¿Qué quiere usted para Costa Rica y su pueblo?

El título de este editorial parafrasea una parte del artículo del socialista demócrata, Don Enrique Obregón. Lo que Don Enrique plantea posiblemente sea una aspiración nacional, pero el diablo está en los detalles: ¿Cómo hacerlo? Para intentar responder a esa pregunta, intentamos contentar la nuestra: ¿Qué le pedimos nosotros a los políticos para aproximarnos a un nivel de desarrollo con crecimiento acelerado y reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad?

Primero, entender que el país en general anda bien, pero el Estado anda mal, muy mal. Sin elaborar en cifras e indicadores, digamos nada más que el Informe Estado de la Nación, propone que la pobreza en Costa Rica se podría acabar con los recursos ya asignados a programas sociales, los más altos de América Latina y el Caribe, si se administraran bien. El problema es que la burocracia absorbe posiblemente alrededor del 60%, dejando muy poco para aporte directo en beneficio de los pobres.

Segundo, entender por qué la solución se debe buscar en el Estado. En general el país como un todo, ha respondido en forma exitosa a los retos de la difícil coyuntura actual, no así el Estado que nos cuesta el equivalente al 77% del PIB, produce poco para el bienestar social y en muchos aspectos es el principal obstáculo a todo proyecto que incida en crecimiento, empleos e ingresos. Dado su enorme costo, su participación en la vida de todos los costarricenses, su responsabilidad directa en temas críticos como las coberturas de salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros, la solución de nuestros problemas no será posible sin un nuevo reordenamiento institucional público.

Tercero, que los políticos entiendan qué es el Estado y asuman su autoridad/responsabilidad por su conducción. Deben entender, uno, que el Estado lo conforman más de 300 entidades pública (y más de 300 mil funcionarios), dispersas en el Gobierno Central, el extenso régimen de autonomía, las empresas públicas y el régimen municipal; y, dos, que el Presidente y su gobierno tienen la responsabilidad por su conducción y la autoridad para ello, presente en varios instrumentos de nuestra institucionalidad: Estado Unitario, Rectoría y el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, que demanda condiciones de igualdad para la totalidad del Estado, contraria a la diversidad de regímenes que hoy prevalecen.

Cuarto, que reformar ese enorme paquidermo estatal no es posible con los enfoques que hoy se están aplicando, prácticamente por todos los partidos que aspiran a formar gobierno en el 2018, focalizados en problemas o instituciones individuales. Ese enfoque nunca acabará con una reforma estructural necesaria para la totalidad del Estado. En cambio, la reforma es posible con un enfoque centrado en unos pocos ejes, posiblemente de 10 a 12, que cruzan a todas esas entidades y es responsable por problemas que se repiten en el Gobierno Central, el régimen descentralizado, las empresas públicas y las municipalidades.

Quinto, que hay un problema político administrativo sensible de nuestra democracia: hoy los recursos y sus beneficios se determinan por un peligroso juego de intereses corporativos. Sin embargo, el pueblo soberano, no tiene un ente corporativo que lo represente, consecuencia de lo cual el interés particular se impone sobre el interés nacional, el de todos los costarricenses. En teoría al menos, el interés nacional lo representan los órganos de gobierno de elección popular, que en la práctica son doblegados por la presión del interés corporativo particular.

Sexto, que la ingobernabilidad extrema la produce uno de esos intereses corporativos, los sindicatos públicos, que representan menos del 9% de la fuerza laboral, pero tienen la capacidad de hincar a los gobiernos con huelgas, con frecuencia ilegales, y mecanismos especiales de protección que han sido provistos sucesivamente por distintos gobiernos, como si su impacto fuera en el lucro del empresario privado. El festín de privilegios con recursos públicos lo que hace es reducir la capacidad del Estado para generar bienestar social y, sus efectos negativos en la función de gobierno, hace más difícil esa tarea. Es este rubro, recomendamos la lectura del artículo de Don Enrique, titulado Antisindicalismo.

Séptimo, responder a los riesgos del populismo. Hay señales peligrosas: en el 2014 el 43% de los electores les dieron la espalda a las elecciones y en las municipales la abstención superó el 65%; el Latinobarómetro 2013 revela que el 37% de los costarricenses aceptaría alguna forma de gobierno autocrático; un sondeo reciente de la UCR revela que más del 70% de la población se disocia de los muchos partidos políticos existentes; y, existe algún consenso según el cual en el 2018 la abstención llegará cerca del 50% del electorado. Los políticos y con frecuencia los analistas cometen el error de defender la democracia atacando las deficiencias del populismo, pero no las de la democracia que lo produjo en primera instancia. La democracia es rica en libertades políticas y derechos humanos, pero eso pierde sentido cuando es incapaz de generar bienestar social. Más de 1 millón de pobres y la sensación de que hemos perdido la capacidad para enfrentar los retos del momento, representan un peligro extremo para nuestra democracia.

Octavo, Judicialismo, uno de los villanos. Nuestros políticos han fallado, pero también el Judicialismo extremo que ha comandado el diseño institucional desde el 49. El Estado se ha beneficiado en lograr un régimen de libertades y respeto a la ley. Pero ha fallado en construir un aparato público que produzca bienestar, es decir, bienes y servicios, que se entregan en condiciones apropiadas de equidad, oportunidad, calidad y costo. La democracia descansa en dos patas y en la nuestra, la de los derechos civiles es sólida, mientras la otra, del bienestar material que produce dignidad, es precaria. El Judicialismo nos llenó de organizaciones ineficientes y procesos interminables, onerosos e inútiles. Los técnicos deben venir al rescate, asumiendo el liderazgo para incorporar la tecnología apropiada para tales fines. Sin este cambio de enfoque, más Judicialismo nos dará más de lo mismo.

Noveno, que los políticos deben reconocer reformas políticas que hagan la democracia más democrática, de tal manera que el interés nacional prevalezca sobre el interés particular. Este es un tema con cierto nivel de abstracción, pues en gran medida depende del carácter y la visión del político. Sin embargo, hay reformas políticas que pueden ayudar en esta dirección, como clarificar la autoridad del ejecutivo en la conducción del Estado y su nivel de autoridad, compatible con las nociones de Estado Unitario y Rectoría; crear distritos electorales para que la elección directa de diputados se articule a intereses locales y regionales; definir el carácter estatal de ciertas normas, por ejemplo las relativas a la gestión de personal, que incluye los derechos laborales del funcionario público en toda entidad pública, hoy centro de irritación social y cargas gubernamentales dispersas y fuente adicional de ingobernabilidad.

Décimo, realización de que la visión de largo plazo es esencial para que los cambios parciales en el corto y mediano plazo, tenga el efecto agregado en las grandes metas políticas, sociales y económicas. La historia, que por cierto Don Enrique vivió íntimamente, nos da una visión de cambio de los líderes de la Segunda República, concretada luego en obras de corto y mediano plazo. Sin visión de largo alcance, como nos ocurre hoy, no sabemos con alguna precisión cuál es el Estado que queremos construir y para qué, sumiéndonos en descontrol e irritación. La visión es la fuente principal de dirección y articulación global de recursos. Más importante, es lo que puede inducir un sentimiento de unidad nacional en torno al cambio que todos deseamos y seguimos esperando.