance estatal, la misma que le permite intervenir la Caja por las deficiencias en la atención del paciente; a la banca pública para que se comporte a niveles de eficiencia que permitan reducir el costo del crédito y, aportar más al crecimiento y al empleo; reducir los costos de la energía, para que nuestros empleos no se vayan a países más competitivos; corregir los desequilibrios del sistema de educación pública superior, para un mayor aporte a nueva economía, para mencionar unos pocos ejemplos.

Quinto, precisamente en función del artículo 33 mencionado, la homogeneidad del Estado debe partir con algunas normas (leyes marco) que cubran a todas las instituciones públicas. Uno de los problemas que hoy llenan las noticias es la situación laboral, que incluye remuneraciones, pensiones, cesantías, vacaciones, incapacidades, competencias de convenciones colectivas y, otras condiciones que, en dispersión de regímenes administrativos, crean privilegios para unos y discriminaciones para otros.

Sexto, un sistema estratégico de control de gestión institucional. El Presidente debería saber qué están haciendo las grandes instituciones del Estado en relación con su programa de gobierno y con el mejor interés del país. Esto se podría hacer, sin incurrir en grandes costos, integrando pequeños equipos multidisciplinarios (unos 10 profesionales en administración, economía, ingeniería de sistemas, estadística, etc.) y creando un sistema inteligente de evaluación del desempeño de las principales instituciones del sector público, que contenga indicadores de equidad, cobertura, calidad, oportunidad y costo/eficiencia de los servicios que se brindan a la colectividad. Tal sistema valoría los resultados alcanzados por las distintas instituciones del Estado en tiempo real, para tener una vos de alarma que permita realizar correctivos antes de que las crisis aparezcan o que los tiempos del gobierno expiren. La importancia política no puede ser ignorada: es el instrumento por resultados, que no produce interferencias políticas o administrativas innecesarias, pero le permite al Presidente saber en todo momento, si las instituciones están generando los productos del desarrollo y el bienestar social, en coherencia con su compromiso programático/electoral, donde tanta deuda queda pendiente. Es una herramienta para aproximarnos al “buen gobierno” y recuperar la confianza de la población en los gobernantes y en la democracia. Estos grupos, a nivel de ministerios podrían ser un apreciable apoyo en la definición de Políticas de Estado.

Sexto, lograr equilibrio entre equidad y eficiencia. La equidad, factor de excelencia de la administración pública, reside en las Políticas de Estado de cada sector, obviamente vinculadas a la política del gobierno de turno. Ambas son escasas en nuestro medio y ello produce dispersión de recursos y pérdida de oportunidades de bienestar social. La eficiencia es una característica, igualmente escasa, de los procesos de ejecución de la política. Los aspirantes a gobernar deberían considerar con seriedad hacer de esas políticas la fuente principal de rendición de cuentas de cada ministro rector y buscar a los mejores gerentes y tecnologías para su ejecución. Esta es una función esencialmente técnica, obviamente, al servicio de la política y bajo el control de ésta. Armonizar políticas con los procesos técnicos ejecutivos, es decir, equidad con eficiencia, es quizás la tarea más importante para alcanzar el “buen gobierno”, aquel hace posible cumplir el compromiso político/programático del Presidente y lograr con ello el fortalecimiento de la democracia.

Séptimo, el Presidente deberá articular su visión de largo plazo con las tareas de corto plazo que deberán realizarse en el corto período de 4 años. Es una tarea imposible, si no fuera porque una buena parte del camino, el planteamiento de las reformas específicas en el corto, mediano y largo plazo, ya fue hecho por los notables, nombrados por el anterior gobierno. Se trata de un grupo de costarricenses, con excelentes competencias y mucha experiencia en todos los campos de gobierno, procedentes de distintas agrupaciones políticas. Han formulado unos 100 proyectos específicos, bien centradas en los requerimientos de reforma estatal y política. El Presidente electo puede integrar una comisión de cambio, bajo su liderazgo, conformado por las principales fuerzas políticas, para la conducción global del proceso de cambio y, reactivar esta comisión para su implementación, en labores tales como socialización y ajuste de metas de cambio, difusión de las mismas, traducción en proyectos, negociación de los mismos y seguimiento de los procesos legislativos para facilitar su ejecución. En suma, el Presidente puede escoger una estrategia de dos vías, una la gestión diaria de gobierno y, otra, la relativa a los procesos de cambio, donde su liderazgo es esencial, descansando para su implementación en los notables.

Y, octavo, la comunicación ha cambiado, aunque, nuevamente, los políticos siguen con mensajes tradicionales. El tema es la brevedad y claridad, impuestos por una nueva generación de costarricenses. Aclaremos: cerca del 50% de los votantes vienen del grupo etario entre 18 y 49 años, sin memoria histórica de la revolución de la década de 1940 y la creación de la Segunda República. Un 25% son los votantes tienen 50 o más años, que sí tienen memoria de la obra de los movimientos y políticos tradicionales. La mayoría de los votantes constituyen también la nueva generación, empleados en la nueva economía, caracterizada por el cambio y los requerimientos de nuevas tecnologías, tanto como de las competencias, que se modifican en tiempo real. La fluidez es la principal característica del nuevo entorno social, que conlleva nuevas formas de expresión y sobre todo más breves. El político tradicional no parece enterado de esta realidad o tal vez ha encontrado dificultad para utilizar una nueva retórica, más puntual, concentrada en aspectos fundamentales, pero a que, a su vez, deje claridad del mensaje. El uso de las redes sociales son una parte de este nuevo mundo de la comunicación. Sin embargo, el gran tema de comunicación es la reforma. El político, si quiere credibilidad, debe explicarnos su gran estrategia de cambio, el enfoque, la forma como piensa hacer lo que otros no han hecho, los tiempos de cada etapa del proceso y los resultados esperados, en especial en materia de bienestar social. Y todo lo debe transmitir con gran brevedad, concreción y claridad. Los discursos y documentos largos no son bienvenidos. Nade los entiende y nadie los lee.

Igual que el resto del país, este medio digital quiere saber el qué, cómo y cuándo de las reformas que el país no puede seguir postergando. Los anteriores son ideas expuestas en vos alta. Pero es necesario que los políticos se focalicen en nuestras grandes prioridades y que nos digan cuál es su visión de largo plazo y cómo la alimentará con actos que deberán producirse entre el 2018 y el 2022. Sobre todo, nos interesa saber cómo intentan movilizar los vastos y hoy improductivos recursos del Estado y qué debemos esperar en términos de mejores niveles de pobreza y desigualdad.