Bancrédito y la pérdida de visión política

Es posible que la situación del país sea la más grave desde la revolución que nos legó a la Segunda República. Es posible también que la situación actual demande decisiones de gran calado, comparables con las que entonces cambiaron radicalmente el país que éramos hasta la década de 1940. Con una clara visión de largo plazo, nuestros líderes sabían en qué dirección se dirigía el país, de tal manera que las acciones de corto y mediano plazo tuvieron un efecto acumulado que hoy nos permite compararnos, en algunos indicadores, con países desarrollados y más ricos que el nuestro. Además, Costa Rica fue el único país en América Latina y el Caribe (ALC) que lograría notable progreso social sin la presencia de dictaduras o conflictos bélicos internos.

Esa es la visión que hoy hemos perdido, producto de un liderazgo cositero, focalizado, que se desgasta en la cosa pequeña, que pone un parchecito aquí y otro allá, sin que el statu quo cambie en un sentido positivo. Los ejemplos abundan. Apenas hace unos días nos referíamos al tema de la evaluación del desempeño, que nos impide saber qué hacen más de 300 entidades estatales y más de 300 mil servidores públicos. Es, además, causa de hostilidad sindical, que amenaza con presiones de huelgas masivas, especialmente en el sensible sector de la educación. Dijimos entonces que el vacío es una ley marco de gestión de personal para todas las instituciones del Estado, a su vez, parte del inadecuado modelo de gestión pública que arrastramos desde hace ya bastante tiempo. Nos preguntábamos también cual era nuestro respeto al marco constitucional, ya que la prevalencia de múltiples regímenes laborales implica privilegios para unos y discriminación para otros, en directa contradicción con el artículo 33 de la Constitución.

Algo similar ocurre con la situación de Bancrédito. Es un problema focal, parte de un problema mayor, el de la banca nacional y de otro, aún mayor, la visión que tiene el Poder Ejecutivo de su autoridad, con frecuencia limitada al Gobierno Central. Bancrédito es una institución plagada de problemas desde hace ya bastante tiempo. En las condiciones de crisis fiscal, el Gobierno no podrá inyectarle el capital que necesita, aunque nadie garantiza que luego no caiga en los mismos problemas que lo aquejan desde hace ya bastante tiempo. El Presidente Solís solo alcanza a señalar que “creemos que es salvable”, pero no atina a dar una explicación de los beneficios nacionales de tal salvación. Más aun cuando, en plena crisis institucional y fiscal, los directivos proyectan un incremento del 9,44% en el gasto de dietas para el 2017. Tales niveles de incoherencia y falta de responsabilidad administrativa, no desaparecerán, no importa las decisiones de rescate que se establezcan.

Sin embargo, el problema de Bancrédito es parte de un problema mayor del sistema bancario nacional. El más reciente Informe Estado de la Nación, con datos del 2015, establece con claridad la ineficiencia de la banca pública, cuyos costos de intermediación superan en casi el 100% los de la competencia. El resultado es mayor costo del crédito, que deprime el crecimiento, lo que a su vez reduce las oportunidades de empleo y mejores ingresos para la población. El mismo informe se refiere a los indicadores de eficiencia que la banca nacional debería alcanzar para que sea competitiva en un sentido social, dados los efectos señalados. Es posible que no haya razones para salvar a Bancrédito, pero hay un vacío de autoridad política que se revierte sobre nuestro sistema oligopólico que traslada sus efectos a la totalidad de la banca nacional, con graves consecuencias sociales y económicas para el país. El árbol, Bancrédito, oculta el bosque, el sistema bancario nacional.

Es la visión que debería surgir desde la Presidencia, hoy en manos Don Luis Guillermo Solís que, con un frágil sentido de liderazgo, nos recuerda con frecuencia que respeta la independencia de las instituciones autónomas y de las empresas del Estado. Esa forma de independencia no existe en nuestro ordenamiento institucional y el Presidente tiene una ineludible responsabilidad por lo que ocurre, bueno o malo, en el Estado como un todo.

La argumentación la hemos planteado en varios de nuestros editoriales, pero dada su importancia, podemos redundar en ella. Primero, hemos resaltado el carácter unitario del Estado costarricense, que asigna la responsabilidad de su conducción al Presidente y, el voto de la Sala Constitucional No. 3089-98, que refuerza esa autoridad al señalar que los entes públicos “…deben someterse a los criterios de “planificación nacional” y en particular a las directrices de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo -Gobierno (art. 140.8 CP)”. Más común en el entorno nacional es el concepto de rectoría, que deja la política pública bajo la responsabilidad del Presidente y su ministro del ramo. En consecuencia, el Presidente puede adoptar políticas nacionales que definan los grandes rasgos del sistema de gestión de personal, incluidas las remuneraciones, pensiones y alcances de las convenciones colectivas; o los niveles de eficiencia que deberían regir para el sistema bancario nacional, como un aporte a la economía nacional y sus repercusiones sociales.

Esta es la visión que las circunstancias actuales demandan. El Estado está descarrilado, fraccionado y, aunque en su totalidad nos cuesta el equivalente al 77% del PIB, aporta poco al desarrollo y al bienestar nacional. Hemos olvidado el requisito de equidad contenido en nuestra Constitución, pero en todo caso no hay dirección de los recursos nacionales, por la ausencia de Políticas de Estado y somos incapaces de ejecutar aún los proyectos más pequeños. Ejemplos del fracaso estatal son La Trocha y La Platina, la refinación de Recope que no hacemos, pero igual pagamos, los recursos de Japdeva que ya no llegan la empobrecida cuenca caribe, los altos costos de la electricidad, que expulsan empresas y empleos a países más competitivos, para mencionar algunos ejemplos prominentes.

El país requiere el esfuerzo de todos, para avanzar en la dirección correcta. Pero es el Estado el que pone las bases de ese movimiento hacia mayores niveles de bienestar social, en sectores tan importantes como gestión pública, banca nacional, energía, infraestructura de primer mundo, seguridad, educación y salud. Sin una visión integral, lo poco que se haga seguirán siendo parchecitos que no cambian el estado de postración en que nos encontramos. El país seguirá condenado a un crecimiento insuficiente para nuestras necesidades, arrastrando niveles inaceptables de pobreza y desigualdad.