No a los impuestos “light” del Presidente

Después de la burla, montada desde la Casa Presidencial, jugando una carga de apoyo y otra de sabotaje al proyecto fiscal, que incluía una propuesta de racionalización del régimen salarial del Estado, la oposición debe decir no al paquete light de impuestos. Una razón para ello, es que el congreso debe enviar un mensaje sólido de respeto al primer poder de la república. El Presidente montó una grotesca burla, al congreso y la ciudadanía, fingiendo apoyo a la iniciativa con el doble propósito, impositivo y salarial, mientras sus dos principales diputados de enlace “informal” montaban una campaña para hacerla inviable. La “pantomima”, como la calificó el diputado Ottón Solís, siempre coherente en sus posiciones, produjo el resultado esperado por el Presidente, siempre en disposición de ceder ante la presión de los sindicatos.

El incremento en los impuestos son una necesidad para lidiar con el crecimiento económico y su impacto en empleo e ingresos para toda la fuerza laboral, como también lo es la reforma del sistema de remuneraciones públicas. El sindicalismo público, una minoría de interés especial que cobija menos del 9% de los trabajadores, había anunciado una huelga indefinida si los poderes ejecutivo y legislativo hacían lo que estaban obligados a hacer: legislar por mandato popular, teniendo como norte, no el interés especial de los sindicatos, sino el interés nacional. Sin embargo, el interés particular del sindicalismo público se ha impuesto una vez más. Es parte del patrón dominante en la Administración Solís Rivera (ASR), incluso antes de que asumiera el poder, cuando anunció públicamente el respaldo a la huelga del sector educación, activa antes de mayo 2014.

Más recursos sin mejoras sustanciales en el gasto, implica la posibilidad de que el déficit fiscal siga aumentando. Las remuneraciones con sus jugosos pluses, se encuentran bajo el efecto bola de nieve y seguirá creciendo en la medida que el presupuesto crezca a los niveles que le ha impuesto la Administración Solís Rivera (ASR). Lo hizo en el Presupuesto 2015, que creció casi 5 veces el nivel de inflación y, sobre esos excesos, volvió a crecer en el 2016 alrededor el 4%, cuando la inflación estaba en cero. El Presidente ha sido generosos con los recursos que el país no tiene, concediendo incrementos, como los de la academia a la cual pertenece, sin condicionamiento alguno sobre la calidad del gasto. Y ese patrón seguro se mantendrá en lo que resta de su administración. El Vicepresidente y Ministro de Hacienda, Lic. Helio Fallas, reconoce que “La situación de la deuda es un riesgo para el desarrollo futuro, que si bien hemos controlado a corto plazo, podría llevarnos a un panorama de crisis más profunda si no tomamos las decisiones encaminadas a fortalecer las finanzas públicas y a detener el crecimiento acelerado de la deuda pública“. Sin embargo, la ASR ha ignorado en todo momento, la seriedad del problema, especialmente cuando la presión sindical se activa. Según el Vicepresidente, la deuda del Gobierno Central llegará el 60,6% del PIB en el 2021, nivel que podría alcanzar mucho más pronto.

El exministro de hacienda, Sr. Thelmo Vargas, manifiesta con especial claridad su oposición: “No se puede aprobar un paquete de impuestos adicionales, permanentes, si no hay garantía de que el gasto público se tendrá controlado con medidas también de naturaleza permanente. El documento del Ministerio de Hacienda no explica la metodología utilizada para el cálculo de impuestos ni para la proyección de los gastos. Por tanto, por sí solo no sirve para la toma de decisiones de política pública“.

Hay otro elemento de distorsión en la propuesta light del Gobierno. La carga tributaria de Costa Rica, medida con los mismos criterios adoptados para países de la región, es de 22% del PIB y está entre los primeros 6 países de la Región. Sin embargo, el Gobierno sigue manejando una cifra engañosa, al sugerir que “…se requiere una carga tributaria superior de al menos un 17% del PIB, en promedio, durante los próximos cinco años”. Esto implicaría unos 4 puntos porcentuales, que llevaría la carga tributaria al 26%, solo superada por Argentina y Brasil. Es de notar que estos indicadores no consideran la posibilidad de que el incremento en los impuestos afecte en forma negativa el crecimiento, lo que a su vez deprimiría la situación fiscal (ver citas empleadas AQUÍ).

Por todas las razones expuestas, el Gobierno no merece ningún respaldo legislativo para hacer la reforma light que ahora pretende. El único efecto posible es el agravamiento de la situación fiscal y económica y la tendencia a aumentar el gasto, sin ningún criterio de calidad, especialmente en inversión pública.