La perversa relación entre ineficiencia e inequidad

Como todo en el Estado costarricense se pega, la solución viene mediante la adición de recursos, especialmente personal. En la administración pública hay más de 300 mil funcionarios, que nadie sabe lo que hacen, porque los jerarcas no tienen la cultura de definir las metas de cada período, los sindicatos amenazan con huelga si valoran el desempeño y, la Administración Solis Rivera ha sido, a lo largo de su gestión, complaciente o temeroso del poder sindical. La evidencia objetiva sugiere que buena parte de esa “fuerza” laboral es excesiva e improductiva.

Los excesos son reconocidos por el público que acude a recibir los servicios públicos, pero también por las jerarquías respectivas. Un expresidente ejecutivo de JAPDEVA reconoció que la institución funcionaría mejor si pudiera desechar el 35% de su personal. El ICE ha ejecutado al menos dos proyectos de movilización laboral, con resultados magros, porque nadie quiere dejar sus remuneraciones de privilegio. La CCSS se llenó de burocracia, especialmente en sus niveles administrativos, pero sigue contratando personal para cubrir carencias que podrían ser suplidas mediante la movilización interna de personal.

La productividad es baja y, en todo caso, la jornada real de trabajo se ha venido reduciendo posiblemente a no más de unas 35 horas, aunque su costo sigue creciendo. La evidencia es difusa porque no hay medición de productividad y tampoco una evaluación seria del desempeño. Casi el 100% de la fuerza laboral del Estado recibe las anualidades que, de acuerdo con la Ley, deben ser sustentadas por desempeño excelente. Sin embargo, hay alguna evidencia objetiva, como ya mencionados en el párrafo anterior, a la que se agregan los Ebais. En efecto, la administración de los Ebais del este, a cargo de la UCR (San Pedro, Curridabat y parte de La Unión) fue incapaz de ejecutar el programa contratado con recursos provistos para ello. Hoy lo hace una empresa privada, con mejoras sustanciales y posiblemente algún excedente o ganancia. Se sabe además y se puede constatar relacionando presupuesto y producción, que los Ebais administrados directamente por la Caja cuestan el doble que los contratados a sindicatos. Habiendo más de 1000 Ebais a lo largo y ancho del país, la mayoría bajo administración directa de la Caja, es evidente que sus coberturas podrían aumentarse en un 100% si todas ellas fueran cooperativizadas, o si los estándares de productividad de las cooperativas fuera el estándar nacional.

La ineficiencia no es patrimonio del Gobierno Central, como lo ha dicho la Sra. Contralora General de la República. Las organizaciones en régimen de autonomía y las empresas públicas en competencia, no demuestran ganancia en calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios. Recuérdese el historial del ICE con unos ejemplos: el proyecto Planta Pirrís fue estimado inicialmente en $300 millones, pero terminó costando $630 millones (sobrecosto del 110%), el Parque Eólico tenía una valoración inicial de $21 millones, pero se concluyó en $53 millones (+152,3%) y Balsa Inferior pasó de $94 millones a $361 millones. Con las empresas públicas ocurre algo similar. Véase el último Informe Estado de la Nación, pagina 182, en el que se analiza la eficiencia de la banca pública, cuyos costos de intermediación es casi el doble de la banca privada nacional o extranjera (media OCDE). Ello impone un alto costo del dinero con un efecto negativo en tasas de interés, crecimiento, empleo e ingresos.

Por supuesto, la ineficiencia implica fallas en la calidad, volumen y costo de la producción. La ineficiencia, para la empresa privada, tiene una dimensión económica, porque reduce el lucro del capitalista. Sin embargo, en el Estado, la dimensión es ética, porque implica una mala utilización de recursos, que se revierte sobre las coberturas de servicio y la equidad de su distribución, cuyos beneficiarios somos todos, pero mayormente los sectores de bajos ingresos. De alguna manera, las “conquistas” laborales tienen el mismo efecto, como lo ilustra con claridad el caso de los Ebais antes mencionados.

