Populismos: en búsqueda del culpable

Los populismos de diverso signo han producido un notable impacto sobre las democracias del mundo occidental. Negar que sea un riesgo para Costa Rica es ignorar la realidad política nacional: que hay enojo popular contra los políticos y la política; que una nueva realidad del entorno nacional impone cambios de comportamiento y de preferencias; que hay sustanciales deficiencias políticas e institucionales que siguen ignoradas; y, que estas y muchas otras deficiencias se asocian para producir altos niveles de pobreza y desigualdad. El populismo tiene su propia mecánica y sus fallas son notables, pero la evidencia apunta a que se dan condiciones especiales responsables por el respaldo que recibe de importantes sectores de la población. La razón es simple. El populismo se impone, o constituye una fuerza constante a pesar de sus riesgos, impulsado por las propias deficiencias de la democracia. Si solo vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, estamos perdidos. La lucha contra el populismo no debe excluir las grandes fallas de la democracia, porque entonces no habrá soluciones estables.

Hay un hecho concreto: la libertad, en distintas dimensiones de la vida en sociedad, es una de las grandes fortalezas de la democracia. Podemos, más o menos, elegir a nuestros gobernantes, vivir en un entorno de seguridad jurídica y proteger las libertades políticas y los derechos humanos. Pero, para quienes viven bajo las presiones de la pobreza, privados de niveles mínimos de dignidad, esa fortaleza es un beneficio suntuario para los sectores económicamente poderosos.

En Costa Rica, más de millón en situación de pobreza y una clase media, y media baja, que se viene empobreciendo, conforman un sector sustancial de la población, a la que no le preocupan mucho las libertades civiles y políticas, porque su atención se concentra en su capacidad para conservar los niveles de subsistencia. En la región, con pocas excepciones, la situación es mucho peor. Además, el “sistema” se mantiene bajo débiles liderazgos tradicionales, que rápidamente pierden su atractivo popular, ya sea por incapacidad para encarar los retos del momento o, por simples razones demográficas. En nuestro país, el 50% del electorado lo conforma el grupo etario de 18-49 años, que no tiene memoria de los éxitos de los viejos partidos durante los primeros 2 o 3 décadas posteriores a los 40, o simplemente han desarrollado un sentimiento de rechazo de las tendencias tradicionales. Los resentidos se encuentran cerca de constituir mayoría votante, aunque la expresión más visible de ese resentimiento es, por ahora, darle la espalda al proceso electoral. Se estima que en el 2018 no más del 50% (tal vez menos) acudirá a las elecciones.

Parte del problema es el Estado que hemos construido a partir del 49, dotado de músculo para ser el gran conductor del desarrollo nacional, operó muy bien en sus inicios y es el responsable de notables logros, por ejemplo, que seamos el único país de la región avanzó en paz y democracia. Sin embargo, su propio crecimiento es, posiblemente, su principal enemigo. La equidad ha desaparecido como su principal característica, aunque la retórica dice todo lo contrario. Sus recursos hoy solo alcanzan para los privilegios de su burocracia interna y aportan poco o nada al desarrollo en equidad. El Estado se fracturó, dispersando recursos y esfuerzos en más 300 entidades (y más de 300 mil funcionarios, que nadie sabe qué hacen, porque no están sujetos a evaluación del desempeño), de las cuales 182 se encuentran en algún régimen de descentralización, sin evidencia de que, con ello, hayan ganado en eficiencia, aunque sí en espacio para presionar por privilegios. Sobre estas entidades no se ejerce la autoridad Presidencial, propia de nuestra condición de Estado Unitario que, por cierto, viene siendo cercenada desde el 49. En suma, un Estado cuyo gran tamaño confabula contra su funcionalidad y cuyos cuantiosos recursos no aportan al bienestar social. La democracia dejó de funcionar para beneficio de las mayorías.

