De nuevo, el Presidente Solís ambivalente sobre las medidas contra la dictadura venezolana

Dos aspectos deberían condicionar una posición contundente del país con respecto a Venezuela. Uno, que en ese país gobierna una dictadura, supuestamente comunista aunque, en estricto sentido ideológico, es una forma de capitalismo de Estado; y, dos, que, como consecuencia de incompetencia política y económica, el país sufre hoy una situación grave en el plano social, especialmente en la disponibilidad de productos básicos de subsistencia. Además, los derechos humanos son violados en forma sistemática y el Gobierno ha rechazado un pedido de Naciones Unidas para la liberación de los presos políticos. Sin embargo, el Presidente Solís, una vez más, asume una posición confusa en relación con ese régimen dictatorial, violatorio flagrante de los derechos humanos y políticos de sus ciudadanos.

El rechazo del pueblo venezolano al régimen dictatorial fue contundente en las elecciones parlamentarias del diciembre 2015, cuando se renovó la Asamblea Nacional, con una victoria igualmente contundente de 112 diputaso (67%) de la oposición representada por MUD (Mesa de Unidad Democrática). La participación ciudadana fue del 67,45%, casi tres veces la de la última elección de diputados.

Sin embargo, en diciembre 2014, con la presencia única de los diputados del chavismo, se nombraron 49 nuevos magistrados, para confirmar el control del Poder Judicial por parte de la dictadura. Luego, bajo la consigna de la “revolución judicial”, la Asamblea Nacional anterior, eligió 49 nuevos magistrados, incluido al del presidente del Consejo Nacional Electoral. Human Rights Watch calificó este acto como “duro golpe a la independencia judicial”. Fue, ciertamente, una “revolución”, al ser el único, entre las democracias del Continente, el único Tribunal Supremo de Justicia bajo el comando real del Poder Ejecutivo.

Con un Tribunal Supremo de Justicia títere, que no tiene base soberana, Maduro logra anular las decisiones de la Asamblea Nacional (que sí es de elección soberana). Esa decisión cercena la capacidad del legislativo de controlar y emitir legislación que afecte al resto de los poderes, incluidas las fuerzas armadas. Si algo quedaba de la institucionalidad democrática, con la anulación del congreso se da un golpe contundente y final, si  algo quedaba de ella. El Gobierno, que ya controlaba a las principales entidades públicas, como la fiscalía, la contraloría y la defensoría ciudadana, hoy tiene una Tribunal Supremo títere y el poder legislativo inhibido de efectuar algún control político y sin capacidad legislativa real. Aunque la democracia, en un plano funcional, dejó de existir en Venezuela hace muchos años, hoy no puede haber dudas sobre la formalidad dictatorial. Diosdado Cabello, anterior presidente de la Asamblea Nacional, lo ha dicho con especial claridad: “Es una subversión pacífica contra las pretensiones burguesas de los nuevos diputados de la derecha venezolana”.

Los resultados sociales no pueden ser más severos. La escasez de productos básicos en Venezuela impone condiciones inaceptables para su población y según datos recientes de una encuestadora nacional, supera el 80% de las necesidades básicas. La inflación se acepta oficialmente mayor del 400%, pero los organismos internacionales la ubican bien por encima del 1000%. La carencia de insumos médicas ha causado un daño un daño severo a la salud de la población que ya se refleja en las estadísticas de morbilidad y mortalidad.

Por todas estas violaciones políticas, económicas y sociales, el Secretario General de la OEA ha planteado que, si no hay elecciones especiales para reconstituir el Gobierno, en coherencia con la Constitución Política que el régimen ha violado una y otra vez, se debe suspender a Venezuela de la OEA, de acuerdo con la Carta Democrática. Y es a este proceso contra el cual se manifiesta tímidamente, por cierto, el Presidente Solís, no sabemos si por presiones de sus socios del Frente Amplio y de un sector chavista del PAC. “No voy a endosar ninguna acción específica, creo que la salida de los procesos en Venezuela es una salida electoral”, dice el Presidente Solís, en coincidencia con la posición del Secretario General, Luis Almagro. Lo que evade el Presidente es una acción consistente con la retórica, típico de la carencia de carácter y liderazgo de su administración, o, tal vez, una coincidencia ideológica con sus socios de Gobierno del FAAC (Frente Amplio + Acción Ciudadana).  Es posible también que en los próximos días haya una manifestación nacional más clara en respaldo a la posición de Almagro, impulsada por los expresidentes de la República, el Congreso y la ciudadanía. La posición del Presidente, aunque sea la oficial, carecerá de legitimidad.