Todo parece tan claro, que es difícil entender cómo la burocracia pública sigue creciendo, cuando ni siquiera sabemos lo que hacen más de 300 mil funcionarios actuales. La explicación puede ser una especie de facilismo. Si se trata de mejorar calidad, oportunidad y costo de servicio, se requiere un esfuerzo técnico, que enfrenta falta de competencias y un mal sistema de selección de personal, que no privilegia la calidad del recurso humano. Por tanto, es más fácil culpar a la falta de recursos por los problemas y buscar soluciones mediante su agregación. Y esto, es una gigantesca falacia. Cálculos propios sugieren que en el Estado el costo de la ineficiencia llega, con facilidad, a los $8000 millones por año. Y, nos referimos al Estado, no al Gobierno Central, incluido el sector en algún régimen de descentralización, a las empresas públicas y al régimen municipal, todos los cuales comparten problemas similares.

El engaño y el daño debería ser evidente. Seguimos aumentando el costo y tamaño de la Administración Pública, ya de por sí enorme. Y, al hacerlo, aumentamos también sus debilidades, porque la ineficiencia hace más compleja la gestión pública. Algunos ejemplos, como La Platina, se vuelven referentes, una especie de símbolo a la ineficiencia extrema. Pero los ejemplos abundan en la administración pública: se nos mueren los costarricenses entre 18 y 35 años porque las carreteras son un desastre, la congestión del tráfico ahoga a la economía nacional y, la inmovilidad se vuelve un hecho de cada día, ahora en todas las ciudades del país, porque nuestra infraestructura carretera es de las peores. Las motocicletas son el único medio que permite llegar entre dos puntos de nuestra geografía con alguna celeridad. Además, nada hará el MOPT con más personal y con tráficos que no pueden circular, porque carecen de equipo y combustible. Ahora se posicionan en lugares por todos conocidos y por donde todos pasamos con el mayor respeto a la ley.

Seguridad se ha convertido en la primera prioridad nacional (junto con empleo). De nuevo, es el principal factor de mortalidad de nuestra juventud. El problema está asociado con el narcotráfico y con la inseguridad que nos rodea (armamentismo en Venezuela y Nicaragua e inseguridad en el triángulo del norte de C.A.), con capacidad para circular armas de las que incluso nuestra fuerza pública carece. Los jóvenes costarricenses se mueren como consecuencia de ello, a diario. La situación es tal, que la Asamblea Legislativa trasladó fondos destinados al PANI (protección de la infancia) para contratar 1500 policías. Sin embargo, el Ministro de esa cartera ha dicho que necesita unos 18 mil policías para hacerle frente a la situación que encara el país. Pero, no importa cuántos policías pongan en las calles, la seguridad no mejorará sin una estrategia integral y coordinada, de la que hoy carecemos. Este patrón de comportamiento explica que el presupuesto nacional creciera en el 2015 unas 5 veces el nivel de la inflación; que sobre esos excesos lo hiciera nuevamente en el 2016; y, que el Presidente Solís, temeroso de la presión sindical, enterrara el proyecto que ordenaría el empleo público.

El Estado costarricense es débil, por un proceso esclerótico que su crecimiento ha producido. Es un Estado grande, cuyo costo en el 2015 llegó a 22 billones de colones, que equivalen al 77% del PIB nacional. Es un Estado rico en recursos, pero pobre en resultados. El crecimiento, superior a la media de la región, es insuficiente para combatir el desempleo y la informalidad, que cubren a uno de cada 4 ciudadanos; o, para reducir la desigualdad que es hoy una de las más altas de la región. El déficit fiscal, el endeudamiento y el efecto bola de nieve de las remuneraciones impiden invertir en la infraestructura para el crecimiento y brindar oportunidades para superar la incertidumbre que hoy embarga también a la clase media. En las condiciones actuales de ineficiencia y despilfarro, no será posible alcanzar los niveles de desarrollo solidario al que todos aspiramos. No hemos entendido que la ineficiencia le roba los recursos a la equidad.