La ética ha volcado su lógica. Sirve a los intereses de la burocracia y dejó de servir a los de la población. Los costos de la ineficiencia son sustanciales y contundentes. Según estimaciones propias y conservadoras, implica pérdidas que rondan los $8000 millones por año, cifra muy superior al déficit fiscal. El judicialismo nos llenó de procesos onerosos y eternos, que no producen resultados. Y la ciudadanía toda lo sabe, porque difícilmente hay algo que podamos hacer sin permiso público, que tarda mucho en lograrse y que sí detiene el crecimiento y las oportunidades de empleo. La toma de decisiones en democracia son hoy producto de un juego de intereses corporativos especiales, con el agravante de que el soberano (el pueblo) no tiene su representante corporativo que defienda el interés nacional. En teoría lo haría el propio Gobierno, que fácilmente sede ante los intereses especiales. Recordemos que los cargos de elección tienen un alto costo personal y, además, depende de contribuciones privadas, que luego cobran. En resumen, una democracia a medias y una soberanía limitada.

Y aquí aparece una de las grandes incoherencias históricas de nuestra política. El principal actor corporativo, con un enorme aporte a la ingobernabilidad, es el sindicalismo público, que impone sus decisiones con la fuerza de las huelgas, con frecuencia ilegales, y el recurso inconstitucional de paralizar la economía nacional, mediante el cierre de las principales vías nacionales. Este desequilibrio fundamental surge de las ventajas y protecciones que el sindicalismo estatal ha venido recibiendo, reforzadas recientemente con una reforma laboral absurda, considerada por muchos políticos como un gran avance para el país. Históricamente, el poder sindical surge de concesiones que se producen en el sector privado, para que la parte débil de la negociación, el trabajador, se fortalezca frente al empresario que lucha por su lucro y la supervivencia de la empresa. Sin embargo, el Estado no tiene lucro y los recursos de privilegio que el burócrata consigue, se hace sustrayendo los recursos que deberían destinarse a mejorar el bienestar de la población como un todo. Además, en el Estado es el patrono la parte débil que merece protección. Lo es porque reside en la figura del político, ave de paso por la administración, y los gerentes/supervisores, que son parte interesada y beneficiaria de las “conquistas laborales”. Esta situación de tigre sueldo contra burro amarrado, es responsable por desequilibrios fundamentales de nuestro estado.

Las ineficiencias y los abusos públicos están a la orden del día, como se aprecia en ejemplos que han tenido bastante exposición mediática: 1) El ICE, con costos elevados, que empujan a las empresas fuera del país, llevándose sus empleos a países más competitivos; 2) Inversión social de Japdeva tiene cinco años estancada, reza un artículo de prensa de estos días. Sus ingresos han estado en déficit desde hace varios años y la planilla absorbe el 70% de los ingresos; 3) la Trocha y la Platina son casos emblemáticos de ineficiencia, que no requieren explicación; 4) los Ebais de la Caja, sindicalizados, cuestan el doble que los cooperativizados, sin sindicatos. La implicación es que, si todos funcionaran con los niveles de eficiencia de las cooperativas, se podría atender el doble de pacientes, con los mismos recursos.

Esta es la democracia que tenemos, defectuosa, incompleta, con niveles de pobreza y desigualdad que son y seguirán siendo causa de enojo popular y caldo de cultivo del populismo. Si pensamos que las perversas corrientes populistas tienen su propia capacidad de autodestrucción, seguiremos pagando un costo político, social y económico enorme. No podemos aceptar simplemente que la democracia sea el peor sistema, con exclusión de todos los demás. Sí, que constituye las bases para la creación del mejor sistema, pero solo si transformamos el Estado en una maquinaria capaz de brindar oportunidades para toda la población, llevando a la población los productos del desarrollo, en condiciones de equidad, eficacia, oportunidad y costo. La democracia descansa en dos columnas, una sólida que podríamos resumir en seguridad jurídica, y otra frágil en extremo, que es la capacidad para movilizar recursos y tecnologías para cumplir con los objetivos finales de bienestar social. Un pilar sólido y otro frágil, hará que el edificio de la democracia se caiga, como está caída la nuestra, y que persista el riesgo de los populismos de distinto pelaje.